No es bueno quien firma un mal pacto
El Acuerdo Alemán-Ferro, suscrito el pasado 28 de enero por medio de un canje de notas, es un pacto mal negociado y peor redactado, a través del cual Panamá queda sometida a un conjunto de reglas y supervisiones extranjeras, a cambio de muy poca cosa que valga la pena. Este Acuerdo es un pacto en materia de seguridad, que inicialmente el Canciller panameño quiso hacer pasar bajo cuerda -sin que nuestro pueblo conociera su verdadero contenido y alcance- y que, después, él ha querido justificar con el pretexto de que es un pacto en materia de lucha contra el narcotráfico.
Sobre esto quiero precisar tres cosas, en mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional del mayor partido político panameño: en primer lugar, que el señalamiento de que este es un pacto de seguridad no es "una conjetura antojadiza", como el Canciller dice queriendo tapar el sol con un dedo, sino la lectura de lo que aparece en el primer párrafo del Acuerdo de marras. Allí dice, textualmente, que este pacto se refiere a "la asistencia de los Estados Unidos en materia de ayuda para la seguridad, mediante el suministro de equipos y servicios", y adicionalmente para proveer capacitación y entrenamientos "afines" con propósitos antinarcóticos.
No soy yo, ni es Martín Torrijos, quien sostiene que este es un Acuerdo en materia de seguridad. Quien lo dice por escrito es el canje de notas que lleva las firmas de los señores Alemán y Ferro. En blanco y negro, ahí se anuncia que al Gobierno panameño le van a suministrar "equipos y servicios" de seguridad, y que, por añadidura, le proveerán unas capacitaciones y entrenamientos "afines" aplicables al segundo propósito. ¿A qué son "afines" estas capacitaciones y entrenamientos? Son "afines" a dichos equipos y servicios de seguridad, que constituyen la parte principal y sustantiva del asunto.
En segundo lugar, la denuncia del PRD contra este Acuerdo no se debe a que el mismo sea un pacto con los Estados Unidos, ni mucho menos a que es un Acuerdo sobre cooperación en materia de combate al narcotráfico, cosa que este pacto no es. Se debe, simple y llanamente, a que es un Acuerdo chambón, mal concebido y peor redactado, negociado a escondidas de la opinión pública y que se pretendió pasarlo por debajo de la mesa, para que esa opinión pública no se percatara de semejante estafa. Y esto tampoco es otra "conjetura antojadiza".
Este acuerdo es malo simple y sencillamente, porque no define ni delimita a cuáles ni a cuántos "equipos y servicios de seguridad" se refiere, ni para qué usos estos se destinarán, ni en cuáles lugares geográficos de nuestro país, como tampoco establece durante cuánto tiempo tendrán lugar dichas capacitaciones y entrenamientos. Como asimismo tampoco tendrán lugar dichas capacitaciones y entrenamientos. Como asimismo tampoco delimita la "observación y revisión continua" a la que todos esos equipos, servicios, capacitaciones y entrenamientos estarán sometidos por parte de unos "representantes del gobierno de los Estados Unidos", cuya naturaleza y número tampoco se determinan. Todo lo cual, a su vez, deja este pacto totalmente expuesto a cualesquiera interpretaciones, sin límites para cualesquiera alcances y consecuencias.
En tercer lugar, este pacto de seguridad se firmó tres días después de que el Ministro de Gobierno y Justicia le había garantizado por escrito al PRD que su Gobierno "no está negociando una versión, ni proyecto, ni anteproyecto alguno de acuerdo con ningún país" en esa materia, por cuanto había decidido lograr previamente un consenso con la oposición. El diálogo para este fin ya se había iniciado con ese Ministro. No obstante, lo sucedido revela graves contradicciones dentro del Gobierno, y que este miente, o que el Canciller está dedicado a torpedear ese diálogo y cualquier otro que esté por comenzarse.
A todos estos respectos, reitero lo que Martín Torrijos -el principal líder de la oposición panameña- ya ha dicho con meridiana claridad : el PRD está total y decididamente comprometido con el combate al narcotráfico, y reconoce que para llevar a cabo ese combate se pueden requerir, también, determinados acuerdos de cooperación con otros países y grupos de países. Entre ellos, por supuesto, los Estados Unidos. Nada hay de malo en negociar, acordar y cooperar con los Estados Unidos, en esta y otras materias. El éxito de los Tratados Torrijos-Carter es la mejor prueba de esto. Sin embargo, los perredistas seguiremos denunciando y condenando toda mala negociación, todo pacto contraído a espaldas de la opinión pública, y cualquier acuerdo susceptible de interpretaciones, implicaciones o aplicaciones lesivas al interés o la dignidad nacionales, como es el de este caso.
Los perredistas igualmente exigimos que este género de concertaciones internacionales sea debidamente analizado y ratificado por la Asamblea Legislativa -el tenor de la Constitución y la Ley-, para que materias tan delicadas como estas no sean objeto del entreguismo y las manipulaciones de unos pocos malintencionados, que comprometen y desprestigian a nuestro país a espaldas del pueblo.
Hace falta demasiada imaginación -o demasiado blindaje facial- para que quien firmó semejante adefesio, y quien después intentó hacerlo pasar escondiendo sus contenidos, ahora se califique a sí mismo como supuestamente dotado de unas "convicciones patrióticas y democráticas" que, sin embargo, no pasan la prueba de la lectura de este esperpento diplomático.
El Canciller se empecina en defender semejante pacto de seguridad exhibiendo un castellano de retrete con el cual pretende denigrar a sus críticos, ya que no los puede acallar con argumentos. En ese patético afán, quiere endilgar una presunta "doble moral" a Martín Torrijos, quien como viceministro de Gobierno y Justicia participó en la suscripción de un acuerdo de Acción Cívica. Quizás el Canciller ignora qué es doble moral. En cualquier caso, no hay comparación que valga: aquél fue un buen acuerdo de su época, que se elaboró sin ocultar nada y con el concurso de la población interesada, fue adecuadamente definido, se concluyó a su debido plazo y dejó satisfactorios resultados.
"Doble moral" son las maromas verbales del Canciller, quien era viceministro de Gobierno y Justicia durante el período en que más creció el narcotráfico en Panamá. Tanto así que en 1993 la Contraloría del Congreso de los Estados Unidos estimó que ese mal se había duplicado en nuestro país después de 1989, y en 1994 el organismo especializado de la ONU dictaminó que en ese mismo lapso Panamá dejó de cumplir las metas y objetivos de la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Que nos diga el Canciller cuál era su discurso de ese entonces. Porque el hecho real es que en nuestro país el combate efectivo contra el narcotráfico empezó después de que él dejó ese despacho.
Si ahora el Canciller desea recuperar credibilidad, lo menos que puede hacer es expulsar de su equipo de colaboradores a quienes negociaron este adefesio de seguridad, y a quienes redactaron las dos burdas Notas de Prensa de la Chancillería, que tan mal lo han hecho quedar. Después de esta limpieza, quizás, en nuestro país podrá volverse a practicar una verdadera diplomacia.
Sobre esto quiero precisar tres cosas, en mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional del mayor partido político panameño: en primer lugar, que el señalamiento de que este es un pacto de seguridad no es "una conjetura antojadiza", como el Canciller dice queriendo tapar el sol con un dedo, sino la lectura de lo que aparece en el primer párrafo del Acuerdo de marras. Allí dice, textualmente, que este pacto se refiere a "la asistencia de los Estados Unidos en materia de ayuda para la seguridad, mediante el suministro de equipos y servicios", y adicionalmente para proveer capacitación y entrenamientos "afines" con propósitos antinarcóticos.
No soy yo, ni es Martín Torrijos, quien sostiene que este es un Acuerdo en materia de seguridad. Quien lo dice por escrito es el canje de notas que lleva las firmas de los señores Alemán y Ferro. En blanco y negro, ahí se anuncia que al Gobierno panameño le van a suministrar "equipos y servicios" de seguridad, y que, por añadidura, le proveerán unas capacitaciones y entrenamientos "afines" aplicables al segundo propósito. ¿A qué son "afines" estas capacitaciones y entrenamientos? Son "afines" a dichos equipos y servicios de seguridad, que constituyen la parte principal y sustantiva del asunto.
En segundo lugar, la denuncia del PRD contra este Acuerdo no se debe a que el mismo sea un pacto con los Estados Unidos, ni mucho menos a que es un Acuerdo sobre cooperación en materia de combate al narcotráfico, cosa que este pacto no es. Se debe, simple y llanamente, a que es un Acuerdo chambón, mal concebido y peor redactado, negociado a escondidas de la opinión pública y que se pretendió pasarlo por debajo de la mesa, para que esa opinión pública no se percatara de semejante estafa. Y esto tampoco es otra "conjetura antojadiza".
Este acuerdo es malo simple y sencillamente, porque no define ni delimita a cuáles ni a cuántos "equipos y servicios de seguridad" se refiere, ni para qué usos estos se destinarán, ni en cuáles lugares geográficos de nuestro país, como tampoco establece durante cuánto tiempo tendrán lugar dichas capacitaciones y entrenamientos. Como asimismo tampoco tendrán lugar dichas capacitaciones y entrenamientos. Como asimismo tampoco delimita la "observación y revisión continua" a la que todos esos equipos, servicios, capacitaciones y entrenamientos estarán sometidos por parte de unos "representantes del gobierno de los Estados Unidos", cuya naturaleza y número tampoco se determinan. Todo lo cual, a su vez, deja este pacto totalmente expuesto a cualesquiera interpretaciones, sin límites para cualesquiera alcances y consecuencias.
En tercer lugar, este pacto de seguridad se firmó tres días después de que el Ministro de Gobierno y Justicia le había garantizado por escrito al PRD que su Gobierno "no está negociando una versión, ni proyecto, ni anteproyecto alguno de acuerdo con ningún país" en esa materia, por cuanto había decidido lograr previamente un consenso con la oposición. El diálogo para este fin ya se había iniciado con ese Ministro. No obstante, lo sucedido revela graves contradicciones dentro del Gobierno, y que este miente, o que el Canciller está dedicado a torpedear ese diálogo y cualquier otro que esté por comenzarse.
A todos estos respectos, reitero lo que Martín Torrijos -el principal líder de la oposición panameña- ya ha dicho con meridiana claridad : el PRD está total y decididamente comprometido con el combate al narcotráfico, y reconoce que para llevar a cabo ese combate se pueden requerir, también, determinados acuerdos de cooperación con otros países y grupos de países. Entre ellos, por supuesto, los Estados Unidos. Nada hay de malo en negociar, acordar y cooperar con los Estados Unidos, en esta y otras materias. El éxito de los Tratados Torrijos-Carter es la mejor prueba de esto. Sin embargo, los perredistas seguiremos denunciando y condenando toda mala negociación, todo pacto contraído a espaldas de la opinión pública, y cualquier acuerdo susceptible de interpretaciones, implicaciones o aplicaciones lesivas al interés o la dignidad nacionales, como es el de este caso.
Los perredistas igualmente exigimos que este género de concertaciones internacionales sea debidamente analizado y ratificado por la Asamblea Legislativa -el tenor de la Constitución y la Ley-, para que materias tan delicadas como estas no sean objeto del entreguismo y las manipulaciones de unos pocos malintencionados, que comprometen y desprestigian a nuestro país a espaldas del pueblo.
Hace falta demasiada imaginación -o demasiado blindaje facial- para que quien firmó semejante adefesio, y quien después intentó hacerlo pasar escondiendo sus contenidos, ahora se califique a sí mismo como supuestamente dotado de unas "convicciones patrióticas y democráticas" que, sin embargo, no pasan la prueba de la lectura de este esperpento diplomático.
El Canciller se empecina en defender semejante pacto de seguridad exhibiendo un castellano de retrete con el cual pretende denigrar a sus críticos, ya que no los puede acallar con argumentos. En ese patético afán, quiere endilgar una presunta "doble moral" a Martín Torrijos, quien como viceministro de Gobierno y Justicia participó en la suscripción de un acuerdo de Acción Cívica. Quizás el Canciller ignora qué es doble moral. En cualquier caso, no hay comparación que valga: aquél fue un buen acuerdo de su época, que se elaboró sin ocultar nada y con el concurso de la población interesada, fue adecuadamente definido, se concluyó a su debido plazo y dejó satisfactorios resultados.
"Doble moral" son las maromas verbales del Canciller, quien era viceministro de Gobierno y Justicia durante el período en que más creció el narcotráfico en Panamá. Tanto así que en 1993 la Contraloría del Congreso de los Estados Unidos estimó que ese mal se había duplicado en nuestro país después de 1989, y en 1994 el organismo especializado de la ONU dictaminó que en ese mismo lapso Panamá dejó de cumplir las metas y objetivos de la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Que nos diga el Canciller cuál era su discurso de ese entonces. Porque el hecho real es que en nuestro país el combate efectivo contra el narcotráfico empezó después de que él dejó ese despacho.
Si ahora el Canciller desea recuperar credibilidad, lo menos que puede hacer es expulsar de su equipo de colaboradores a quienes negociaron este adefesio de seguridad, y a quienes redactaron las dos burdas Notas de Prensa de la Chancillería, que tan mal lo han hecho quedar. Después de esta limpieza, quizás, en nuestro país podrá volverse a practicar una verdadera diplomacia.
