No es una locura
No creo que haya político, ciudadano o docente entre nosotros que no esté de acuerdo con que nuestro sistema de educación requiere atención y con carácter urgente.
Es claro que estamos quedando rezagados en un tema que afecta a la población entera y que sólo se corrige, si acaso, muy lentamente. Indiscutiblemente es la pilastra más importante en el desarrollo nacional sostenible.
Hay propuestas varias hacia la revisión del currículo, el adiestramiento de los docentes, los incentivos que necesitamos en el sistema, cómo propagar las mejores prácticas y un sinnúmero de medidas administrativas que se pueden tomar.
Sin embargo, en nuestro sistema pareciera que las medidas administrativas y de docencia pasan a segundo, tercero o cuarto plano ante las urgencias y escándalos que reportamos referentes al inmobiliario educativo.
Es decir, como sociedad, pareciera que medimos, aplaudimos o condenamos más a la dirección de nuestra educación en función de la reparación y mantenimiento de sus edificios que en términos educativos.
El Ministerio de la Educación (MEDUCA) tiene suficientes problemas en cuanto a relaciones con los gremios magisteriales, la revisión de la agenda académica, la supervisión de la excelencia en la gestión académica mediante capacitaciones continuas, y la atención a estos temas frente a las presiones migratorias, como para, a la vez, supervisar la licitación y gestión de obras civiles, como la construcción y reparación de las escuelas públicas.
Pero casualmente ese último renglón, que no tiene que ver con la función esencial de esa institución -educación-, se ha convertido en la prueba ácida para la cartera, implicando que la preponderancia de la calificación del Ministerio de Educación gire sobre la ejecución de obras civiles.
La incongruencia es clara, frente a la certeza de que los inspectores y contratistas muy probablemente conozcan más que la dirigencia sobre construcción, lo cual es una fórmula perfecta para corrupción e ineficiencia. Y preciados recursos públicos, dirigidos a Educación, se derrochan en obras civiles que no aguantan ni un año.
A la postre, el sistema secuestra al ministerio y lo conduce a la minuciosa tarea de licitar y supervisar obras civiles, que parece ser incongruente con las prioridades que la nación espera de esa cartera. Todo ello, pese a que en nuestra estructura pública existe otro ministerio que se dedica casi exclusivamente a la licitación de obras de construcción e ingeniería civil, su contratación y supervisión, y está dotado de ingenieros civiles. Este es el caso del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La sugerencia, la locura, es entonces que el elemento de obra civil que actualmente gestiona el MEDUCA pase a gestión del MOP; obviamente no sería la priorización de las obras y obviamente el diseño del plan de gestión quedaría en manos de MEDUCA, pero no la gestión de contratación y supervisión de la obra. En la medida en que los edificios e instalaciones nuevas del MEDUCA no son complicados, no debe de haber mayor problema en separar estas funciones. El propósito es simplemente enfocar al ministro de Educación en Educación, y no en obras civiles. Y exigir entonces su eficiencia y eficacia con base en una función lógica para el puesto.
