Neoimperialismo sindical: el caso de las maquilas
SAN SALVADOR (AIPE).- Algunos mal intencionados líderes sindicales se han dedicado a tomar por asalto los accesos a fábricas para impedir, en forma ilegal, que los obreros puedan ingresar a ciertos lugares de trabajo como las maquilas, fábricas que operan en zonas libres de aranceles y otros impuestos.
Pero el verdadero problema no está en líderes sindicalistas delincuentes y maliciosos. Ellos sólo son piezas utilizadas por maquinarias mucho más poderosas, con alcance internacional. Por detrás están las grandes uniones sindicales norteamericanas y canadienses.
La mano de obra centroamericana es, desde luego, más barata que la de los dos grandes países del norte. Esa es una de las pocas ventajas competitivas que tenemos frente a los gigantes del norte que gozan de mejor tecnología, más capital y, por lo tanto, mayor productividad de la mano de obra. Las plantas maquiladoras se establecen en nuestros países buscando reducir sus costos para ser competitivos y mantener niveles atractivos de rentabilidad. De otra manera no se complicarían la vida con mayor distancia de los centros de consumo, otro idioma, otro sistema laboral y legal.
Pero todo esto es visto por los sindicatos norteamericanos como una afrenta a
sus afiliados.
Las presiones proteccionistas aumentan ante los resultados favorables de la apertura comercial. Ahora los consumidores tienen acceso a mejores, más variadas y más baratas mercaderías, lo cual significa pérdida de poder e influencia para líderes sindicales extranjeros y, también, para aquellos empresarios que antes gozaban de ciertos privilegios y que ahora no pueden competir con las importaciones de América Central.
En El Salvador operan empresas de maquila que emplean a más de 60.000 trabajadores, por lo que es sorprendente que, ante los frecuentes desórdenes provocados por agitadores al servicio de intereses extranjeros, nuestras autoridades brillan por su ausencia. Los ejecutivos de las maquilas solicitan la intervención del Ministerio del Trabajo y de la policía para que impidan disturbios y las pérdidas cuantiosas que causan, pero la policía no aparece y los inspectores del Ministerio evaden su responsabilidad, convirtiéndose en meros portavoces de los sindicatos.
La tragedia para la nación es que sin seguridad jurídica, las reformas no funcionan y El Salvador seguirá deslizándose inexorablemente hacia un estado de anarquía y de caos. Muchos abogados, economistas, administradores, sociólogos y hasta jerarcas religiosos rechazan en privado este estado de cosas, pero no tienen la valentía de denunciarlo públicamente.
Una sociedad que pierde su capacidad de asombro y de rechazo a la corrupción, al delito y a la impunidad es una sociedad tremendamente enferma. Pero si fuimos capaces de resolver un sangriento conflicto bélico por medio del diálogo y el entendimiento negociado, podemos resolver estos problemas si hay la voluntad oficial para lograrlo.
La mejor forma de velar por el bienestar de los trabajadores es imponiendo la igualdad ante la ley. Un obrero de la maquila no es ante la ley un ciudadano de segunda porque es mal visto por la oficina laboral de la Embajada de Estados Unidos. Sin seguridad jurídica, todo se vuelve pantomima y negligencia culposa.
Pero el verdadero problema no está en líderes sindicalistas delincuentes y maliciosos. Ellos sólo son piezas utilizadas por maquinarias mucho más poderosas, con alcance internacional. Por detrás están las grandes uniones sindicales norteamericanas y canadienses.
La mano de obra centroamericana es, desde luego, más barata que la de los dos grandes países del norte. Esa es una de las pocas ventajas competitivas que tenemos frente a los gigantes del norte que gozan de mejor tecnología, más capital y, por lo tanto, mayor productividad de la mano de obra. Las plantas maquiladoras se establecen en nuestros países buscando reducir sus costos para ser competitivos y mantener niveles atractivos de rentabilidad. De otra manera no se complicarían la vida con mayor distancia de los centros de consumo, otro idioma, otro sistema laboral y legal.
Pero todo esto es visto por los sindicatos norteamericanos como una afrenta a
sus afiliados.
Las presiones proteccionistas aumentan ante los resultados favorables de la apertura comercial. Ahora los consumidores tienen acceso a mejores, más variadas y más baratas mercaderías, lo cual significa pérdida de poder e influencia para líderes sindicales extranjeros y, también, para aquellos empresarios que antes gozaban de ciertos privilegios y que ahora no pueden competir con las importaciones de América Central.
En El Salvador operan empresas de maquila que emplean a más de 60.000 trabajadores, por lo que es sorprendente que, ante los frecuentes desórdenes provocados por agitadores al servicio de intereses extranjeros, nuestras autoridades brillan por su ausencia. Los ejecutivos de las maquilas solicitan la intervención del Ministerio del Trabajo y de la policía para que impidan disturbios y las pérdidas cuantiosas que causan, pero la policía no aparece y los inspectores del Ministerio evaden su responsabilidad, convirtiéndose en meros portavoces de los sindicatos.
La tragedia para la nación es que sin seguridad jurídica, las reformas no funcionan y El Salvador seguirá deslizándose inexorablemente hacia un estado de anarquía y de caos. Muchos abogados, economistas, administradores, sociólogos y hasta jerarcas religiosos rechazan en privado este estado de cosas, pero no tienen la valentía de denunciarlo públicamente.
Una sociedad que pierde su capacidad de asombro y de rechazo a la corrupción, al delito y a la impunidad es una sociedad tremendamente enferma. Pero si fuimos capaces de resolver un sangriento conflicto bélico por medio del diálogo y el entendimiento negociado, podemos resolver estos problemas si hay la voluntad oficial para lograrlo.
La mejor forma de velar por el bienestar de los trabajadores es imponiendo la igualdad ante la ley. Un obrero de la maquila no es ante la ley un ciudadano de segunda porque es mal visto por la oficina laboral de la Embajada de Estados Unidos. Sin seguridad jurídica, todo se vuelve pantomima y negligencia culposa.
