Mulino y el uso de la fuerza
La cuestionable declaración del ministro de Gobierno y Justicia, José Raul Mulino, de ordenar a los policías panameños disparar contra un reo que intente una fuga, se ha convertido en el clímax político de las equivocaciones al que pueda llegar un alto funcionario. A partir de ahí, se hace necesario preguntarse qué más podría “ordenar” después. Las posibles respuestas son de alarma y preocupación. Especialmente, cuando los responsables de hacer valer las leyes por encima de cualquier hecho que violente la sociedad no dan muestras efectivas de entender que la prudencia -en materia pública- es un efectivo antídoto a las equivocaciones.
Para algunos, el ministro estaría cumpliendo con los objetivos de seguridad definidos por el presidente Martinelli. No obstante, aunque el objetivo es claro, el medio no. Muchos otros han censurado las declaraciones de Mulino, pues abre un peligroso e injustificado camino a la violencia del Estado. Un riesgo que todos sabemos cómo y por dónde comienza, pero con difíciles predicciones finales.
Por otro lado, si bien el problema es un tema central de la política del actual gobierno, en lo que se equivoca el funcionario responsable de los temas de seguridad es en ignorar los principios que marcan la diferencia de vivir en sociedad regidos bajo el estricto cumplimiento con los valores morales, irrestricto respeto a la vida y a los derechos humanos, y los consagrados objetivos democráticos: respeto absoluto a las leyes y la Constitución. Cualquier otra acción que se aparte levemente de estos grandes principios sociales, nos conduciría peligrosamente a un terreno incierto y de justificada alarma.
