No a la nacionalización
La presidenta Moscoso ha asegurado que no nacionalizará las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas durante la anterior administración. Su posición es correcta en términos de respeto al principio de estabilidad jurídica, tan indispensable en tiempos malos, cuando se necesita atraer inversionistas. Ella tiene tanto o más mérito por el hecho de que le tocó adversar en su momento como opositora, el proceso de privatización que ahora se ve precisada a defender como gobierno. La política tiene a veces sus ironías para sus protagonistas.
Partiendo, pues, de la base de que hay que respetar los contratos de privatización, no queda otra alternativa que respetar lo pactado y preparar los respectivos mercados para cuando se abran plenamente a la libre competencia. Actualmente, el de la electricidad es semiabierto, no así el de la telefónica que lo será en el 2003.
La presencia de un Ente Regulador, que ya ha acumulado algunos años de experiencia, es un buen primer paso. Las cosas usualmente no nacen perfectas y no deben descartarse algunos ajustes. Pero tales deben hacerse con tacto y buen juicio, consultando a las partes interesadas y de consenso. De otro modo tendrían las reformas un cariz de imposición y de nociva variación de las reglas de juego, lo cual empujaría al desaliento de la inversión.
Evidentemente, los concesionarios que no cumplan los objetivos de calidad previamente establecidos ni las expectativas pactadas, deben ser sustituidos, previo el respeto del principio del debido proceso, y dándoles los preavisos y oportunidades de sanear sus faltas según corresponda.
Mientras nace la libre competencia y se crea la adecuada regulación, será menester revisar las reglas de operación y funcionamiento de las distintas concesionarias, para garantizar una óptima calidad del servicio y evitar el abuso de los consumidores. Claro que pueden elevar los precios para ganar más y sufragar costos en alza, pero eso debe hacerse dentro de márgenes de razonabilidad y racionalidad igual para todos. No es cuestión de favorecer a unas sí y no a otras. El tratamiento ha de ser igual para todos.
Partiendo, pues, de la base de que hay que respetar los contratos de privatización, no queda otra alternativa que respetar lo pactado y preparar los respectivos mercados para cuando se abran plenamente a la libre competencia. Actualmente, el de la electricidad es semiabierto, no así el de la telefónica que lo será en el 2003.
La presencia de un Ente Regulador, que ya ha acumulado algunos años de experiencia, es un buen primer paso. Las cosas usualmente no nacen perfectas y no deben descartarse algunos ajustes. Pero tales deben hacerse con tacto y buen juicio, consultando a las partes interesadas y de consenso. De otro modo tendrían las reformas un cariz de imposición y de nociva variación de las reglas de juego, lo cual empujaría al desaliento de la inversión.
Evidentemente, los concesionarios que no cumplan los objetivos de calidad previamente establecidos ni las expectativas pactadas, deben ser sustituidos, previo el respeto del principio del debido proceso, y dándoles los preavisos y oportunidades de sanear sus faltas según corresponda.
Mientras nace la libre competencia y se crea la adecuada regulación, será menester revisar las reglas de operación y funcionamiento de las distintas concesionarias, para garantizar una óptima calidad del servicio y evitar el abuso de los consumidores. Claro que pueden elevar los precios para ganar más y sufragar costos en alza, pero eso debe hacerse dentro de márgenes de razonabilidad y racionalidad igual para todos. No es cuestión de favorecer a unas sí y no a otras. El tratamiento ha de ser igual para todos.
