No a las altas tarifas
ES MUY DOLOROSO que el pueblo panameño, que ha venido estoicamente enfrentando delicados problemas de desempleo y extrema pobreza, tenga que resignarse al pago de elevadas tarifas por la energía eléctrica, atendiendo a informaciones emanadas de las oficinas del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Así las cosas, el 2006 continuará siendo un año de angustia y desesperanzas para las clases humildes, cuyos presupuestos no están a la altura del injusto costo de vida que se registra a lo largo y ancho del país.
El alza de las tarifas de la energía eléctrica, tal como lo indica la Cámara de Comercio de Panamá, incidirá en los precios de la canasta familiar y en todos los aspectos de vida del panameño y, de esa manera, ha de continuar el empobrecimiento y la falta de oportunidades para miles de compatriotas que desde hace tiempo tratan de encontrar un lugar para trabajar, pero no lo logran debido al desempleo reinante en la República.
Luchar contra las elevadas tarifas de la energía eléctrica y del teléfono, es atender el clamor de centenares de miles de panameños que fueron marginados en el momento en que se privatizaban instituciones de servicio a transnacionales que vienen obteniendo ganancias extraordinarias a costa del sudor y de las lágrimas de una nación sumida en el hambre y el desempleo.
El IRHE al igual que el INTEL fueron instituciones de servicio que dentro de sus deficiencias por falta de mantenimiento adecuado por parte del Estado, cumplían una función social y los más pobres estaban en condiciones de pagar su costo; sin embargo, en la actualidad, el servicio de energía eléctrica y de telefonía son prohibitivos para las clases más necesitadas del país por sus elevadas tarifas que han contribuido a que el costo de la vida en Panamá ande por las nubes.
La lucha contra las privatizaciones debe hacerse sentir en todo el país para acabar, de una vez por todas, con los abusos, atropellos y servicios deficientes que ya han empezado a causar pérdidas en la actividad empresarial y en los hogares de humildes familias panameñas.
La explotación de un pueblo mediante el alza de tarifas no debe continuar por más tiempo. Es saludable que el país se organice para exigir derechos y manifestar que se mantendrá en la lucha mientras existan trasnacionales que, como la de teléfonos y de energía eléctrica, se han propuesto golpear, sin piedad, el salario de hambre de miles de hogares en toda la República.
El presidente de la República, Martín Torrijos Espino, quien manifiesta estar interesado en resolver los graves problemas que confronta la nación y llevar bienestar, paz y tranquilidad a la comunidad nacional, debe aprovechar la magnífica oportunidad que le ha dado la Asamblea Nacional, a fin de liderar un movimiento tendiente a lograr modificaciones en los contratos que traigan mayores beneficios para el pueblo. Por ningún motivo el Gobierno debe permitir este atropello; es de urgencia resolver este problema que viene causando tantos males a las comunidades del país.
No es con subsidios que vamos alcanzar la solución que anhelamos, es con una revisión exhaustiva de los convenios que la nación mantiene con trasnacionales en materia de telefonía y energía eléctrica.
En torno a la CLICLAC y al ENTE REGULADOR, el Sr. Presidente tendrá la ocasión de reestructurar, convenientemente, a estas instituciones que no han logrado laborar como el país lo requiere y se han convertido en oficinas burocráticas que cuestan a la nación cuantiosas sumas de dinero.
Comencemos con una cruzada contra las tarifas de la energía eléctrica y de los teléfonos, y no desmayemos hasta lograr nuestro objetivo. Luego han de venir otras luchas que serán exitosas en la medida en que seamos conscientes de que hay que trabajar y luchar, muy lejos de intereses políticos partidistas, por el progreso y bienestar de una nación que hoy más que nunca necesita el concurso de sus buenos hijos.
Así las cosas, el 2006 continuará siendo un año de angustia y desesperanzas para las clases humildes, cuyos presupuestos no están a la altura del injusto costo de vida que se registra a lo largo y ancho del país.
El alza de las tarifas de la energía eléctrica, tal como lo indica la Cámara de Comercio de Panamá, incidirá en los precios de la canasta familiar y en todos los aspectos de vida del panameño y, de esa manera, ha de continuar el empobrecimiento y la falta de oportunidades para miles de compatriotas que desde hace tiempo tratan de encontrar un lugar para trabajar, pero no lo logran debido al desempleo reinante en la República.
Luchar contra las elevadas tarifas de la energía eléctrica y del teléfono, es atender el clamor de centenares de miles de panameños que fueron marginados en el momento en que se privatizaban instituciones de servicio a transnacionales que vienen obteniendo ganancias extraordinarias a costa del sudor y de las lágrimas de una nación sumida en el hambre y el desempleo.
El IRHE al igual que el INTEL fueron instituciones de servicio que dentro de sus deficiencias por falta de mantenimiento adecuado por parte del Estado, cumplían una función social y los más pobres estaban en condiciones de pagar su costo; sin embargo, en la actualidad, el servicio de energía eléctrica y de telefonía son prohibitivos para las clases más necesitadas del país por sus elevadas tarifas que han contribuido a que el costo de la vida en Panamá ande por las nubes.
La lucha contra las privatizaciones debe hacerse sentir en todo el país para acabar, de una vez por todas, con los abusos, atropellos y servicios deficientes que ya han empezado a causar pérdidas en la actividad empresarial y en los hogares de humildes familias panameñas.
La explotación de un pueblo mediante el alza de tarifas no debe continuar por más tiempo. Es saludable que el país se organice para exigir derechos y manifestar que se mantendrá en la lucha mientras existan trasnacionales que, como la de teléfonos y de energía eléctrica, se han propuesto golpear, sin piedad, el salario de hambre de miles de hogares en toda la República.
El presidente de la República, Martín Torrijos Espino, quien manifiesta estar interesado en resolver los graves problemas que confronta la nación y llevar bienestar, paz y tranquilidad a la comunidad nacional, debe aprovechar la magnífica oportunidad que le ha dado la Asamblea Nacional, a fin de liderar un movimiento tendiente a lograr modificaciones en los contratos que traigan mayores beneficios para el pueblo. Por ningún motivo el Gobierno debe permitir este atropello; es de urgencia resolver este problema que viene causando tantos males a las comunidades del país.
No es con subsidios que vamos alcanzar la solución que anhelamos, es con una revisión exhaustiva de los convenios que la nación mantiene con trasnacionales en materia de telefonía y energía eléctrica.
En torno a la CLICLAC y al ENTE REGULADOR, el Sr. Presidente tendrá la ocasión de reestructurar, convenientemente, a estas instituciones que no han logrado laborar como el país lo requiere y se han convertido en oficinas burocráticas que cuestan a la nación cuantiosas sumas de dinero.
Comencemos con una cruzada contra las tarifas de la energía eléctrica y de los teléfonos, y no desmayemos hasta lograr nuestro objetivo. Luego han de venir otras luchas que serán exitosas en la medida en que seamos conscientes de que hay que trabajar y luchar, muy lejos de intereses políticos partidistas, por el progreso y bienestar de una nación que hoy más que nunca necesita el concurso de sus buenos hijos.
