Nadamos o nos hundimos juntos
La organización internacional Oxfam acaba de lanzar una campaña mundial con el nombre de "Comercio con Justicia". Por importancia que este tema reviste para nuestro país, exponemos algunas de las ideas del informe elaborado por la entidad: El aumento de la prosperidad en las naciones industrializadas ha ido de la mano de un predominio de las masas de pobreza en otras zonas: las desigualdades entre países ricos y pobres, ya inmorales antes de que comenzara en serio la liberalización, se están profundizando aún más. El comercio mundial ofrece el potencial de actuar como una poderosa fuerza para reducir la pobreza, así como para conseguir un crecimiento económico, pero ese potencial se está perdiendo. El problema no estriba en que el comercio internacional se oponga inherentemente a las necesidades e intereses de los pobres, sino que las normas que lo rige están elaboradas a favor de los ricos. El coste humano de un comercio injusto es inmenso. Si África, el este y el sur de Asia y América Latina vieran incrementadas en un 1%, respectivamente, su participación en las exportaciones mundiales, el aumento resultante de sus ingresos podría liberar a 128 millones de personas de la pobreza. Esa reducción contribuiría a mejorar otras áreas como la salud infantil y la educación.
En su retórica, los gobiernos de los países ricos insisten constantemente en su compromiso con la reducción de la pobreza. Pese a ello, esos mismos gobiernos utilizan sus políticas comerciales para llevar a cabo lo que viene a ser un robo: saquear a los pobres para dárselo a los ricos. Cuando los países en desarrollo exportan a los mercados de los ricos, se enfrentan a barreras arancelarias cuatro veces superiores a las que encuentran los países ricos. Esas barreras cuestan a los países en desarrollo 100,000 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda.
Cuando los países ricos dejan a los países pobres fuera de sus mercados, les cierran la puerta a una salida para escapar de la pobreza. Mientras que los países ricos mantienen sus mercados cerrados, el FMI y el Banco Mundial han presionado a los países pobres para que abran los suyos de golpe, a menudo con consecuencias perjudiciales para las comunidades pobres.
La comunidad internacional no ha abordado seriamente el problema de los precios bajos e inestables de las materias primas, que arrastran a millones de personas a la pobreza. Mientras tanto, se ha dejado libertad a las poderosas empresas transnacionales (ETN) para realizar inversiones y utilizar prácticas laborales que contribuyen a generar pobreza e inseguridad, sin más trabas que unas débiles directrices voluntarias.
Otra parte del problema es la OMC. Sus normas sobre propiedad intelectual, inversiones y servicios protegen los grandes intereses, al tiempo que imponen enormes costes a los países en desarrollo. ¿Pero, qué hacer? Mejorar el acceso a los mercados de los países pobres, y acabar el ciclo de los subsidios a los excedentes agrarios y el dumping en la exportación por parte de los países ricos.
Poner fin al uso de condiciones en los programas del FMI y el Banco Mundial para forzar a los países pobres a abrir sus mercados. Crear una nueva institución internacional encargada de estabilizar los precios de las materias primas en niveles compatibles con unas condiciones de vida razonables para los productores, y cambiar las prácticas empresariales, de manera que las compañías paguen precios justos.
Establecer nuevas normas sobre propiedad intelectual que garanticen que los países pobres puedan acceder a las nuevas tecnologías y a medicamentos esenciales; y que los agricultores puedan conservar, intercambiar y vender semillas. Prohibir las normas que obligan a los gobiernos a liberalizar o privatizar servicios básicos vitales para la reducción de la pobreza.
Mejorar la calidad de las inversiones y de las condiciones laborales del sector privado. Democratizar la OMC para que los países pobres puedan hacer oír su voz. Cambiar las políticas agrarias, educativas, sanitarias y de buen gobierno en los países en desarrollo, para que los pobres aprovechen las ventajas del comercio y los mercados. La prosperidad no se puede construir sobre esas bases. Al igual que las fuerzas económicas que dirigen la globalización, la ira, la desesperación y las tensiones sociales que acompañan a las enormes desigualdades en riqueza y oportunidades tampoco respetarán las fronteras nacionales.
La inestabilidad que generarán es una amenaza para todos. En el mundo globalizado de hoy en día, nuestras vidas están más inextricablemente ligadas de lo que lo han estado nunca. Como comunidad global, nadamos o nos hundimos juntos.
(raulleisr@hotmail.com)
En su retórica, los gobiernos de los países ricos insisten constantemente en su compromiso con la reducción de la pobreza. Pese a ello, esos mismos gobiernos utilizan sus políticas comerciales para llevar a cabo lo que viene a ser un robo: saquear a los pobres para dárselo a los ricos. Cuando los países en desarrollo exportan a los mercados de los ricos, se enfrentan a barreras arancelarias cuatro veces superiores a las que encuentran los países ricos. Esas barreras cuestan a los países en desarrollo 100,000 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda.
Cuando los países ricos dejan a los países pobres fuera de sus mercados, les cierran la puerta a una salida para escapar de la pobreza. Mientras que los países ricos mantienen sus mercados cerrados, el FMI y el Banco Mundial han presionado a los países pobres para que abran los suyos de golpe, a menudo con consecuencias perjudiciales para las comunidades pobres.
La comunidad internacional no ha abordado seriamente el problema de los precios bajos e inestables de las materias primas, que arrastran a millones de personas a la pobreza. Mientras tanto, se ha dejado libertad a las poderosas empresas transnacionales (ETN) para realizar inversiones y utilizar prácticas laborales que contribuyen a generar pobreza e inseguridad, sin más trabas que unas débiles directrices voluntarias.
Otra parte del problema es la OMC. Sus normas sobre propiedad intelectual, inversiones y servicios protegen los grandes intereses, al tiempo que imponen enormes costes a los países en desarrollo. ¿Pero, qué hacer? Mejorar el acceso a los mercados de los países pobres, y acabar el ciclo de los subsidios a los excedentes agrarios y el dumping en la exportación por parte de los países ricos.
Poner fin al uso de condiciones en los programas del FMI y el Banco Mundial para forzar a los países pobres a abrir sus mercados. Crear una nueva institución internacional encargada de estabilizar los precios de las materias primas en niveles compatibles con unas condiciones de vida razonables para los productores, y cambiar las prácticas empresariales, de manera que las compañías paguen precios justos.
Establecer nuevas normas sobre propiedad intelectual que garanticen que los países pobres puedan acceder a las nuevas tecnologías y a medicamentos esenciales; y que los agricultores puedan conservar, intercambiar y vender semillas. Prohibir las normas que obligan a los gobiernos a liberalizar o privatizar servicios básicos vitales para la reducción de la pobreza.
Mejorar la calidad de las inversiones y de las condiciones laborales del sector privado. Democratizar la OMC para que los países pobres puedan hacer oír su voz. Cambiar las políticas agrarias, educativas, sanitarias y de buen gobierno en los países en desarrollo, para que los pobres aprovechen las ventajas del comercio y los mercados. La prosperidad no se puede construir sobre esas bases. Al igual que las fuerzas económicas que dirigen la globalización, la ira, la desesperación y las tensiones sociales que acompañan a las enormes desigualdades en riqueza y oportunidades tampoco respetarán las fronteras nacionales.
La inestabilidad que generarán es una amenaza para todos. En el mundo globalizado de hoy en día, nuestras vidas están más inextricablemente ligadas de lo que lo han estado nunca. Como comunidad global, nadamos o nos hundimos juntos.
(raulleisr@hotmail.com)
