No a las bases solapadas
El 30 de noviembre, la presidenta Mireya Moscoso recibía las instalaciones de Clayton, y afirmaba que "no adelanta ningún tipo de negociación que signifique de forma alguna, la continuación de presencia militar norteamericana en Panamá"; a instancias de su Ministro de Gobierno, la junta directiva de la ARI, con el apoyo de prominentes figuras del frente empresarial del PRD, cedían partes de Howard, Corozal, Sherman y Quarry Hights como instalaciones de uso militar a la que tendrán acceso los norteamericanos.
La ARI cedió el 5% de las instalaciones Howard, incluído el uso del aeropuerto; varios edificios en Corozal (sistema de comunicaciones); un muelle de Sherman y un edificio de Quarry Hights para uso de tropas norteamericanas (La Prensa, 1/12/99). No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la suma de estas instalaciones constituyen una base militar segmentada, para no hacerse tan evidente.
Los acuerdos de seguridad con EE.UU. son parte de este plan. Se ha hablado al menos tres acuerdos, uno sobre seguridad marítima; otro sobre una base naval en Kuna Yala; y uno aparentemente, firmado ya sobre narcotráfico. Pablo Quintero, jefe del Consejo Nacional de Seguridad, también se ha hablado de un "centro de inteligencia multilateral" (?).
El que se ha denominado como de "seguridad o inteligencia marítima", pretende establecerse dos bases operativas a las entradas del Canal, desde las cuales se vigilarán todos los movimientos de barcos, lanchas, cayucos y puertos de la República. La excusa, "proteger" el Canal. El texto usa literalmente la palabra "base".
En este acuerdo, Panamá pone a disposición personal e instalaciones, pero los gringos, además de su personal, se reservan el derecho de vetar al personal panameño. Los recursos tecnológicos serán manejados por ellos, con capacidad (¿satelital?) para fotografiar a los ocupantes de cualquier embarcación en aguas panameñas. No se esclarece quién tomará las acciones concretas en caso de que se decida abordar o detener un barco determinado (El Panamá América, 19/11/99).
Por su parte, Enrique Garrido (PDC), presidente de la Asamblea Legislativa, desconociendo los acuerdos de su propio pueblo kuna, que en reiteradas ocasiones se ha opuesto al establecimiento de una base militar en sus tierras, está proponiendo la instalación de una base naval en Puerto Obaldía. Por su puesto, esta base tendría capacidad para recibir buques de guerra yanquis.
El Panamá América (30/11/99) reveló la existencia de un acuerdo antidrogas, cuyo texto autoriza a las fuerzas armadas yanquis perseguir, abordar y detener objetivos en Panamá. Este acuerdo permite también el sobrevuelo de aviones norteamericanos sobre el país, con la excusa de combatir el narcotráfico. Lo peor es que aparentemente ya se firmó (entre Ferro y Spadafora) el pasado 24 de septiembre, sin que se haya dado a conocer.
Además, el actual gobierno arnulfista acordó dejar en manos de la Embajada de EE.UU. las 6 hectáreas del cementerio de Corozal, donde hay sepultados 5,000 veteranos yanquis.
Estos hechos demuestran lo que los socialistas decíamos, los acontecimientos de Darién no son otra cosa que un plan bien urdidos para crear las condiciones que "justifiquen" ante los incautos la presencia militar yanqui en Panamá. Los atentados de los paramilitares colombianos en la frontera, armados por ejército de ese país, que a su vez es asesorado y armado por Estados Unidos, buscan legitimar la presencia yanqui en Panamá.
Lo más irónico de la situación es que los políticos que abogaban por la destrucción de las Fuerzas de Defensa de Panamá a manos del ejército yanqui en 1989, y que proponían la policía de "pito y tolete", son los que ahora aducen la "incapacidad" nacional garantizar la seguridad, y corren a rogar que no se vayan los uniformados del Norte.
Por todo ello, las organizaciones populares, obreros y estudiantiles debemos levantar junto a nuestras consignas reivindicativas el rechazo total a estos acuerdos de seguridad, que pretenden entronizar la presencia yanqui en Panamá más allá del 31 de diciembre. ¡Ni bases, ni acuerdos de seguridad! ¡Soberanía total!
La ARI cedió el 5% de las instalaciones Howard, incluído el uso del aeropuerto; varios edificios en Corozal (sistema de comunicaciones); un muelle de Sherman y un edificio de Quarry Hights para uso de tropas norteamericanas (La Prensa, 1/12/99). No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la suma de estas instalaciones constituyen una base militar segmentada, para no hacerse tan evidente.
Los acuerdos de seguridad con EE.UU. son parte de este plan. Se ha hablado al menos tres acuerdos, uno sobre seguridad marítima; otro sobre una base naval en Kuna Yala; y uno aparentemente, firmado ya sobre narcotráfico. Pablo Quintero, jefe del Consejo Nacional de Seguridad, también se ha hablado de un "centro de inteligencia multilateral" (?).
El que se ha denominado como de "seguridad o inteligencia marítima", pretende establecerse dos bases operativas a las entradas del Canal, desde las cuales se vigilarán todos los movimientos de barcos, lanchas, cayucos y puertos de la República. La excusa, "proteger" el Canal. El texto usa literalmente la palabra "base".
En este acuerdo, Panamá pone a disposición personal e instalaciones, pero los gringos, además de su personal, se reservan el derecho de vetar al personal panameño. Los recursos tecnológicos serán manejados por ellos, con capacidad (¿satelital?) para fotografiar a los ocupantes de cualquier embarcación en aguas panameñas. No se esclarece quién tomará las acciones concretas en caso de que se decida abordar o detener un barco determinado (El Panamá América, 19/11/99).
Por su parte, Enrique Garrido (PDC), presidente de la Asamblea Legislativa, desconociendo los acuerdos de su propio pueblo kuna, que en reiteradas ocasiones se ha opuesto al establecimiento de una base militar en sus tierras, está proponiendo la instalación de una base naval en Puerto Obaldía. Por su puesto, esta base tendría capacidad para recibir buques de guerra yanquis.
El Panamá América (30/11/99) reveló la existencia de un acuerdo antidrogas, cuyo texto autoriza a las fuerzas armadas yanquis perseguir, abordar y detener objetivos en Panamá. Este acuerdo permite también el sobrevuelo de aviones norteamericanos sobre el país, con la excusa de combatir el narcotráfico. Lo peor es que aparentemente ya se firmó (entre Ferro y Spadafora) el pasado 24 de septiembre, sin que se haya dado a conocer.
Además, el actual gobierno arnulfista acordó dejar en manos de la Embajada de EE.UU. las 6 hectáreas del cementerio de Corozal, donde hay sepultados 5,000 veteranos yanquis.
Estos hechos demuestran lo que los socialistas decíamos, los acontecimientos de Darién no son otra cosa que un plan bien urdidos para crear las condiciones que "justifiquen" ante los incautos la presencia militar yanqui en Panamá. Los atentados de los paramilitares colombianos en la frontera, armados por ejército de ese país, que a su vez es asesorado y armado por Estados Unidos, buscan legitimar la presencia yanqui en Panamá.
Lo más irónico de la situación es que los políticos que abogaban por la destrucción de las Fuerzas de Defensa de Panamá a manos del ejército yanqui en 1989, y que proponían la policía de "pito y tolete", son los que ahora aducen la "incapacidad" nacional garantizar la seguridad, y corren a rogar que no se vayan los uniformados del Norte.
Por todo ello, las organizaciones populares, obreros y estudiantiles debemos levantar junto a nuestras consignas reivindicativas el rechazo total a estos acuerdos de seguridad, que pretenden entronizar la presencia yanqui en Panamá más allá del 31 de diciembre. ¡Ni bases, ni acuerdos de seguridad! ¡Soberanía total!
