No perdamos la participación del Estado en los
Hoy en día el valor de las acciones en las empresas privatizadas le representa al Estado más de $200 millones al año. Para ser más exacto, en el 2007 los dividendos en Cable & Wireless (telecomunicaciones) le representó en ingresos en el año de $108,107,350; mientras que los dividendos en las empresas eléctricas representaron ingresos por $135,708,917.
El total de $243,816,267 representa casi el 3% del presupuesto general del Estado, equivalente al 16,25% del presupuesto de inversión social.
La liquidez que podría obtener el Estado en estos momentos mediante la venta de dichas acciones no alcanza a justificar la pérdida de este importante componente del presupuesto de ingresos del Estado, pero además implicaría un contrasentido financiero el deshacernos de nuestro patrimonio justamente en un momento en se prevé que la rentabilidad de estas empresas aumente debido al crecimiento de la demanda en el país por estos servicios y, por lo tanto, fácilmente los ingresos del año 2007 podrían aumentar en un 10% a 15% en el 2008 tomando en cuenta el aumento de la factura energética y de telecomunicaciones este año. Es por ello que considero que la decisión no es financieramente recomendable.
Analizándolo desde una perspectiva política, el Banco Mundial, en su informe global para 2008, manifiesta su cambio en la política de privatizaciones recomendada hace 15 años porque hoy en día se ha perdido el carácter social de las empresas de servicio público.
Sencillamente, mientras el criterio que prive sea exclusivamente las ganancias y el capital por encima del criterio social estas empresas de servicio público habrán dejado de cumplir su función social y, por lo tanto, el Estado estará dejando de cumplir con su mandato constitucional de velar porque estos servicios públicos le lleguen a la mayoría de los panameños.
Contrario a la medida de perder la participación del Estado en estas empresas, se impone que hagamos valer la misma no solamente en los dividendos, sino en la garantía de la función social que debe caracterizar un servicio público.
