¿Necesidad de una sala constitucional?
En los últimos días se ha escuchado sobre la posibilidad de crear una nueva Sala en la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que las garantías fundamentales y la protección de los derechos humanos, que son reclamados por medio de las acciones de hábeas corpus, hábeas data y los amparo de garantías constitucionales, sean conocidos por tres nuevos magistrados, lo que daría como resultado el aumento de nueve a doce magistrados en la Corte, tal como aconteció en 1999 con la desaparecida Sala Quinta de Instituciones de Garantía, cuya existencia fue de dos meses y días, y cuya propuesta ya ha tenido oposición por parte de algunos sectores del país.
En este sentido, considero que las críticas recibidas a dicha iniciativa son muy prematuras, sobre todo, cuando no se tiene un documento que contenga oficialmente una propuesta de esta naturaleza, cuyo objetivo es mejorar el sistema de justicia constitucional, tal como pretendió la desaparecida Sala Quinta al buscar una celeridad -a nivel de la Corte- de los procesos de garantías constitucionales, y ser más efectivo en el reconocimiento de los mismos, cuando se conocía siempre el fondo de las acciones de amparo de garantías constitucionales, sin importar la rigurosidad en la exigencia de requisitos de forma y donde las estadísticas demostraron la efectividad y eficacia de su creación.
No obstante lo anterior, la necesidad de que Panamá tenga un sistema de administración de justicia constitucional que sea verdaderamente eficaz y eficiente, no depende solamente de la instancia de la Corte por medio de una Sala Constitucional, sino de los tribunales inferiores que conocen también los procesos mencionados. De ahí que, además, se escuche la iniciativa en esa dirección, donde se harían cambios integrales para que el postulado de una administración de justicia expedita sea una realidad y no una utopía.
Esperemos que cuando se presente oficialmente la propuesta de mejora del sistema de administración de justicia constitucional, específicamente para la protección de las garantías fundamentales y los derechos humanos, la misma sea recibida por la ciudadanía con mucha seriedad, a fin de tener un debate de altura que recoja las mejores recomendaciones para mejorar nuestro sistema de justicia, el cual ha sido cuestionado por su poca celeridad y efectividad.
