¿Nacionalización o desnacionalización?
EL GOBIERNO democráticamente electo de Evo Morales cumplió lo que ofreció en su plan de gobierno al legítimamente nacionalizar (no expropiar) los hidrocarburos bolivianos.
Además esa política fue previamente aprobada en un referéndum en el 2004, y el año siguiente el Congreso boliviano aprobó una ley en esa dirección. El pueblo boliviano ha respaldado decididamente la acción de su presidente, incluyendo a muchos opositores políticos del actual gobierno de ese país.
La medida de nacionalizar no afecta a los intereses de Estados Unidos, sino que las empresas tocadas por la decisión soberana de Bolivia pertenecen o son originarias de países amigos del gobierno boliviano, como es el caso Brasil y España, y también Argentina que es compradora del gas.
Pese a esto Evo Morales recibió el respaldo en una reciente cumbre de los gobernantes argentino, brasileño y venezolano, que aceptaron que los precios del gas se eleven en el futuro y que seguirán adquiriendo el combustible. Tanto Brasil, Chile y Argentina necesitan el gas boliviano para generar energía fundamental para su desarrollo. Todavía existe la amenaza de juicios internacionales contra la decisión del Evo, pero queda por ver lo que sucederá en los meses que Bolivia ha dado de plazo de transición a las petroleras. Bolivia vende 25 millones de metros cúbicos diarios de gas a Brasil y cinco millones a Argentina, con un ingreso de $ 400 millones al año, con los ingresos de la nacionalización esta cantidad casi se duplicará abarcando el 70% del PIB boliviano, uno de los países más pobres del continente.
Ahora bien, como sabemos, la lucha generacional del pueblo panameño generó las condiciones para nacionalizar el Canal a través de una negociación bilateral con los EEUU.
Finalmente se canceló la perpetuidad y la totalidad de los bienes canaleros pasaron a la soberanía total de Panamá. A partir de ese momento hemos administrado eficientemente la vía interoceánica, que nos aporta casi 500 millones al año, el principal ingreso económico del país.
El Canal es un bien público del Estado panameño y no es un espacio privatizado. Panamá, un país del tercer mundo que maneja soberanamente una obra del primer mundo, y que tiene además el deber constitucional de mantener el carácter público de la entidad canalera.
En la Propuesta de ampliación del Canal, presentada por el gobierno nacional, se menciona que se utilizarán fuentes distintas de financiamiento.
Pues, "En razón de la naturaleza del proyecto, la ACP utilizará mercados financieros diferentes a los que utiliza el Estado para financiar sus programas de inversiones. La ACP podrá conseguir financiamiento en términos muy competitivos, ya que la fuente de ingresos del Canal es externa, y la capacidad de financiamiento y sus términos están dictados por la calidad de los usuarios del Canal, los niveles de utilización de la ruta, el hecho de que los servicios del Canal se cobran por adelantado o se atienden mediante garantías bancarias de primer orden con un ciclo de cobro de 48 horas y que es un negocio en marcha con mercado comprobado. Esta condición permite costos y términos financieros más favorables que los contratos de deuda del Estado. Por esta razón, la Autoridad del Canal de Panamá se propone potenciar la separación financiera mediante la obtención de una calificación de riesgo superior a la del Estado. Por la magnitud de las obras del tercer juego de esclusas es prudente que la ACP cuente con recursos externos de financiamiento, a fin de ejecutar la obra oportunamente dentro del calendario propuesto. El financiamiento del tercer juego de esclusas será el resultado de combinar un aumento razonable de peajes, implementado inmediatamente a partir del momento en que se autorice la ejecución del proyecto, con fuentes de financiamiento externo para hacer frente a las necesidades máximas de fondos durante el periodo de construcción.
Al leer esto las preguntas son ¿Cuál es la hoja de ruta del financiamiento de la ampliación del Canal? ¿Cuáles serán las entidades financieras internacionales y nacionales que participarán? ¿El megafinanciamiento para esta megaobra, acaso no puede conducir al control privado del Canal, de la misma manera que una persona hipoteca su casa que pasa a ser controlada por el banco que la financió?
Así, mientras que Evo Morales nacionaliza el principal recursos natural de su país, quebrando con esto la lógica del pensamiento único neoliberal que señalaba como único camino para nuestros países, la entrega de todos los recursos y bienes nacionales a la voracidad del mercado y de la privatización indiscriminada ¿no estará el gobierno panameño sentando las bases de la desnacionalización de un Canal que tantas luchas y vidas costó? ¿Cómo la ciudadanía podrá monitorear y auditar cívicamente el delicado camino del financiamiento de la ampliación? ¿Cuáles serán los mecanismos? ¿Cómo se expresará la transparencia? ¿No imperará el mismo secretismo que antecedió la presentación de la propuesta de la ACP?
(raulleisr@hotmail.com)
Además esa política fue previamente aprobada en un referéndum en el 2004, y el año siguiente el Congreso boliviano aprobó una ley en esa dirección. El pueblo boliviano ha respaldado decididamente la acción de su presidente, incluyendo a muchos opositores políticos del actual gobierno de ese país.
La medida de nacionalizar no afecta a los intereses de Estados Unidos, sino que las empresas tocadas por la decisión soberana de Bolivia pertenecen o son originarias de países amigos del gobierno boliviano, como es el caso Brasil y España, y también Argentina que es compradora del gas.
Pese a esto Evo Morales recibió el respaldo en una reciente cumbre de los gobernantes argentino, brasileño y venezolano, que aceptaron que los precios del gas se eleven en el futuro y que seguirán adquiriendo el combustible. Tanto Brasil, Chile y Argentina necesitan el gas boliviano para generar energía fundamental para su desarrollo. Todavía existe la amenaza de juicios internacionales contra la decisión del Evo, pero queda por ver lo que sucederá en los meses que Bolivia ha dado de plazo de transición a las petroleras. Bolivia vende 25 millones de metros cúbicos diarios de gas a Brasil y cinco millones a Argentina, con un ingreso de $ 400 millones al año, con los ingresos de la nacionalización esta cantidad casi se duplicará abarcando el 70% del PIB boliviano, uno de los países más pobres del continente.
Ahora bien, como sabemos, la lucha generacional del pueblo panameño generó las condiciones para nacionalizar el Canal a través de una negociación bilateral con los EEUU.
Finalmente se canceló la perpetuidad y la totalidad de los bienes canaleros pasaron a la soberanía total de Panamá. A partir de ese momento hemos administrado eficientemente la vía interoceánica, que nos aporta casi 500 millones al año, el principal ingreso económico del país.
El Canal es un bien público del Estado panameño y no es un espacio privatizado. Panamá, un país del tercer mundo que maneja soberanamente una obra del primer mundo, y que tiene además el deber constitucional de mantener el carácter público de la entidad canalera.
En la Propuesta de ampliación del Canal, presentada por el gobierno nacional, se menciona que se utilizarán fuentes distintas de financiamiento.
Pues, "En razón de la naturaleza del proyecto, la ACP utilizará mercados financieros diferentes a los que utiliza el Estado para financiar sus programas de inversiones. La ACP podrá conseguir financiamiento en términos muy competitivos, ya que la fuente de ingresos del Canal es externa, y la capacidad de financiamiento y sus términos están dictados por la calidad de los usuarios del Canal, los niveles de utilización de la ruta, el hecho de que los servicios del Canal se cobran por adelantado o se atienden mediante garantías bancarias de primer orden con un ciclo de cobro de 48 horas y que es un negocio en marcha con mercado comprobado. Esta condición permite costos y términos financieros más favorables que los contratos de deuda del Estado. Por esta razón, la Autoridad del Canal de Panamá se propone potenciar la separación financiera mediante la obtención de una calificación de riesgo superior a la del Estado. Por la magnitud de las obras del tercer juego de esclusas es prudente que la ACP cuente con recursos externos de financiamiento, a fin de ejecutar la obra oportunamente dentro del calendario propuesto. El financiamiento del tercer juego de esclusas será el resultado de combinar un aumento razonable de peajes, implementado inmediatamente a partir del momento en que se autorice la ejecución del proyecto, con fuentes de financiamiento externo para hacer frente a las necesidades máximas de fondos durante el periodo de construcción.
Al leer esto las preguntas son ¿Cuál es la hoja de ruta del financiamiento de la ampliación del Canal? ¿Cuáles serán las entidades financieras internacionales y nacionales que participarán? ¿El megafinanciamiento para esta megaobra, acaso no puede conducir al control privado del Canal, de la misma manera que una persona hipoteca su casa que pasa a ser controlada por el banco que la financió?
Así, mientras que Evo Morales nacionaliza el principal recursos natural de su país, quebrando con esto la lógica del pensamiento único neoliberal que señalaba como único camino para nuestros países, la entrega de todos los recursos y bienes nacionales a la voracidad del mercado y de la privatización indiscriminada ¿no estará el gobierno panameño sentando las bases de la desnacionalización de un Canal que tantas luchas y vidas costó? ¿Cómo la ciudadanía podrá monitorear y auditar cívicamente el delicado camino del financiamiento de la ampliación? ¿Cuáles serán los mecanismos? ¿Cómo se expresará la transparencia? ¿No imperará el mismo secretismo que antecedió la presentación de la propuesta de la ACP?
(raulleisr@hotmail.com)
