¿Necesitamos una nueva Constitución?
La respuesta no requiere de mucho pensarla, y es que no. En varios artículos anteriores, escritos cuando la corriente para promover una asamblea constituyente mediante la inclusión de la denominada quinta papeleta ocupaba muchos espacios en los medios de comunicación, siempre he sostenido que las constituciones nuevas sólo se justifican cuando ocurre un cambio radical en la orientación ideológica de un Estado.
Todavía no he escuchado ni leído una sustentación a favor de cambios constitucionales que propugne porque nuestro país cambie su orientación ideológica y tampoco conozco un pliego de propuestas modificatorias que demuestra la necesidad de sustituir "integralmente" la Constitución vigente. Al examinar todas las sustentaciones conocidas sobre las reformas que se estiman necesarias, es cada vez mas claro que éstas podrían concretarse con la modificación de un número muy limitado de artículos de la actual Constitución.
El argumento que sustento la demanda de una asamblea constituyente siempre fue que la vía prevista en la propia Constitución no era posible porque los miembros de la Asamblea Legislativa no le darían paso a medidas como la reducción del número de legisladores o la eliminación de sus suplentes. Ese, a todas luces, es un argumento circunstancial. Y, además, se quedó sin asidero cuando del seno de la propia Asamblea surgió la iniciativa de promover la aprobación de un Acto Legislativo que recoja las propuestas de reformas consideradas como esenciales.
Para retomar el hilo de la que desde siempre ha sido mi posición sobre el tema de la reforma constitucional, recalco que para dar satisfacción a la demanda de cambios en el Estatuto Fundamental, que creo comparte la mayoría del país, sólo se requiere seguir los pasos siguientes: 1) Identificar y difundir, con la mayor amplitud posible, el pliego de las reformas que son verdaderamente esenciales; es decir, utilizar una aproximación minimalista y realista. 2) Hacer un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para apoyar su adopción. 3) Aprobarlas por la actual Asamblea Legislativa y por la que entrará a funcionar el 1 de septiembre de 2004.
El camino descrito no era viable durante el período electoral, pero ahora sí lo es. Los líderes de las principales fuerzas políticas y sociales de la nación no debieran tener dificultad en ponerse de acuerdo sobre las reformas que se consideran imprescindibles y tampoco debieran tener problema para obtener el respaldo de sus representantes en la actual y la próxima Asamblea. Los actuales legisladores tendrían la oportunidad de terminar su gestión haciéndole un importante servicio al país, que les elevaría en la estimación de la ciudadanía. Los entrantes podrían comenzar su nueva andadura con una carta de presentación positiva y libres de un fantasma que podría perseguirles durante toda su gestión.
Las experiencias vividas en otros países nos deben interesar para estudiarlas y ver si de ellas podemos derivar alguna enseñanza, pero los trasplantes han probado ser poco prácticos porque cada nación tiene sus propias realidades. Después de haber superado con notable éxito tres procesos electorales, hemos demostrado que en Panamá hay la madurez suficiente y que existen las condiciones para pasemos al siguiente paso: La reforma del Estatuto Constitucional, mediante un consenso nacional que la haga expedita y, a la vez, nos evite traumas innecesarios. Y ese es el camino que debemos seguir.
Todavía no he escuchado ni leído una sustentación a favor de cambios constitucionales que propugne porque nuestro país cambie su orientación ideológica y tampoco conozco un pliego de propuestas modificatorias que demuestra la necesidad de sustituir "integralmente" la Constitución vigente. Al examinar todas las sustentaciones conocidas sobre las reformas que se estiman necesarias, es cada vez mas claro que éstas podrían concretarse con la modificación de un número muy limitado de artículos de la actual Constitución.
El argumento que sustento la demanda de una asamblea constituyente siempre fue que la vía prevista en la propia Constitución no era posible porque los miembros de la Asamblea Legislativa no le darían paso a medidas como la reducción del número de legisladores o la eliminación de sus suplentes. Ese, a todas luces, es un argumento circunstancial. Y, además, se quedó sin asidero cuando del seno de la propia Asamblea surgió la iniciativa de promover la aprobación de un Acto Legislativo que recoja las propuestas de reformas consideradas como esenciales.
Para retomar el hilo de la que desde siempre ha sido mi posición sobre el tema de la reforma constitucional, recalco que para dar satisfacción a la demanda de cambios en el Estatuto Fundamental, que creo comparte la mayoría del país, sólo se requiere seguir los pasos siguientes: 1) Identificar y difundir, con la mayor amplitud posible, el pliego de las reformas que son verdaderamente esenciales; es decir, utilizar una aproximación minimalista y realista. 2) Hacer un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para apoyar su adopción. 3) Aprobarlas por la actual Asamblea Legislativa y por la que entrará a funcionar el 1 de septiembre de 2004.
El camino descrito no era viable durante el período electoral, pero ahora sí lo es. Los líderes de las principales fuerzas políticas y sociales de la nación no debieran tener dificultad en ponerse de acuerdo sobre las reformas que se consideran imprescindibles y tampoco debieran tener problema para obtener el respaldo de sus representantes en la actual y la próxima Asamblea. Los actuales legisladores tendrían la oportunidad de terminar su gestión haciéndole un importante servicio al país, que les elevaría en la estimación de la ciudadanía. Los entrantes podrían comenzar su nueva andadura con una carta de presentación positiva y libres de un fantasma que podría perseguirles durante toda su gestión.
Las experiencias vividas en otros países nos deben interesar para estudiarlas y ver si de ellas podemos derivar alguna enseñanza, pero los trasplantes han probado ser poco prácticos porque cada nación tiene sus propias realidades. Después de haber superado con notable éxito tres procesos electorales, hemos demostrado que en Panamá hay la madurez suficiente y que existen las condiciones para pasemos al siguiente paso: La reforma del Estatuto Constitucional, mediante un consenso nacional que la haga expedita y, a la vez, nos evite traumas innecesarios. Y ese es el camino que debemos seguir.
