Nazaret en Darién
El ataque de irregulares colombianos contra la población panameña de Nazaret en Darién ha despertado al país, incluso al Gobierno, en cuanto al peligro a la seguridad de nuestra población y de Panamá que resulta del violento conflicto civil en la hermana República de Colombia. Monseñor Emiliani lo venía advirtiendo desde hace por lo menos, dos o tres años. El presidente Pérez Balladares no le prestó atención y la presidenta Mireya Moscoso sólo le había prestado atención a medias. Ya no es posible desconocer el hecho y no hacer nada o hacer muy poco. En efecto, una niña panameña de doce años ha sido asesinada y han sido heridos nueve civiles y tres policías panameños.
¿Qué ha sucedido exactamente y quiénes lo han hecho? En realidad, no lo sabemos y ello revela la primera carencia del gobierno: un sistema de información rápido y confiable. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de nuestra población y de nuestro país sin inteligencia veraz y oportuna?
La hipótesis más probable es que fueron paramilitares, aunque no se puede descartar que hayan sido guerrillas. Y que atacaron, aparentemente, con un doble propósito: tomarse el pequeño puesto de policía y sembrar el pánico en la población. Por ello habrían atacado con fusiles automáticos, morteros y lanzagranadas, según las autoridades. En el pasado, los paramilitares han acusado a las autoridades panameñas de ser cómplices de la guerrilla. Aunque ello no sea verdad, en la mente de ellos pareciera serlo. En las últimas semanas se han descubierto cantidades de armas que se contrabandeaban a través de nuestro territorio para la guerrilla. Es verosímil que el ataque constituyera, por lo tanto, una advertencia de parte de los paramilitares. En la medida en que la guerrilla use su cuantiosas recursos financieros para aumentar su armamento en anticipación al aumento de armas, de entrenamiento y de asesoría que recibirá el Ejército de Colombia gracias al Plan Colombia, los paramilitares tendrían suficiente pretexto para otros ataques.
¿Qué debe hacer Panamá en estas circunstancias? Debe tener claro que no debemos tomar medidas que representarían por ellas mismas una fracaso nacional, incluso si con ellas obviáramos eventuales ataques adicionales. Primero, si por reacción visceral de temor, restableciéramos una organización militar, estaríamos violando nuestra Constitución. Quienes proponen una unidad de elite, independiente de la Policía Nacional, dejando entrever que tienen en mente una organización militar, están recomendando semejante violación. En efecto, la Constitución en el artículo 305 establece que "la República de Panamá no tendrá ejército", que "para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hecho delictivos, la Ley organizará servicios de policía" y que "ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República".
Además, se estaría fomentando una ilusión. Los Estados Unidos con todo su poderío militar y financiero no han logrado cerrar su frontera con México. Colombia, con un Ejército de 146,000 unidades, que dispone de 40,000 para operaciones militares contra la subversión, que a su vez contaría con unas 20,000 unidades, no ha logrado vencer a las guerrillas desde el año 1947. Menos podremos nosotros evitar todo ataque con la organización militar que por hipótesis nos podríamos financiar. Sin embargo, al entretener la ilusión de que este modo podríamos garantizar nuestra seguridad, descuidaríamos el uso adecuado de nuestra Policía Nacional y de los servicios Aéreo y Marítimo nacionales y los medios políticos y diplomáticos a los que debemos recurrir. La propuesta de restablecer una organización militar representaría un fracaso de nuestra decisión de desmilitarizarnos por completo, con lo que ello representa de compromiso civilista ejemplar y de prioridad de inversión de nuestros fondos en desarrollo humano sostenible en todo el país y ahora especialmente en Darién.
Segundo, si por la misma reacción visceral de temor, volviéramos a introducir la presencia militar norteamericana en nuestro territorio, estaríamos retrocediendo en nuestra voluntad de establecer un nuevo modelo de relación con los EU que nos libere de quedar involucrados en la estrategia de seguridad de un país extranjero. La oferta en venta a los EU de la Isla San José del Archipiélago de Las Perlas, como sustituto de la Isla de Vieques, si no fuera un simple engaño, representaría una violación flagrante del artículo 285 de la Constitución. Por lo demás, sería una absurdo político, tanto nacional como internacional, que nosotros ofreciéramos nuestro territorio para prácticas incluso de bombardeo como se hacen en Vieques.
¿Qué debemos hacer entonces? En el documento intitulado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, el Gobierno y todos los partidos acordamos por consenso las siguientes medidas en relación con la seguridad de las áreas fronterizas:
8.11. trabajar por la seguridad de nuestras áreas fronterizas, que se sitúa en el cruce de la Protección Ciudadana Democrática y del Seguridad Panameña y que requiere:
8.11.1. integrar plenamente dichas áreas al resto del país, mediante las infraestructuras necesarias para la comunicación y el transporte permanentes y adecuados y mediante el despliegue de los servicios y oficinas públicas estatales
8.11.2. desarrollar un servicio especializado de guarda-fronteras como componente integral de la Policía Nacional, al mismo tiempo que se extiende la vigilancia del Servicio Aéreo Nacional y del Servicio Marítimo Nacional;
8.11.3. promover la organización de la población de dichas áreas para que brinden un máximo de cooperación a las autoridades en sus tareas de vigilancia."
Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia que ahora somos responsables por nuestra propia seguridad. Lo que ha sucedido no sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Los agentes de la Policía Nacional no huyeron, contestaron al fuego con fuego y los atacantes debieron retirarse posiblemente con heridos. El Gobierno y todos los panameños debemos hacernos el ánimo de que vamos a velar por nosotros mismos hasta donde sea posible. Y si esto nos cuesta, debemos estar dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios. Para comenzar, hay que proporcionarle a la Policía Nacional el liderazgo y los recursos que la situación exige.
Se ha dicho que el gobierno ha enviado 2000 unidades de la Policía Nacional a la frontera con Colombia. Esta cifra me parece una exageración publicitaria. Más bien creerían que son aproximadamente 1,000 unidades. Por otra parte, he oído que se han dado entre 8 y 10 cursos de guarda-fronteras, lo que significa que no todas las unidades en Darién tienen el entrenamiento adecuado. Los fondos adicionales que le han sido asignados a la Policía Nacional deben comenzar por utilizarse en entrenamiento especializado y en medios de comunicación y luego en el equipo que sea apropiado para el servicio que se requiere.
Si resulta correcta la hipótesis de que el ataque fue una advertencia, de que podría repetirse, y si vislumbráramos más adelante que no podríamos responder a los ataques, podríamos pensar en obtener de la OEA y preferiblemente de la ONU, observadores internacionales, cuya presencia pueda constituir un disuasivo. Incluso en una situación que se tornara más grave todavía, podríamos llegar a solicitar un destacamento de cascos azules. Por ahora esto no es necesario, pues nuestra Policía parece estar en condiciones de hacerle frente a los atacantes. Si recurrimos a una ayuda internacional antes de tiempo, no haremos lo que está a nuestro alcance. De todos modos el Ministerio de Relaciones Exteriores debe preparar los planes de contingencia para una gestión diplomática en este sentido, por si fuera necesaria.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional debiera establecer comunicación con todo grupo armado que pueda poner en peligro la seguridad de nuestra población y de nuestro país. No se trata de que intentemos de inmiscuirnos en la negociación del conflicto. Pero si el Gobierno de Colombia, que es la autoridad legítima en dicho país, no tiene la capacidad de hecho para garantizarnos el respeto a nuestra integridad territorial por parte de todos sus habitantes, nosotros tenemos el derecho de comunicarnos con las fuerzas irregulares que pueden intervenir en nuestro territorio y tratar de convencerlos de nuestra neutralidad. Podríamos intentar, como ha sugerido el legislador Rubén Arosemena Valdés, Presidente del PDC, que los fuerzas en conflicto acordaran considerar a Darién como zona de paz.
Es más, el gobierno debe coordinar, si es posible, su política exterior con respecto al conflicto civil en Colombia con los demás países limítrofes. Hasta recientemente era improbable hacerlo con el presidente Fujimori del Perú, quien no favorecía el camino de la negociación que con toda razón ha tomado el Presidente Pastrana, pero podría ser que tuviera ahora una posición menos belicosa. Los países limítrofes todos tienen un interés común en evitar el desplazamiento de población colombiana hacia nuestros territorios, las incursiones de fuerzas irregulares dentro de nuestras fronteras y el contrabando de armas a través de nuestros países. Tanto por estas razones, como por la hermandad con el pueblo colombiano, todos deseamos ardientemente el éxito de las negociaciones y una paz duradera en Colombia. Sobre la base de este interés compartido, debemos conjugar nuestros esfuerzos por ayudar a Colombia sin participar en su conflicto.
Nazaret, en Darién, fue el escenario del impacto más grave que el conflicto colombiano ha tenido hasta ahora en nuestro país. Pero debiera marcar también el inicio de un esfuerzo por elaborar y poner en práctica una política con respecto a dicho conflicto que sea el fruto de un consenso nacional explícito y efectivo.
Eusebio Morales decía en 1916, que para convertirnos en una Estado de verdad teníamos que atravesar "la prueba de la adversidad". Panamá y los panameños debemos atravesar esta "prueba de la adversidad" en el ejercicio de nuestra plena soberanía, por nuestra propia cuenta sí del todo posible. Y sin sacrificar el rasgo distintivo de nuestra democracia, su carácter desmilitarizado, ni sacrificar nuestra voluntad de establecer con los EU un nuevo modelo de relación, libre de la presencia militar norteamericana. Debemos así reafirmar nuestra identidad nacional y nuestra personalidad internacional, no sólo cuando es fácil hacerlo, sino ahora cuando es difícil realizarlo. (ariyan@sinfo.net)
¿Qué ha sucedido exactamente y quiénes lo han hecho? En realidad, no lo sabemos y ello revela la primera carencia del gobierno: un sistema de información rápido y confiable. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad de nuestra población y de nuestro país sin inteligencia veraz y oportuna?
La hipótesis más probable es que fueron paramilitares, aunque no se puede descartar que hayan sido guerrillas. Y que atacaron, aparentemente, con un doble propósito: tomarse el pequeño puesto de policía y sembrar el pánico en la población. Por ello habrían atacado con fusiles automáticos, morteros y lanzagranadas, según las autoridades. En el pasado, los paramilitares han acusado a las autoridades panameñas de ser cómplices de la guerrilla. Aunque ello no sea verdad, en la mente de ellos pareciera serlo. En las últimas semanas se han descubierto cantidades de armas que se contrabandeaban a través de nuestro territorio para la guerrilla. Es verosímil que el ataque constituyera, por lo tanto, una advertencia de parte de los paramilitares. En la medida en que la guerrilla use su cuantiosas recursos financieros para aumentar su armamento en anticipación al aumento de armas, de entrenamiento y de asesoría que recibirá el Ejército de Colombia gracias al Plan Colombia, los paramilitares tendrían suficiente pretexto para otros ataques.
¿Qué debe hacer Panamá en estas circunstancias? Debe tener claro que no debemos tomar medidas que representarían por ellas mismas una fracaso nacional, incluso si con ellas obviáramos eventuales ataques adicionales. Primero, si por reacción visceral de temor, restableciéramos una organización militar, estaríamos violando nuestra Constitución. Quienes proponen una unidad de elite, independiente de la Policía Nacional, dejando entrever que tienen en mente una organización militar, están recomendando semejante violación. En efecto, la Constitución en el artículo 305 establece que "la República de Panamá no tendrá ejército", que "para la conservación del orden público, la protección de la vida, honra y bienes de quienes se encuentren bajo jurisdicción del Estado y para la prevención de hecho delictivos, la Ley organizará servicios de policía" y que "ante amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República".
Además, se estaría fomentando una ilusión. Los Estados Unidos con todo su poderío militar y financiero no han logrado cerrar su frontera con México. Colombia, con un Ejército de 146,000 unidades, que dispone de 40,000 para operaciones militares contra la subversión, que a su vez contaría con unas 20,000 unidades, no ha logrado vencer a las guerrillas desde el año 1947. Menos podremos nosotros evitar todo ataque con la organización militar que por hipótesis nos podríamos financiar. Sin embargo, al entretener la ilusión de que este modo podríamos garantizar nuestra seguridad, descuidaríamos el uso adecuado de nuestra Policía Nacional y de los servicios Aéreo y Marítimo nacionales y los medios políticos y diplomáticos a los que debemos recurrir. La propuesta de restablecer una organización militar representaría un fracaso de nuestra decisión de desmilitarizarnos por completo, con lo que ello representa de compromiso civilista ejemplar y de prioridad de inversión de nuestros fondos en desarrollo humano sostenible en todo el país y ahora especialmente en Darién.
Segundo, si por la misma reacción visceral de temor, volviéramos a introducir la presencia militar norteamericana en nuestro territorio, estaríamos retrocediendo en nuestra voluntad de establecer un nuevo modelo de relación con los EU que nos libere de quedar involucrados en la estrategia de seguridad de un país extranjero. La oferta en venta a los EU de la Isla San José del Archipiélago de Las Perlas, como sustituto de la Isla de Vieques, si no fuera un simple engaño, representaría una violación flagrante del artículo 285 de la Constitución. Por lo demás, sería una absurdo político, tanto nacional como internacional, que nosotros ofreciéramos nuestro territorio para prácticas incluso de bombardeo como se hacen en Vieques.
¿Qué debemos hacer entonces? En el documento intitulado Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, el Gobierno y todos los partidos acordamos por consenso las siguientes medidas en relación con la seguridad de las áreas fronterizas:
8.11. trabajar por la seguridad de nuestras áreas fronterizas, que se sitúa en el cruce de la Protección Ciudadana Democrática y del Seguridad Panameña y que requiere:
8.11.1. integrar plenamente dichas áreas al resto del país, mediante las infraestructuras necesarias para la comunicación y el transporte permanentes y adecuados y mediante el despliegue de los servicios y oficinas públicas estatales
8.11.2. desarrollar un servicio especializado de guarda-fronteras como componente integral de la Policía Nacional, al mismo tiempo que se extiende la vigilancia del Servicio Aéreo Nacional y del Servicio Marítimo Nacional;
8.11.3. promover la organización de la población de dichas áreas para que brinden un máximo de cooperación a las autoridades en sus tareas de vigilancia."
Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia que ahora somos responsables por nuestra propia seguridad. Lo que ha sucedido no sobrepasa nuestra capacidad de respuesta. Los agentes de la Policía Nacional no huyeron, contestaron al fuego con fuego y los atacantes debieron retirarse posiblemente con heridos. El Gobierno y todos los panameños debemos hacernos el ánimo de que vamos a velar por nosotros mismos hasta donde sea posible. Y si esto nos cuesta, debemos estar dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios. Para comenzar, hay que proporcionarle a la Policía Nacional el liderazgo y los recursos que la situación exige.
Se ha dicho que el gobierno ha enviado 2000 unidades de la Policía Nacional a la frontera con Colombia. Esta cifra me parece una exageración publicitaria. Más bien creerían que son aproximadamente 1,000 unidades. Por otra parte, he oído que se han dado entre 8 y 10 cursos de guarda-fronteras, lo que significa que no todas las unidades en Darién tienen el entrenamiento adecuado. Los fondos adicionales que le han sido asignados a la Policía Nacional deben comenzar por utilizarse en entrenamiento especializado y en medios de comunicación y luego en el equipo que sea apropiado para el servicio que se requiere.
Si resulta correcta la hipótesis de que el ataque fue una advertencia, de que podría repetirse, y si vislumbráramos más adelante que no podríamos responder a los ataques, podríamos pensar en obtener de la OEA y preferiblemente de la ONU, observadores internacionales, cuya presencia pueda constituir un disuasivo. Incluso en una situación que se tornara más grave todavía, podríamos llegar a solicitar un destacamento de cascos azules. Por ahora esto no es necesario, pues nuestra Policía parece estar en condiciones de hacerle frente a los atacantes. Si recurrimos a una ayuda internacional antes de tiempo, no haremos lo que está a nuestro alcance. De todos modos el Ministerio de Relaciones Exteriores debe preparar los planes de contingencia para una gestión diplomática en este sentido, por si fuera necesaria.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional debiera establecer comunicación con todo grupo armado que pueda poner en peligro la seguridad de nuestra población y de nuestro país. No se trata de que intentemos de inmiscuirnos en la negociación del conflicto. Pero si el Gobierno de Colombia, que es la autoridad legítima en dicho país, no tiene la capacidad de hecho para garantizarnos el respeto a nuestra integridad territorial por parte de todos sus habitantes, nosotros tenemos el derecho de comunicarnos con las fuerzas irregulares que pueden intervenir en nuestro territorio y tratar de convencerlos de nuestra neutralidad. Podríamos intentar, como ha sugerido el legislador Rubén Arosemena Valdés, Presidente del PDC, que los fuerzas en conflicto acordaran considerar a Darién como zona de paz.
Es más, el gobierno debe coordinar, si es posible, su política exterior con respecto al conflicto civil en Colombia con los demás países limítrofes. Hasta recientemente era improbable hacerlo con el presidente Fujimori del Perú, quien no favorecía el camino de la negociación que con toda razón ha tomado el Presidente Pastrana, pero podría ser que tuviera ahora una posición menos belicosa. Los países limítrofes todos tienen un interés común en evitar el desplazamiento de población colombiana hacia nuestros territorios, las incursiones de fuerzas irregulares dentro de nuestras fronteras y el contrabando de armas a través de nuestros países. Tanto por estas razones, como por la hermandad con el pueblo colombiano, todos deseamos ardientemente el éxito de las negociaciones y una paz duradera en Colombia. Sobre la base de este interés compartido, debemos conjugar nuestros esfuerzos por ayudar a Colombia sin participar en su conflicto.
Nazaret, en Darién, fue el escenario del impacto más grave que el conflicto colombiano ha tenido hasta ahora en nuestro país. Pero debiera marcar también el inicio de un esfuerzo por elaborar y poner en práctica una política con respecto a dicho conflicto que sea el fruto de un consenso nacional explícito y efectivo.
Eusebio Morales decía en 1916, que para convertirnos en una Estado de verdad teníamos que atravesar "la prueba de la adversidad". Panamá y los panameños debemos atravesar esta "prueba de la adversidad" en el ejercicio de nuestra plena soberanía, por nuestra propia cuenta sí del todo posible. Y sin sacrificar el rasgo distintivo de nuestra democracia, su carácter desmilitarizado, ni sacrificar nuestra voluntad de establecer con los EU un nuevo modelo de relación, libre de la presencia militar norteamericana. Debemos así reafirmar nuestra identidad nacional y nuestra personalidad internacional, no sólo cuando es fácil hacerlo, sino ahora cuando es difícil realizarlo. (ariyan@sinfo.net)
