Necesitamos más "Chitos"
Mientras el país pasa por una de las crisis económicas y sociales más graves que registra la historia, la clase política panameña se encuentra enfrascada en una estéril polémica referente a los teléfonos pinchados. El que le preocupa que su conversación telefónica le sea escuchada es porque mucho tiene que ocultar. Aunque los pueblos han afirmado su derecho a sacar del poder al gobierno de turno cada tantos años, no han logrado la capacidad de controlar la conducta de los políticos mientras están en el poder.
Existen obstáculos para que esta falta de rendición de cuentas se dé. Antes de una elección, los candidatos prometen prestar ciertos servicios a cambio del voto. Pero después de la elección, el electorado encuentra no sólo que la promesa suele ser ignorada, sino que no tiene forma de hacerlo cumplir hasta la próxima elección. "En el peor de los casos, esa sensación de impotencia genera un círculo vicioso: parte de la ciudadanía le da la espalda al sistema político que consideran fuera de control y entonces la ausencia de críticos, en la opinión pública, le brinda a los corruptos un mayor margen para cometer atropellos".
Los reiterados denuncios de corrupción formulados contra el Gobierno Nacional, provenientes de la Comisión Anticorrupción, nombrada por el propio Ejecutivo, legisladores, ex asesores presidenciales, etc., han llevado a la ciudadanía a la apreciación generalizada de que la misma impera a diestra y siniestra en el gobierno.
El Gobierno Nacional, en vez de aplicar medidas efectivas y concretas contra ella, en vez de atacar el problema desde sus raíces, como es la aplicación de la Ley 6 del 22 de enero de 2002 de Transparencia, tal cual como fue aprobada, pretende la aplicación de medidas sedativas, como lo es el ataque personal contra el Secretario del Frente Nacional Contra la Corrupción, que estaba siendo objeto de un oficioso estricto escrutinio, aparentemente, sin la autorización judicial pertinente, tal como prestan evidencia las fotos dadas a conocer por el Consejo de Seguridad.
222 Lo que deben hacer los funcionarios públicos, si no desean ser blanco de denuncias, es ser transparentes en sus actuaciones. Cuando logren hacerlo estamos seguros de que cesarán las imputaciones.
No hay que olvidar que al presente gobierno le molesta la "participación ciudadana", de allí las declaraciones muy poco felices de la Sra. Presidenta, cuando vapuleó, según noticia de La Estrella de Panamá, aparecida en su edición del lunes 18 de febrero de 2002, la actitud del Secretario del Frente Nacional contra la Corrupción y expuso que "hay que ponerle un alto a este señor ("Chito" Montenegro), por presentar denuncias contra personeros del Estado sin tener pruebas. Si él no tiene pruebas, no puede seguir poniendo en signos de interrogación a todos los panameños de que son corruptos".
Discrepamos totalmente con lo expresado por la Excelentísima Sra. Presidenta y más aún con su pretensión de acallar las voces que denuncian las constantes comisiones de actos corruptos dentro del Gobierno Nacional. Estas denuncias deben no sólo continuar sino estimularse y corresponderá al Ministerio Público determinar si las mismas se fundamentan en hechos concretos o no. Lo que deben hacer los funcionarios públicos, si no desean ser blanco de denuncias, es ser transparentes en sus actuaciones. Cuando logren hacerlo estamos seguros de que cesarán las imputaciones.
La participación ciudadana que pretende suprimir la Sra. Presidenta, es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el sistema democrático representativo. La participación ciudadana es concebida como "el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en la actividad de la Administración Pública, sin integrarse en las estructuras burocráticas. El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino político".
Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo consideran la participación ciudadana como elemento indispensable para el desarrollo económico y social.
El Banco Mundial define la participación ciudadana como el "proceso a través del cual los interesados influencian y controlan el poder sobre las iniciativas de desarrollo y sobre las decisiones y recursos que afectan sus vidas".
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, la define como el instrumento de movilización de la gente como actores y supervisores de su propio desarrollo. Es un fin y un medio de desarrollo, que puede contribuir a crear y mantener democracias estables y buenos gobiernos, así como el crecimiento económico, promoviendo la inserción social y mejorando la sostenibilidad de los proyectos".
"Los neoliberales han transformado al Estado en un ente indefenso. Es deber de todos los ciudadanos devolver al Estado el vigor normativo que ha perdido y se deben introducir componentes de justicia y solidaridad en la economía como una exigencia ética ineludible.
El Estado ineficiente, como lo han calificado los neoliberales, se ha convertido en un Estado irresponsable y corrupto. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos, etc. y corrupto en su servicio".
Instamos a "Chito" a que no baje la guardia y continúe con sus denuncios ante el Ministerio Público, que tanto molestan al actual gobierno. Ojalá otros más se contagien de su espíritu soberano y participativo de ciudadano.
(egrimal@cableonda.net)
Las acusaciones de corrupción que han sido presentadas en su contra no se quedarán impunes, advierte Mendoza, y agrega que está conversando con sus abogados para interponer una denuncia de calumnia e injuria contra José Aizprúa.
Por lo pronto está convencido de que Aizprúa está perturbado emocionalmente y pone como prueba de ello los fracasos que ha tenido en todas sus relaciones conyugales. José, por su parte, lo niega y lo sustenta con una prueba psicológica que ya le fue aplicada y donde se le calificó de persona estable.
En medio de estos dichos y desmentidos se intentó contactar a Alva Ríos, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos. Mientras tanto, corresponderá a las autoridades judiciales, de quien José Aizprúa demanda prontitud, dar trámites a cada una de las exposiciones presentadas y resolver finalmente quién tiene la razón, si es que alguien la tiene.
Existen obstáculos para que esta falta de rendición de cuentas se dé. Antes de una elección, los candidatos prometen prestar ciertos servicios a cambio del voto. Pero después de la elección, el electorado encuentra no sólo que la promesa suele ser ignorada, sino que no tiene forma de hacerlo cumplir hasta la próxima elección. "En el peor de los casos, esa sensación de impotencia genera un círculo vicioso: parte de la ciudadanía le da la espalda al sistema político que consideran fuera de control y entonces la ausencia de críticos, en la opinión pública, le brinda a los corruptos un mayor margen para cometer atropellos".
Los reiterados denuncios de corrupción formulados contra el Gobierno Nacional, provenientes de la Comisión Anticorrupción, nombrada por el propio Ejecutivo, legisladores, ex asesores presidenciales, etc., han llevado a la ciudadanía a la apreciación generalizada de que la misma impera a diestra y siniestra en el gobierno.
El Gobierno Nacional, en vez de aplicar medidas efectivas y concretas contra ella, en vez de atacar el problema desde sus raíces, como es la aplicación de la Ley 6 del 22 de enero de 2002 de Transparencia, tal cual como fue aprobada, pretende la aplicación de medidas sedativas, como lo es el ataque personal contra el Secretario del Frente Nacional Contra la Corrupción, que estaba siendo objeto de un oficioso estricto escrutinio, aparentemente, sin la autorización judicial pertinente, tal como prestan evidencia las fotos dadas a conocer por el Consejo de Seguridad.
222 Lo que deben hacer los funcionarios públicos, si no desean ser blanco de denuncias, es ser transparentes en sus actuaciones. Cuando logren hacerlo estamos seguros de que cesarán las imputaciones.
No hay que olvidar que al presente gobierno le molesta la "participación ciudadana", de allí las declaraciones muy poco felices de la Sra. Presidenta, cuando vapuleó, según noticia de La Estrella de Panamá, aparecida en su edición del lunes 18 de febrero de 2002, la actitud del Secretario del Frente Nacional contra la Corrupción y expuso que "hay que ponerle un alto a este señor ("Chito" Montenegro), por presentar denuncias contra personeros del Estado sin tener pruebas. Si él no tiene pruebas, no puede seguir poniendo en signos de interrogación a todos los panameños de que son corruptos".
Discrepamos totalmente con lo expresado por la Excelentísima Sra. Presidenta y más aún con su pretensión de acallar las voces que denuncian las constantes comisiones de actos corruptos dentro del Gobierno Nacional. Estas denuncias deben no sólo continuar sino estimularse y corresponderá al Ministerio Público determinar si las mismas se fundamentan en hechos concretos o no. Lo que deben hacer los funcionarios públicos, si no desean ser blanco de denuncias, es ser transparentes en sus actuaciones. Cuando logren hacerlo estamos seguros de que cesarán las imputaciones.
La participación ciudadana que pretende suprimir la Sra. Presidenta, es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el sistema democrático representativo. La participación ciudadana es concebida como "el conjunto de técnicas que permiten la intervención de los ciudadanos en la organización o en la actividad de la Administración Pública, sin integrarse en las estructuras burocráticas. El que participa no se convierte, por supuesto, en funcionario, ni tampoco en un colaborador benévolo o interesado. El que participa actúa como ciudadano, preocupado por el interés general, y no como interesado personal y directo; el contenido de su acción no es económico, sino político".
Organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo consideran la participación ciudadana como elemento indispensable para el desarrollo económico y social.
El Banco Mundial define la participación ciudadana como el "proceso a través del cual los interesados influencian y controlan el poder sobre las iniciativas de desarrollo y sobre las decisiones y recursos que afectan sus vidas".
El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, la define como el instrumento de movilización de la gente como actores y supervisores de su propio desarrollo. Es un fin y un medio de desarrollo, que puede contribuir a crear y mantener democracias estables y buenos gobiernos, así como el crecimiento económico, promoviendo la inserción social y mejorando la sostenibilidad de los proyectos".
"Los neoliberales han transformado al Estado en un ente indefenso. Es deber de todos los ciudadanos devolver al Estado el vigor normativo que ha perdido y se deben introducir componentes de justicia y solidaridad en la economía como una exigencia ética ineludible.
El Estado ineficiente, como lo han calificado los neoliberales, se ha convertido en un Estado irresponsable y corrupto. Irresponsable con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos, etc. y corrupto en su servicio".
Instamos a "Chito" a que no baje la guardia y continúe con sus denuncios ante el Ministerio Público, que tanto molestan al actual gobierno. Ojalá otros más se contagien de su espíritu soberano y participativo de ciudadano.
(egrimal@cableonda.net)
Las acusaciones de corrupción que han sido presentadas en su contra no se quedarán impunes, advierte Mendoza, y agrega que está conversando con sus abogados para interponer una denuncia de calumnia e injuria contra José Aizprúa.
Por lo pronto está convencido de que Aizprúa está perturbado emocionalmente y pone como prueba de ello los fracasos que ha tenido en todas sus relaciones conyugales. José, por su parte, lo niega y lo sustenta con una prueba psicológica que ya le fue aplicada y donde se le calificó de persona estable.
En medio de estos dichos y desmentidos se intentó contactar a Alva Ríos, sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos. Mientras tanto, corresponderá a las autoridades judiciales, de quien José Aizprúa demanda prontitud, dar trámites a cada una de las exposiciones presentadas y resolver finalmente quién tiene la razón, si es que alguien la tiene.
