¡No a la extracción de arena!
Al fin y al cabo, el Gobierno Nacional ha hecho pública su negativa a las concesiones de extracción de arena en Farallón, provincia de Coclé. Esa noticia es buena, porque comprobado está que la extracción de arena de mar afecta la ecología, el turismo en proyectos de tierra firma o islas, y al desarrollo sostenible de las actividades pesqueras. La ciudadanía en general manifestó su oposición a la extracción indiscriminada y protestó contra todos aquellos que pretenden sorprenderla con estudios ambientales que consideraron amañados y fuera de contexto técnico. Ante la decisión del gobierno, Panamá ingresa así al creciente grupo de países con conciencia ecológica y ambiental, lo que servirá para otorgar a los lugares sostenibles y seguridad de un alto nivel de vida a las futuras generaciones.
La noticia es buena, repito, porque no es aceptable el enriquecimiento de unos pocos mediante la explotación irracional de los recursos nacionales, ni ser objetos de la presión por inseguridad jurídica. La seguridad nacional priva por encima de cualquier otro aspecto, especialmente si es para beneficio del desarrollo sostenible en la incorporación de amplias zonas del país que son aptas para turismo, pesca artesanal o pequeña empresa. Se ha comprobado exhaustivamente que la extracción de arena marina y sus secuelas de pobrezas y miserias, es un modelo de explotación ya desahuciado en la mayoría de los países desarrollados, porque significan una catástrofe ecológica irreparable para el país.
Con las extracciones de arena de mar en Farallón, en donde se afectaría no sólo al proyecto Decameron, sino a otros proyectos que surgen de la iniciativa de Rugieri Gálvez como lo es Playa Blanca y el de Buenaventura de Alberto Vallarino, se pretendía rellenar un área del Canal de Panamá para beneficio del Proyecto Puerto de Balboa-Panama Ports, compañía que podría ser objeto de futuras demandas por parte de los afectados por la extracción de arena de mar. Como lo señaló John Maduro, de Desarrollo de Punta Chame, "los efectos de la extracción de arena no se notan hoy, sino a futuro". Con relación a este tema, la Dra. Rosa Ma. Britton indicó con anterioridad que "la codicia es un impulso demasiado fuerte que no se detiene ante nada, y que en su altanería trata de ignorantes a los que quieren salvar a Farallón". Supongo que se refería a la enorme y fácil ganancia de las empresas extractoras de arena, a los que poco o nada les importa lo que le suceda al entorno y a quienes dependen de él directamente, siempre y cuando sus bolsillos estén bien llenos de dinero.
Sin embargo, las recientes declaraciones del gobierno nada dicen sobre si se va a permitir la extracción en otras costas de nuestra geografía, o si se van a dar autorizaciones para extraer arena a una distancia determinada mar adentro. Eso nos sigue preocupando, porque la extracción de arena de mar es dañina, no importa a qué distancia de nuestras playas se realice y no podemos permitirla nunca. Bajo ninguna circunstancia debe autorizarse una extracción más de arena de mar, ni correrse las coordenadas para autorizarlas a 15 kilómetros o más de nuestras costas, porque de esa forma seguiríamos en el mismo relajo. España, Cuba, Estados Unidos, Grecia, México y otros muchos países tienen estrictamente prohibido sacar algo de arena de sus playas, y Japón además, no permite usar esa arena de mar si no es lavada previamente con agua dulce, debido a la alta corrosión de los metales que ella produce.
El IPAT ya no está solo en esa lucha contra la extracción de arena, porque se le ha sumado la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Legislativa, quienes han pedido al Ejecutivo el no otorgar concesiones areneras, y han brindado su apoyo irrestricto a las comunidades afectadas por tal actividad. Las encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, incluyendo el Foro del Panamá América, también han manifestado en un 98% su censura y oposición a la extracción de arena. El Presidente de la Asociación de Acuicultores ha amenazado con demandar a la Anam por posibles daños al ecosistema submarino y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza pidió investigar concesiones areneras en zonas protegidas del Archipiélago de las Perlas sin los estudios correspondientes.
Hay alternativas para solucionar el problema. Bolívar Márquez la ha señalado públicamente cuando dice que "en el sector de San Carlos, tierra adentro, hay cerros que son verdaderas minas de arena que pudieran ser explotada por las compañías interesadas". Pero es que ya en Panamá eso se conoce hace tiempo, ya que estas minas se encuentran casi en todas las regiones y provincias. Existe arena procedente de reservas continentales ubicadas en montañas, áreas de reserva en las llanuras y reservas de arena en tierra firme, lejos de playas y ríos para que no afecten sus vertientes y sus cuencas, y así se preserve la sostenibilidad del ecosistema. Panamá, al igual que la gran mayoría de los países conscientes de su responsabilidad hacia el futuro, debe tomar muy en cuenta estas alternativas como única solución al problema de la extracción de arena de mar. Autorizarse a que se extraigan arenas de mar de cualquier punto de nuestra geografía, no sería más que dilatar un poco más el daño que, de una u otra forma, se le hará a la calidad de vida de nuestras futuras generaciones.
La noticia es buena, repito, porque no es aceptable el enriquecimiento de unos pocos mediante la explotación irracional de los recursos nacionales, ni ser objetos de la presión por inseguridad jurídica. La seguridad nacional priva por encima de cualquier otro aspecto, especialmente si es para beneficio del desarrollo sostenible en la incorporación de amplias zonas del país que son aptas para turismo, pesca artesanal o pequeña empresa. Se ha comprobado exhaustivamente que la extracción de arena marina y sus secuelas de pobrezas y miserias, es un modelo de explotación ya desahuciado en la mayoría de los países desarrollados, porque significan una catástrofe ecológica irreparable para el país.
Con las extracciones de arena de mar en Farallón, en donde se afectaría no sólo al proyecto Decameron, sino a otros proyectos que surgen de la iniciativa de Rugieri Gálvez como lo es Playa Blanca y el de Buenaventura de Alberto Vallarino, se pretendía rellenar un área del Canal de Panamá para beneficio del Proyecto Puerto de Balboa-Panama Ports, compañía que podría ser objeto de futuras demandas por parte de los afectados por la extracción de arena de mar. Como lo señaló John Maduro, de Desarrollo de Punta Chame, "los efectos de la extracción de arena no se notan hoy, sino a futuro". Con relación a este tema, la Dra. Rosa Ma. Britton indicó con anterioridad que "la codicia es un impulso demasiado fuerte que no se detiene ante nada, y que en su altanería trata de ignorantes a los que quieren salvar a Farallón". Supongo que se refería a la enorme y fácil ganancia de las empresas extractoras de arena, a los que poco o nada les importa lo que le suceda al entorno y a quienes dependen de él directamente, siempre y cuando sus bolsillos estén bien llenos de dinero.
Sin embargo, las recientes declaraciones del gobierno nada dicen sobre si se va a permitir la extracción en otras costas de nuestra geografía, o si se van a dar autorizaciones para extraer arena a una distancia determinada mar adentro. Eso nos sigue preocupando, porque la extracción de arena de mar es dañina, no importa a qué distancia de nuestras playas se realice y no podemos permitirla nunca. Bajo ninguna circunstancia debe autorizarse una extracción más de arena de mar, ni correrse las coordenadas para autorizarlas a 15 kilómetros o más de nuestras costas, porque de esa forma seguiríamos en el mismo relajo. España, Cuba, Estados Unidos, Grecia, México y otros muchos países tienen estrictamente prohibido sacar algo de arena de sus playas, y Japón además, no permite usar esa arena de mar si no es lavada previamente con agua dulce, debido a la alta corrosión de los metales que ella produce.
El IPAT ya no está solo en esa lucha contra la extracción de arena, porque se le ha sumado la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Legislativa, quienes han pedido al Ejecutivo el no otorgar concesiones areneras, y han brindado su apoyo irrestricto a las comunidades afectadas por tal actividad. Las encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, incluyendo el Foro del Panamá América, también han manifestado en un 98% su censura y oposición a la extracción de arena. El Presidente de la Asociación de Acuicultores ha amenazado con demandar a la Anam por posibles daños al ecosistema submarino y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza pidió investigar concesiones areneras en zonas protegidas del Archipiélago de las Perlas sin los estudios correspondientes.
Hay alternativas para solucionar el problema. Bolívar Márquez la ha señalado públicamente cuando dice que "en el sector de San Carlos, tierra adentro, hay cerros que son verdaderas minas de arena que pudieran ser explotada por las compañías interesadas". Pero es que ya en Panamá eso se conoce hace tiempo, ya que estas minas se encuentran casi en todas las regiones y provincias. Existe arena procedente de reservas continentales ubicadas en montañas, áreas de reserva en las llanuras y reservas de arena en tierra firme, lejos de playas y ríos para que no afecten sus vertientes y sus cuencas, y así se preserve la sostenibilidad del ecosistema. Panamá, al igual que la gran mayoría de los países conscientes de su responsabilidad hacia el futuro, debe tomar muy en cuenta estas alternativas como única solución al problema de la extracción de arena de mar. Autorizarse a que se extraigan arenas de mar de cualquier punto de nuestra geografía, no sería más que dilatar un poco más el daño que, de una u otra forma, se le hará a la calidad de vida de nuestras futuras generaciones.
