Neoliberalismo y política
Todo parece indicar que los momentos actuales del continente y de nuestro país poseen el significado de ser, como quien dice, un punto de inflexión en el descenso del movimiento de masas y de la protesta social. Al parecer, la protesta de vastos sectores populares contra la política neoliberal de tanto fariseo del continente es el clima social y el ambiente cotidiano de las masas empobrecidas de aquél, incluido nuestro país.
Las razones económicas y sociales de ello no necesitan mayores explicaciones: a la década denominada pérdida de los ochenta, se debe sumar la de empobrecimiento de los noventa y, podemos predecir, la de la primera década del presente siglo, que será la del intento de absorción del continente por los Estados Unidos y de la lucha por la definitiva soberanía y libertad por las masas latinoamericanas.
Como en toda nuestra historia, la lucha será entre los "anexionistas" cuya prédica no puede convencer ya y los que aspiramos a consolidar la independencia total del continente con democracia y justicia social; entre los que creemos que la democracia es un problema sustantivo, de contenido material y aquellos timadores profesionales, entre ellos algunos abogadillos, que sólo la conciben como un mecanismo meramente formal; finalmente, entre los que miran las cosas con una perspectiva de largo aliento y aquellos que sólo la miran en el corto plazo, es decir, en la atmósfera de corrupción y enriquecimiento desde las arcas del Estado.
Estamos conscientes de los peligros de la nueva situación, de la violencia social que está generando de manera objetiva, de la represión que puede generar en el plano gubernamental y de la inestabilidad que todo ello produce para la consolidación de la democracia, de la cual muchos políticos hablan, pero que pocos creen.
Para que se entienda con absoluta claridad: la violencia de los últimos días, incluido el vandalismo que es inaceptable, son sólo epifenómenos que no ayudan, para nada, a construir la alternativa que requiere nuestro pueblo, madura, responsable y definitiva. Pero no por ello son menos reales. Son la expresión decantada y cristalizada de una violencia mayor a la que nadie parece poner atención.
Nos referimos a la violencia social que significa que (1995) el 20% más rico de la población obtiene ingresos 49% mayores que el ingreso medio del 20% más pobre, que mientras el salario mínimo ronda los B/250.00, los altos funcionarios del Estado obtienen B/10.000 más otras prebendas; que no hay autoridad suficiente para limitar los ingresos de algunos cónsules, de la carencia de salud, educación, vivienda y cultura para las mayorías nacionales y que, en definitiva, la sociedad se desangra por la rapiña de algunos y la indolencia de otros.
Es cierto que no hemos llegado aún a la violencia social de otros lares. Pero no falta mucho. Los indicadores sociales parecen apuntar en una dirección no deseable y no es la represión gubernamental lo que podría retomar el curso de un camino de paz y concordia nacional. Tampoco lo es el neoliberalismo empobrecedor ni mucho menos los cantos de sirena de un ALCA que quiere transformar los países del subcontinente en meros mercados del imperialismo.
Las razones económicas y sociales de ello no necesitan mayores explicaciones: a la década denominada pérdida de los ochenta, se debe sumar la de empobrecimiento de los noventa y, podemos predecir, la de la primera década del presente siglo, que será la del intento de absorción del continente por los Estados Unidos y de la lucha por la definitiva soberanía y libertad por las masas latinoamericanas.
Como en toda nuestra historia, la lucha será entre los "anexionistas" cuya prédica no puede convencer ya y los que aspiramos a consolidar la independencia total del continente con democracia y justicia social; entre los que creemos que la democracia es un problema sustantivo, de contenido material y aquellos timadores profesionales, entre ellos algunos abogadillos, que sólo la conciben como un mecanismo meramente formal; finalmente, entre los que miran las cosas con una perspectiva de largo aliento y aquellos que sólo la miran en el corto plazo, es decir, en la atmósfera de corrupción y enriquecimiento desde las arcas del Estado.
Estamos conscientes de los peligros de la nueva situación, de la violencia social que está generando de manera objetiva, de la represión que puede generar en el plano gubernamental y de la inestabilidad que todo ello produce para la consolidación de la democracia, de la cual muchos políticos hablan, pero que pocos creen.
Para que se entienda con absoluta claridad: la violencia de los últimos días, incluido el vandalismo que es inaceptable, son sólo epifenómenos que no ayudan, para nada, a construir la alternativa que requiere nuestro pueblo, madura, responsable y definitiva. Pero no por ello son menos reales. Son la expresión decantada y cristalizada de una violencia mayor a la que nadie parece poner atención.
Nos referimos a la violencia social que significa que (1995) el 20% más rico de la población obtiene ingresos 49% mayores que el ingreso medio del 20% más pobre, que mientras el salario mínimo ronda los B/250.00, los altos funcionarios del Estado obtienen B/10.000 más otras prebendas; que no hay autoridad suficiente para limitar los ingresos de algunos cónsules, de la carencia de salud, educación, vivienda y cultura para las mayorías nacionales y que, en definitiva, la sociedad se desangra por la rapiña de algunos y la indolencia de otros.
Es cierto que no hemos llegado aún a la violencia social de otros lares. Pero no falta mucho. Los indicadores sociales parecen apuntar en una dirección no deseable y no es la represión gubernamental lo que podría retomar el curso de un camino de paz y concordia nacional. Tampoco lo es el neoliberalismo empobrecedor ni mucho menos los cantos de sirena de un ALCA que quiere transformar los países del subcontinente en meros mercados del imperialismo.
