Negocio del hambre en Argentina
Cuanto más dinero distribuye el Estado para erradicar la pobreza, más pobres estamos los argentinos. Y lo que parece una contradicción no lo es ya que en el contexto económico actual del país, los subsidios que reparte el Estado no son la solución para el drama de la pobreza, sino todo lo contrario, sólo contribuyen a aumentarla, alimentando un círculo peligroso de populismo, demagogia y crecimiento desmedido del Estado. Mientras el gasto social aumenta año tras año (alrededor de 9,000 millones de dólares en 2001, 9,800 millones de dólares en 2002 y 12,500 millones de dólares en 2003) la realidad de los argentinos es otra: el 15,6% de la población económicamente activa (3,74 millones de personas) está desocupada; el 26,3% de la población es indigente y el 54,7% es pobre.
En relación con mayo de 2002, el número de pobres e indigentes creció un promedio de dos puntos. Y aunque la tasa de desocupación descendió cinco puntos respecto del mismo período del año pasado, ese descenso no tiene estricta relación con la generación de nuevos puestos de trabajo debido al crecimiento de la economía sino más bien con la incidencia de los planes de empleo oficiales llamados "Jefes y Jefas de Hogar". Estos planes sociales -llegan a 2,5 millones de personas que reciben 50 dólares por mes- son en realidad subsidios de desempleo encubiertos que ocultan la situación de falta de empleo de quienes se benefician con ellos.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- de no haber existido estos subsidios la tasa de desempleo habría trepado al 21,4% igualando la medición de 2002 (21,5%). Según la misma estadística, excluyendo esta ayuda social, la pobreza habría trepado al 55,3% y la indigencia al 29,7%. Es decir que el programa social ayudó a frenar la caída de más población bajo la línea de pobreza, pero no sacó a las familias que ya se encontraban en esa condición.
La postura demagógica del gobierno actual es tan clara que cuando se conoció un informe del Banco Mundial que daba cuenta de que en el 17,5% de los hogares argentinos (450 mil sobre un total de 1,4 millones de familias), sus integrantes sufrieron hambre en forma severa y repetida durante el último período del año pasado, el Presidente Kirchner se apresuró a implementar un nuevo plan social denominado "El Hambre más Urgente", por el cual alrededor de 6 millones de familias recibirán asistencia alimentaria del Estado.
Es que para el peronismo que Kirchner representa, el control político se ejerce a través del gasto social y el empleo público. Y aunque estos recursos también son utilizados por políticos y gobernantes de otros partidos políticos -particularmente en épocas de elecciones cuando el gasto social se convierte en gasto electoral-, esta vez su utilización como mecanismo de financiamiento político y construcción de poder parece ser más peligroso que nunca, dada la crítica situación de la economía argentina.
Con el sistema financiero colapsado, la iniciativa privada frenada y la ausencia de inversiones externas, muchos millones de argentinos dependen exclusivamente de esos subsidios estatales para sobrevivir, lo cual los coloca en una posición vulnerable frente al creciente poder del Estado. Y en ese escenario, no existiría consenso social para cambiar el modelo distribucionista actual por uno que valore la iniciativa privada y la libertad individual. Así, lo más probable es que estas prácticas asistencialistas se arraiguen mucho más en la población.
Podríamos decir que la instalación de la "cultura del subsidio estatal" que implantó Eduardo Duhalde ya es parte del estilo de gobierno de Néstor Kirchner y es la manera de asegurarse poder frente a los ciudadanos al controlar la maquinaria de asistencia social. Para ello cuenta con la complicidad de los gobernadores provinciales y de otros líderes políticos para quienes el hambre de los argentinos sigue siendo el negocio más rentable.
* Periodista argentina, directora ejecutiva de la Asociación Sur.
(c) www.aipenet.com
En relación con mayo de 2002, el número de pobres e indigentes creció un promedio de dos puntos. Y aunque la tasa de desocupación descendió cinco puntos respecto del mismo período del año pasado, ese descenso no tiene estricta relación con la generación de nuevos puestos de trabajo debido al crecimiento de la economía sino más bien con la incidencia de los planes de empleo oficiales llamados "Jefes y Jefas de Hogar". Estos planes sociales -llegan a 2,5 millones de personas que reciben 50 dólares por mes- son en realidad subsidios de desempleo encubiertos que ocultan la situación de falta de empleo de quienes se benefician con ellos.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- de no haber existido estos subsidios la tasa de desempleo habría trepado al 21,4% igualando la medición de 2002 (21,5%). Según la misma estadística, excluyendo esta ayuda social, la pobreza habría trepado al 55,3% y la indigencia al 29,7%. Es decir que el programa social ayudó a frenar la caída de más población bajo la línea de pobreza, pero no sacó a las familias que ya se encontraban en esa condición.
La postura demagógica del gobierno actual es tan clara que cuando se conoció un informe del Banco Mundial que daba cuenta de que en el 17,5% de los hogares argentinos (450 mil sobre un total de 1,4 millones de familias), sus integrantes sufrieron hambre en forma severa y repetida durante el último período del año pasado, el Presidente Kirchner se apresuró a implementar un nuevo plan social denominado "El Hambre más Urgente", por el cual alrededor de 6 millones de familias recibirán asistencia alimentaria del Estado.
Es que para el peronismo que Kirchner representa, el control político se ejerce a través del gasto social y el empleo público. Y aunque estos recursos también son utilizados por políticos y gobernantes de otros partidos políticos -particularmente en épocas de elecciones cuando el gasto social se convierte en gasto electoral-, esta vez su utilización como mecanismo de financiamiento político y construcción de poder parece ser más peligroso que nunca, dada la crítica situación de la economía argentina.
Con el sistema financiero colapsado, la iniciativa privada frenada y la ausencia de inversiones externas, muchos millones de argentinos dependen exclusivamente de esos subsidios estatales para sobrevivir, lo cual los coloca en una posición vulnerable frente al creciente poder del Estado. Y en ese escenario, no existiría consenso social para cambiar el modelo distribucionista actual por uno que valore la iniciativa privada y la libertad individual. Así, lo más probable es que estas prácticas asistencialistas se arraiguen mucho más en la población.
Podríamos decir que la instalación de la "cultura del subsidio estatal" que implantó Eduardo Duhalde ya es parte del estilo de gobierno de Néstor Kirchner y es la manera de asegurarse poder frente a los ciudadanos al controlar la maquinaria de asistencia social. Para ello cuenta con la complicidad de los gobernadores provinciales y de otros líderes políticos para quienes el hambre de los argentinos sigue siendo el negocio más rentable.
* Periodista argentina, directora ejecutiva de la Asociación Sur.
(c) www.aipenet.com
