Niños somos todos
Expertos que promueven los derechos de los niños coinciden en que queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, la puesta en marcha de la Convención sobre los Derechos del Niño hace 20 años supuso un primer paso para el compromiso de los Estados en ese sentido.
La ratificación de 193 miembros de Naciones Unidas convierte a la Convención sobre los Derechos del Niño en el tratado internacional de derechos humanos con más amplio reconocimiento. Sólo Estados Unidos y Somalia no lo han ratificado.
La no-ratificación del país norteamericano, uno de los más activos impulsores de la creación del tratado, demuestra que en los Estados recae no sólo la responsabilidad de promover, sino también la de proteger y respetar los derechos humanos. En Estados Unidos, los jueces pueden dictar cadena perpetua por un delito cometido en minoría de edad, prohibido por la Convención, como prohibida está también la pena capital en los mismos supuestos. Hasta hace cuatro años, 39 Estados del país norteamericano aplicaban la pena capital por delitos cometidos antes de la mayoría de edad.
Para Ann Veneman, directora de Unicef, un factor que impide a la Convención alcanzar su verdadero potencial es la falta de estructuras efectivas de algunos países para castigar el incumplimiento de leyes destinadas a la protección de los derechos de la infancia.
“La pregunta más bien debería ser: ¿castigamos a un gobierno o le obligamos a penar a los que incumplen las leyes?”, responde la directora de Unicef cuando le preguntan si estos mecanismos deberían existir.
Más de 5 millones de niños mueren de hambre o por enfermedades relacionadas con la desnutrición cada año. Esto no implica una falta de compromiso de los Estados con la parte de la Convención que reconoce el derecho intrínseco a la vida de los niños; la crisis ha agudizado las hambrunas y el acceso al agua potable, sobre todo de los más vulnerables de su población.
Nuevos actores determinan la distribución de alimentos, la venta de armas, la financiación de actividades paramilitares y la proliferación del crimen organizado en beneficio de intereses privados y de grandes corporaciones. Esta tendencia ha minado la responsabilidad de los gobiernos a la hora de proteger los derechos humanos de la infancia.
Sin embargo, los Estados aún tienen la clave de la mayor parte de estos problemas y un amplio margen de maniobra. De poco le sirve a una familia con niños enfermos que México haya firmado y ratificado el tratado si el gobierno no hace efectivo el derecho a la salud de los menores. Lo mismo sucede en materia de educación.
El respeto y la protección de los derechos humanos ya no es monopolio del Estado, pues cada vez juegan un papel más importante las organizaciones internacionales y las de la sociedad civil. Naciones Unidas les ofrece a los Estados mecanismos por los que pueden pedir asesoramiento.
