Ni un no
HE LEÍDO con detenimiento la propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá, respecto al tercer juego de esclusas. He asistido a charlas y conferencias, he consultado, me han surgido preguntas y he buscado respuestas, he conversado y discutido sobre el tema con propios y extraños, he repasado mis experiencias profesionales y docentes en las actividades marítimas y portuarias y al final concluyo, admitiendo que es perfectible, como todo, que la propuesta de la Autoridad del Canal de Panamá es una iniciativa necesaria y que cada día que demoremos en aprobarla es tiempo para el desarrollo que se nos escapa.
No creo, por otra parte, que quienes se oponen a la propuesta lo hagan porque estén en contra de Panamá o de su desarrollo, oportunidad que ahora se ofrece como nunca antes. Hay quienes expresan sus temores de que una sociedad como la nuestra, invadida de agentes corruptos y corruptores, no vaya a obtener ningún beneficio para sus integrantes, sino que éstos vayan selectivamente a parar a los bolsillos de unos pocos y, por ello, que lo que efectivamente es bueno y sano si fuera a beneficiar a toda la sociedad, se torne empobrecedor y regresivo porque los mejor ubicados, ya por autoridad, por influencia, por recursos, por oportunismo o por cualquier causa, priven a los más de lo más.
Con absoluta sinceridad hay que admitir que no son tan despistadas las observaciones. En el pasado primitivo, antiguo, de colonia, de departamento, de nación de tránsito, de república nueva, de gobiernos civiles, aristocráticos, militaristas y partidocráticos, pasados y recientes, sin consideraciones de orígenes, razas, colores, religiones, género, profesiones ni condiciones de cualquier naturaleza, ha habido demasiados ejemplos de desvíos de recursos que debían haber beneficiado a la colectividad, pero han ido a parar a unos pocos, y no es ni ha sido a la Autoridad del Canal de Panamá a la que compete prevenir, impedir, investigar y castigar a quienes caen en estas prácticas. Tal responsabilidad es del Estado, concretamente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, del Tribunal Electoral, con diferentes acepciones y matices, pero los ejemplos no son edificantes.
Para despejar esta atmósfera de aprensiones y desconfianza es sano considerar modificaciones, inclusive constitucionales, a las estructuras legales del Estado, de modo que se fortalezca la transparencia y se materialice el convencimiento, para bien de todos, de que quien atenta contra la colectividad mediante actos de corrupción, va a perder lo robado y va a ser sancionado. Esto implica que las instituciones del Estado ganen prestigio y para ello se imponen cambios, que aseguren que estarán mejor integradas.
Mientras se quemen juzgados sin que haya una reacción enérgica, aun visceral, para determinar causas y causantes; mientras se modifiquen normas que permitan que cualquier delincuente pueda ser diputado con tal de que haya sido condenado a pena menor de cinco años de prisión y no más, mientras una presidenta pueda esgrimir como argumento su compadrazgo para la designación de un magistrado, no hay mejoras.
La propuesta de la Autoridad del Canal es buena. Los panameños queremos sentirnos orgullosos de que podamos materializarla, dueños, ahora sí, de nuestras decisiones y destino. Tiene hasta la virtud de proyectarnos ante el mundo como un pueblo a la altura de las grandes civilizaciones y nos puede poner en el camino de las naciones desarrolladas. También queremos que sus beneficios nos alcancen a todos como el amor de una madre para todos sus hijos. Si nos esforzamos en encontrar fórmulas que garanticen que los beneficios lleguen a todos los rincones y que podemos tener fe ciega en que si hubiera desvíos de dineros para los bolsillos de unos cuantos, habrá investigaciones y sanciones, no habrá ni un no.
El deseo de los moradores es que, mediante los estudios y pruebas realizadas, el IEA compruebe ante las autoridades del MINSA y la ANAM, el daño que les estaba causando PAMETSA y que trasladen la compañía a otro lugar.
Al contactar al director del IEA, Gustavo Arosemena, para conocer los resultados de las pruebas, indicó que no haría ningún señalamiento al respecto, porque ya le había pasado toda la información de los análisis al director Regional de Salud, Cirilo Lawson.
No obstante, se trató de contactar a Lawson para que informara qué sucedía con PAMETSA, pero el funcionario no respondió.
Se conoció que para esta semana las autoridades presentarán los resultados de las pruebas.
PAMETSA había sido cerrada por más de tres meses, y reabrió mediante un recurso de apelación que presentó ante las autoridades competentes.
PAMETSA tenía un período de 45 días para realizar la prueba de los filtros que minimizarían el problema, tal como indica en el recurso de apelación que interpuso la empresa.
Algunos moradores han presentado elevados porcentajes de plomo en la sangre, los cuales superan el 40%. El máximo aceptable es de 20%.
El plomo en la sangre afecta el rendimiento de las personas, además de las vías respiratorias y las renales.
No creo, por otra parte, que quienes se oponen a la propuesta lo hagan porque estén en contra de Panamá o de su desarrollo, oportunidad que ahora se ofrece como nunca antes. Hay quienes expresan sus temores de que una sociedad como la nuestra, invadida de agentes corruptos y corruptores, no vaya a obtener ningún beneficio para sus integrantes, sino que éstos vayan selectivamente a parar a los bolsillos de unos pocos y, por ello, que lo que efectivamente es bueno y sano si fuera a beneficiar a toda la sociedad, se torne empobrecedor y regresivo porque los mejor ubicados, ya por autoridad, por influencia, por recursos, por oportunismo o por cualquier causa, priven a los más de lo más.
Con absoluta sinceridad hay que admitir que no son tan despistadas las observaciones. En el pasado primitivo, antiguo, de colonia, de departamento, de nación de tránsito, de república nueva, de gobiernos civiles, aristocráticos, militaristas y partidocráticos, pasados y recientes, sin consideraciones de orígenes, razas, colores, religiones, género, profesiones ni condiciones de cualquier naturaleza, ha habido demasiados ejemplos de desvíos de recursos que debían haber beneficiado a la colectividad, pero han ido a parar a unos pocos, y no es ni ha sido a la Autoridad del Canal de Panamá a la que compete prevenir, impedir, investigar y castigar a quienes caen en estas prácticas. Tal responsabilidad es del Estado, concretamente del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, del Tribunal Electoral, con diferentes acepciones y matices, pero los ejemplos no son edificantes.
Para despejar esta atmósfera de aprensiones y desconfianza es sano considerar modificaciones, inclusive constitucionales, a las estructuras legales del Estado, de modo que se fortalezca la transparencia y se materialice el convencimiento, para bien de todos, de que quien atenta contra la colectividad mediante actos de corrupción, va a perder lo robado y va a ser sancionado. Esto implica que las instituciones del Estado ganen prestigio y para ello se imponen cambios, que aseguren que estarán mejor integradas.
Mientras se quemen juzgados sin que haya una reacción enérgica, aun visceral, para determinar causas y causantes; mientras se modifiquen normas que permitan que cualquier delincuente pueda ser diputado con tal de que haya sido condenado a pena menor de cinco años de prisión y no más, mientras una presidenta pueda esgrimir como argumento su compadrazgo para la designación de un magistrado, no hay mejoras.
La propuesta de la Autoridad del Canal es buena. Los panameños queremos sentirnos orgullosos de que podamos materializarla, dueños, ahora sí, de nuestras decisiones y destino. Tiene hasta la virtud de proyectarnos ante el mundo como un pueblo a la altura de las grandes civilizaciones y nos puede poner en el camino de las naciones desarrolladas. También queremos que sus beneficios nos alcancen a todos como el amor de una madre para todos sus hijos. Si nos esforzamos en encontrar fórmulas que garanticen que los beneficios lleguen a todos los rincones y que podemos tener fe ciega en que si hubiera desvíos de dineros para los bolsillos de unos cuantos, habrá investigaciones y sanciones, no habrá ni un no.
El deseo de los moradores es que, mediante los estudios y pruebas realizadas, el IEA compruebe ante las autoridades del MINSA y la ANAM, el daño que les estaba causando PAMETSA y que trasladen la compañía a otro lugar.
Al contactar al director del IEA, Gustavo Arosemena, para conocer los resultados de las pruebas, indicó que no haría ningún señalamiento al respecto, porque ya le había pasado toda la información de los análisis al director Regional de Salud, Cirilo Lawson.
No obstante, se trató de contactar a Lawson para que informara qué sucedía con PAMETSA, pero el funcionario no respondió.
Se conoció que para esta semana las autoridades presentarán los resultados de las pruebas.
PAMETSA había sido cerrada por más de tres meses, y reabrió mediante un recurso de apelación que presentó ante las autoridades competentes.
PAMETSA tenía un período de 45 días para realizar la prueba de los filtros que minimizarían el problema, tal como indica en el recurso de apelación que interpuso la empresa.
Algunos moradores han presentado elevados porcentajes de plomo en la sangre, los cuales superan el 40%. El máximo aceptable es de 20%.
El plomo en la sangre afecta el rendimiento de las personas, además de las vías respiratorias y las renales.
