Necesidad de una corte penal internacional
La presencia en Panamá de los gobernantes latinoamericanos, me motiva dar a conocer el llamamiento a los gobiernos del mundo por el pronto establecimiento de una corte penal internacional independiente, justa y efectiva. Hacemos un llamado a aquellos estados que aún no lo han hecho -muy especialmente a Panamá- a ratificar sin dilaciones el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que establece la Corte Penal Internacional.
El llamamiento que recoge el sentir de lo más avanzado del pensamiento democrático mundial, dice así: " Durante el siglo que termina, el más violento de la historia, la humanidad ha sido víctima de horrendas violaciones a sus derechos más fundamentales. "Nunca más", ha sido un clamor que se ha repetido demasiadas veces, luego de cientos de guerras y conflictos que han sacudido todos los continentes"
Las atrocidades cometidas durante estos conflictos han convencido a la comunidad internacional a establecer diversos instrumentos de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cuyo éxito se ha visto limitado en gran parte por la ausencia de organismos capaces de sancionar a los violadores de tales derechos.
Las experiencias de los tribunales de Nuremberg y Tokio, y de los tribunales para la Ex Yugoslavia y Ruanda, más recientemente, pese a sus limitaciones y a las dificultades enfrentadas, confirman que la justicia penal internacional puede cumplir un papel positivo en la construcción de la paz y la afirmación del Estado de Derecho. Han tenido que transcurrir más de 50 años desde Nuremberg para tener un tratado que establece una corte penal internacional permanente. La adopción del Estatuto de Roma es por ello, histórica. Esto es reconocido por los 112 estados de todo el mundo que hasta la fecha lo han firmado y 19 que lo han ratificado.
La historia nos demuestra que el deber de tutelar los Derechos Humanos trasciende los confines geográficos y políticos dentro de los cuales son infringidos. Cuando los sistemas nacionales de protección se muestran incapaces o sin la voluntad de cumplir su deber, la acción de instrumentos universales de justicia es necesaria. Al contribuir a erradicar la impunidad, la Corte Penal Internacional devolverá la fe a las poblaciones victimizadas en la justicia y en las soluciones pacíficas de los conflictos, permitirá auténticos procesos de reconciliación y disuadirá a los criminales de cometer nuevos atropellos.
La Corte, al ser complementaria a los sistemas nacionales, dará a los estados la primera oportunidad de cumplir con el deber fundamental de hacer justicia. Esto tendrá como efecto que los mismos -actuando en su mejor interés- modernicen sus sistemas penales, tipifiquen crímenes internacionales y fortalezcan la independencia del poder judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial.
Sin embargo, aún queda un difícil camino a recorrer para establecer la Corte Penal Internacional. Gobiernos poderosos han expresado importantes reservas y buscan debilitar su jurisdicción en un esfuerzo mal dirigido que podría afectar los intereses de toda la humanidad, incluso de tales gobiernos. Es necesario garantizar la pronta entrada en vigor del Estatuto para impedir que un súbito cambio en las condiciones mundiales cierre la histórica oportunidad con que contamos.
Por lo expuesto, las organizaciones e individuos que suscribimos este llamamiento instamos a los gobiernos del mundo a: 1. Proceder sin dilaciones a la firma y ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 2. Adecuar las legislaciones nacionales para asegurar que los crímenes de la jurisdicción de la Corte sean tipificados también en el derecho interno y para lograr la mejor cooperación entre los países y la Corte. 3. Difundir en la sociedad civil, particularmente entre los operadores del derecho y los defensores de los Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, contribuyendo a su comprensión y la aplicación de sus principios. 4. Defender la integridad del Estatuto de Roma en las actuales negociaciones diplomáticas que se efectúan en el marco de la comisión preparatoria encargada de aprobar inter alia las reglas de procedimiento y prueba, los elementos de los crímenes, el acuerdo de relación de la Corte Penal Internacional y la ONU, etc. En particular, exhortamos a los países a no aceptar ninguna propuesta que equivalga a la concesión de exenciones particulares a ningún país. 5. No utilizar la posibilidad bajo el Artículo 98, de establecer tratados bilaterales o multilaterales que afecten la posibilidad de entregar acusados a la Corte, así como rechazar la opción que ofrece el Artículo 124 que protegería a sus nacionales de ser juzgados por crímenes de guerra durante un período de siete años. 6. A los países que ya han ratificado, prestar apoyo jurídico y cooperación técnica a los gobiernos que aún no lo han hecho. Con una corte penal internacional gana la justicia y ganamos todos. ¡Ratificar la Corte Penal Internacional ahora!"
Invito a los lectores para que difundan por los medios a su alcance este llamado y para que multipliquemos nuestras acciones para que el Estado Panameño, a través de la Asamblea Legislativa, ratifique cuanto antes el Estatuto de Roma y rechacemos la actitud de la Corte Suprema, del Ministerio Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en contra de tan importante instrumento internacional.
El llamamiento que recoge el sentir de lo más avanzado del pensamiento democrático mundial, dice así: " Durante el siglo que termina, el más violento de la historia, la humanidad ha sido víctima de horrendas violaciones a sus derechos más fundamentales. "Nunca más", ha sido un clamor que se ha repetido demasiadas veces, luego de cientos de guerras y conflictos que han sacudido todos los continentes"
Las atrocidades cometidas durante estos conflictos han convencido a la comunidad internacional a establecer diversos instrumentos de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, cuyo éxito se ha visto limitado en gran parte por la ausencia de organismos capaces de sancionar a los violadores de tales derechos.
Las experiencias de los tribunales de Nuremberg y Tokio, y de los tribunales para la Ex Yugoslavia y Ruanda, más recientemente, pese a sus limitaciones y a las dificultades enfrentadas, confirman que la justicia penal internacional puede cumplir un papel positivo en la construcción de la paz y la afirmación del Estado de Derecho. Han tenido que transcurrir más de 50 años desde Nuremberg para tener un tratado que establece una corte penal internacional permanente. La adopción del Estatuto de Roma es por ello, histórica. Esto es reconocido por los 112 estados de todo el mundo que hasta la fecha lo han firmado y 19 que lo han ratificado.
La historia nos demuestra que el deber de tutelar los Derechos Humanos trasciende los confines geográficos y políticos dentro de los cuales son infringidos. Cuando los sistemas nacionales de protección se muestran incapaces o sin la voluntad de cumplir su deber, la acción de instrumentos universales de justicia es necesaria. Al contribuir a erradicar la impunidad, la Corte Penal Internacional devolverá la fe a las poblaciones victimizadas en la justicia y en las soluciones pacíficas de los conflictos, permitirá auténticos procesos de reconciliación y disuadirá a los criminales de cometer nuevos atropellos.
La Corte, al ser complementaria a los sistemas nacionales, dará a los estados la primera oportunidad de cumplir con el deber fundamental de hacer justicia. Esto tendrá como efecto que los mismos -actuando en su mejor interés- modernicen sus sistemas penales, tipifiquen crímenes internacionales y fortalezcan la independencia del poder judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial.
Sin embargo, aún queda un difícil camino a recorrer para establecer la Corte Penal Internacional. Gobiernos poderosos han expresado importantes reservas y buscan debilitar su jurisdicción en un esfuerzo mal dirigido que podría afectar los intereses de toda la humanidad, incluso de tales gobiernos. Es necesario garantizar la pronta entrada en vigor del Estatuto para impedir que un súbito cambio en las condiciones mundiales cierre la histórica oportunidad con que contamos.
Por lo expuesto, las organizaciones e individuos que suscribimos este llamamiento instamos a los gobiernos del mundo a: 1. Proceder sin dilaciones a la firma y ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 2. Adecuar las legislaciones nacionales para asegurar que los crímenes de la jurisdicción de la Corte sean tipificados también en el derecho interno y para lograr la mejor cooperación entre los países y la Corte. 3. Difundir en la sociedad civil, particularmente entre los operadores del derecho y los defensores de los Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, contribuyendo a su comprensión y la aplicación de sus principios. 4. Defender la integridad del Estatuto de Roma en las actuales negociaciones diplomáticas que se efectúan en el marco de la comisión preparatoria encargada de aprobar inter alia las reglas de procedimiento y prueba, los elementos de los crímenes, el acuerdo de relación de la Corte Penal Internacional y la ONU, etc. En particular, exhortamos a los países a no aceptar ninguna propuesta que equivalga a la concesión de exenciones particulares a ningún país. 5. No utilizar la posibilidad bajo el Artículo 98, de establecer tratados bilaterales o multilaterales que afecten la posibilidad de entregar acusados a la Corte, así como rechazar la opción que ofrece el Artículo 124 que protegería a sus nacionales de ser juzgados por crímenes de guerra durante un período de siete años. 6. A los países que ya han ratificado, prestar apoyo jurídico y cooperación técnica a los gobiernos que aún no lo han hecho. Con una corte penal internacional gana la justicia y ganamos todos. ¡Ratificar la Corte Penal Internacional ahora!"
Invito a los lectores para que difundan por los medios a su alcance este llamado y para que multipliquemos nuestras acciones para que el Estado Panameño, a través de la Asamblea Legislativa, ratifique cuanto antes el Estatuto de Roma y rechacemos la actitud de la Corte Suprema, del Ministerio Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores, en contra de tan importante instrumento internacional.
