No me digan quién es el juez...
Cada nuevo gobierno "democrático" jura y perjura que uno de sus objetivos es combatir la corrupción. Promete luchar contra y al mismo tiempo, sostiene que es imposible acabar con este cáncer administrativo. Así vemos que los más encumbrados funcionarios se rasgan las vestiduras, asegurando que en sus dominios la honestidad y la transparencia campearán por sus fueros. En verdad, la legislación y las normas administrativas han ido perdiendo rigidez, permitiendo que muchos actos deshonestos sean legales. La premura con que los Consejos de Gabinete declaran de "urgencia notoria" proyectos millonarios visten de legalidad muchos contratos que en el fondo sirven para pagar servicios y contribuciones de la campaña electoral. Si eso no es corrupción , debe tener un nombre muy parecido.
En nuestro medio político, dirigentes políticos y cívicos (con notorias excepciones) aceptan sin rubor que el "espacio político" no es un consenso entre las partes para desarrollar políticas, sino puestos desde los cuales alimentar a sus seguidores. Esto es uno de los peores casos de corrupción y una de las mayores causas del rechazo ciudadano a la clase política.
Por otro lado, los dirigentes de uno y otro bando pretenden hacernos creer que los únicos corruptos son los que se roban la caja menuda o cobran "coimas" por agilizar la burocracia. En ese mundo al revés, el pescado comienza a pudrirse por la cola.
El fenómeno de la corrupción (que ya no es fenómeno), prospera no por la colaboración de los jefes, sino por la tolerancia de los vigilantes y la impunidad de los aprovechados. En todos los sistemas, democráticos o autoritarios, no es el funcionario el que sale a buscar "coimas", sino el negociante el que ofrece su bolsa para lograr favores. Cada vez que se castiga a un coimero de poca o mediana monta, el coimador nunca o casi nunca es castigado. Menos cuando el escándalo es de proporciones.
La corrupción no es un problema exclusivo de los países "en vías de desarrollo". Los mayores atracos y los más sofisticados han tenido lugar en países con suficiente poder y mecanismos para impedirlos. La diferencia entre ellos y nosotros es que allá el que cae va a la cárcel, sea quien sea.
La Justicia. La sapiencia de nuestros estadistas ha dotado a los tres poderes de los suficientes instrumentos para cumplir su función. Uno de ellos es la fuerza de la justicia para encontrar y castigar al culpable. Para ello el fiscalizador no sólo debe ser honrado, sino fuerte para resistir a la presión y a las tentaciones. En la realidad nuestra, la selección de los funcionarios fiscalizadores no ha sido el premio al funcionario probo, sino al ascenso del genuflexo.
Es allí, en mi opinión, donde se esconde el virus de la impunidad. Mientras la justicia no merezca la confianza de los asociados, la clase política no recuperará su credibilidad. Decimos lo anterior porque la mayor corrupción consiste en el intercambio de favores entre el Ejecutivo y el Legislativo y, hace años, entre el Ejecutivo y el Judicial. Fruto de esa situación es el llamado "juega vivo".
Una oportunidad. Una prueba condenatoria del compadrazgo entre el Ejecutivo y el Legislativo es el caso de las famosas partidas circuitales. Como es una convicción general el hecho de que esas partidas son fuente de corrupción política y administrativa, pareciera obvio que el Ejecutivo, verdadero patrón del presupuesto, dejará por fuera esas partidas. No es así y en nombre de la también famosa "gobernabilidad", ambos poderes renuncian unos a administrar y otros a legislar. Ante ese hecho, el recurso a que ha apelado el ciudadano es el que le da la Ley: la Corte Suprema de Justicia.
El Lic. Nander Pitty, una de las mentes jurídicas más claras del foro nacional, ha recurrido a la Corte en demanda de la inconstitucionalidad de las partidas circuitales, cuya eliminación prometió el actual partido en el poder. Los argumentos de Pitty no pueden ser más contundentes. Con el sostén jurídico de las normas constitucionales y legales vigentes él brinda a la Corte la oportunidad de demostrar, no solamente su independencia, sino también el imperio de la Constitución sobre las debilidades y flaquezas humanas. Si a ello sumamos los mismos procesos iniciados por el Dr. Mario Galindo y otros distinguidos juristas, la Corte tendrá la oportunidad de devolver a los legisladores a su función de legislar y al Gobierno a la suya de gobernar.
En nuestro medio político, dirigentes políticos y cívicos (con notorias excepciones) aceptan sin rubor que el "espacio político" no es un consenso entre las partes para desarrollar políticas, sino puestos desde los cuales alimentar a sus seguidores. Esto es uno de los peores casos de corrupción y una de las mayores causas del rechazo ciudadano a la clase política.
Por otro lado, los dirigentes de uno y otro bando pretenden hacernos creer que los únicos corruptos son los que se roban la caja menuda o cobran "coimas" por agilizar la burocracia. En ese mundo al revés, el pescado comienza a pudrirse por la cola.
El fenómeno de la corrupción (que ya no es fenómeno), prospera no por la colaboración de los jefes, sino por la tolerancia de los vigilantes y la impunidad de los aprovechados. En todos los sistemas, democráticos o autoritarios, no es el funcionario el que sale a buscar "coimas", sino el negociante el que ofrece su bolsa para lograr favores. Cada vez que se castiga a un coimero de poca o mediana monta, el coimador nunca o casi nunca es castigado. Menos cuando el escándalo es de proporciones.
La corrupción no es un problema exclusivo de los países "en vías de desarrollo". Los mayores atracos y los más sofisticados han tenido lugar en países con suficiente poder y mecanismos para impedirlos. La diferencia entre ellos y nosotros es que allá el que cae va a la cárcel, sea quien sea.
La Justicia. La sapiencia de nuestros estadistas ha dotado a los tres poderes de los suficientes instrumentos para cumplir su función. Uno de ellos es la fuerza de la justicia para encontrar y castigar al culpable. Para ello el fiscalizador no sólo debe ser honrado, sino fuerte para resistir a la presión y a las tentaciones. En la realidad nuestra, la selección de los funcionarios fiscalizadores no ha sido el premio al funcionario probo, sino al ascenso del genuflexo.
Es allí, en mi opinión, donde se esconde el virus de la impunidad. Mientras la justicia no merezca la confianza de los asociados, la clase política no recuperará su credibilidad. Decimos lo anterior porque la mayor corrupción consiste en el intercambio de favores entre el Ejecutivo y el Legislativo y, hace años, entre el Ejecutivo y el Judicial. Fruto de esa situación es el llamado "juega vivo".
Una oportunidad. Una prueba condenatoria del compadrazgo entre el Ejecutivo y el Legislativo es el caso de las famosas partidas circuitales. Como es una convicción general el hecho de que esas partidas son fuente de corrupción política y administrativa, pareciera obvio que el Ejecutivo, verdadero patrón del presupuesto, dejará por fuera esas partidas. No es así y en nombre de la también famosa "gobernabilidad", ambos poderes renuncian unos a administrar y otros a legislar. Ante ese hecho, el recurso a que ha apelado el ciudadano es el que le da la Ley: la Corte Suprema de Justicia.
El Lic. Nander Pitty, una de las mentes jurídicas más claras del foro nacional, ha recurrido a la Corte en demanda de la inconstitucionalidad de las partidas circuitales, cuya eliminación prometió el actual partido en el poder. Los argumentos de Pitty no pueden ser más contundentes. Con el sostén jurídico de las normas constitucionales y legales vigentes él brinda a la Corte la oportunidad de demostrar, no solamente su independencia, sino también el imperio de la Constitución sobre las debilidades y flaquezas humanas. Si a ello sumamos los mismos procesos iniciados por el Dr. Mario Galindo y otros distinguidos juristas, la Corte tendrá la oportunidad de devolver a los legisladores a su función de legislar y al Gobierno a la suya de gobernar.
