Ni cupos ni corruptelas
Innumerables panameños piensan que ha llegado el momento en que este gobierno de cambio, a cargo de la presidenta Mireya Moscoso, ponga término al corrupto sistema de cupos de transporte público y lo cambie por un nuevo status que abra el transporte a la libre competencia de empresas privadas, pensando en el bienestar de los usuarios y no sólo en beneficio de sindicatos y cooperativas.
Ya han desaparecido afortunadamente las condiciones políticas con las cuales la dictadura militar torrijista manipuló el servicio de transporte público , adjudicándoselo a sindicatos a cambio de apoyos de corte populista. Tales ingratas premisas políticas no tienen razón de ser en un régimen democrático. El transporte de taxis y buses no puede seguir implementándose como un turbio intercambio de recompensas y favores y una canonjía monopólica de un puñado de dirigentes sino como un servicio público en el que se compita libremente para atender a los usuarios.
Reglamentar la entrega de cupos a tal o cual sindicato representaría perseverar en el error. El gobierno saliente prometió un nuevo marco legal para el transporte, a sabiendas de que continuaría favoreciendo a su clientela política del transporte. A este gobierno, cuya brújula se orienta hacia la atención a las mayorías, debe corresponder el replanteamiento de los fines del transporte, anteponiendo la satisfacción de las necesidades de los usuarios de uno moderno y eficiente, a cualquier interés grupal o personal.
Sindicatos y cooperativas de transporte son, en realidad, empresas disfrazadas que usufructúan un monopolio inconstitucional reñido con la libertad de empresa y la libre competencia que rigen en el país.. Los cupos equivalen a autorizaciones de funcionamiento que permiten a ciertos dirigentes aplicar condiciones arbitrarias que innumerables choferes repudian constantemente. Extirpando las raíces del vicio de los cupos; democratizando el servicio para que se compita con eficiencia y honestidad; proporcionándole al usuario vehículos en buen estado y choferes bien educados y respetuosos de las reglas del tránsito, se daría un paso enorme en el afán de servir al público con una nueva estructura de transporte.
Ya han desaparecido afortunadamente las condiciones políticas con las cuales la dictadura militar torrijista manipuló el servicio de transporte público , adjudicándoselo a sindicatos a cambio de apoyos de corte populista. Tales ingratas premisas políticas no tienen razón de ser en un régimen democrático. El transporte de taxis y buses no puede seguir implementándose como un turbio intercambio de recompensas y favores y una canonjía monopólica de un puñado de dirigentes sino como un servicio público en el que se compita libremente para atender a los usuarios.
Reglamentar la entrega de cupos a tal o cual sindicato representaría perseverar en el error. El gobierno saliente prometió un nuevo marco legal para el transporte, a sabiendas de que continuaría favoreciendo a su clientela política del transporte. A este gobierno, cuya brújula se orienta hacia la atención a las mayorías, debe corresponder el replanteamiento de los fines del transporte, anteponiendo la satisfacción de las necesidades de los usuarios de uno moderno y eficiente, a cualquier interés grupal o personal.
Sindicatos y cooperativas de transporte son, en realidad, empresas disfrazadas que usufructúan un monopolio inconstitucional reñido con la libertad de empresa y la libre competencia que rigen en el país.. Los cupos equivalen a autorizaciones de funcionamiento que permiten a ciertos dirigentes aplicar condiciones arbitrarias que innumerables choferes repudian constantemente. Extirpando las raíces del vicio de los cupos; democratizando el servicio para que se compita con eficiencia y honestidad; proporcionándole al usuario vehículos en buen estado y choferes bien educados y respetuosos de las reglas del tránsito, se daría un paso enorme en el afán de servir al público con una nueva estructura de transporte.
