"Non gratos" declaran a concejales de San Miguelito
Los residentes de Ciudad Jardín San Antonio y barriadas aledañas, que se oponen a la construcción de una gasolinera en esa comunidad, declararon personas "non gratas" al pleno del Consejo Municipal de San Miguelito y al Comandante del Cuerpo de Bomberos, Leopoldo Mojica por autorizar la construcción del mencionado lugar de expendio de combustible.
La declaración de un comité de los residentes de Ciudad Jardín San Antonio, Villa Internacional, Villa Flor, Praderas S.A., Brisas Azul y Cerro Viento Final se dio a través de un comunicado que expidieron luego de sostener una reunión con los concejales para analizar el caso de la gasolinera.
Los vecinos cuestionaron a los concejales por la aprobación de la resolución No. 25 del 24 de octubre de 2000 mediante la cual rechazaron la solicitud de los moradores y " se inhibieron de seguir conociendo el caso de la estación de combustible en San Antonio, corregimiento de José Domingo Espinar".
En la misma resolución los concejales ordenan al alcalde de San Miguelito a que deje sin efecto la orden de suspensión de la obra y recomienda a los moradores a que acudan a los tribunales e instancias jurisdiccionales correspondientes.
En su declaración los vecinos identifican a la presidenta del concejo y representante de José Domingo Espinar, Elsa Cajar; a Héctor Carrasquilla, vicepresidente del concejo y al Teniente Coronel Leopoldo Mojica como los "señores se prestan para violar las normas y leyes establecidas, para beneficiar intereses mezquinos del señor Antonio Botello( propietario de la gasolinera) y los suyos propios".
Los vecinos de las comunidades afectadas recuerdan a los miembros del Consejo Municipal de San Miguelito que el artículo 46 de la Constitución Nacional establece que cuando la aplicación de una ley expedita por motivo de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto, los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
El dirigente de los vecinos, Bolívar Castro, aseguró que la resolución de los concejales es ambivalente porque se inhiben de conocer el caso de la gasolinera, y a la vez señalan que el propietario cumple con toda la documentación para la apertura del local.
"Los vecinos salimos muy decepcionados de la reunión con los concejales porque sólo nos llevaron ahí para limpiar sus caras ante nosotros", expresó Castro.
Denunció que los concejales "están tirando la bola a otro estamento al recomendarnos que tenemos que presentar la demanda ante otra esfera judicial".
Informó que para hoy presentarán un recurso de reconsideración contra la resolución No. 25 del Consejo Municipal de San Miguelito para que revoque su decisión.
El dirigente indicó que el recurso de reconsideración será evaluado por la comisión jurídica del concejo.
"Eso sólo será un trámite porque ya sabemos de que nos van a reiterar lo mismo y nos van a recomendar que vayamos a la Corte", manifestó el dirigente.
Castro advirtió que los residentes acudirán a las "últimas instancias legales que sean posible para frenar la obra".
Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal de San Miguelito, Elsa Cajar, aseguró que esa corporación no está en contra de los moradores y que no les ha cerrado todas las vías sino que les ha recomendado a que acudan a otras instancias judiciales a presentar la respectiva denuncia del caso.
Cajar indicó que los concejales no pueden actuar en contra de la ley por lo que han decidido autorizar la construcción de la gasolinera luego de verificar de que el propietario cumple con todas las documentaciones pertinentes que exige la ley.
Detalló que el concejo realizó una investigación exhausta del caso al visitar el sitio de la construcción de la obra, se entrevistó con el propietario y recogió la opinión de los vecinos de la comunidad.
También señaló que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos dio su visto bueno a la obra.
"No podemos ir contra la ley y hemos recomendado a los vecinos a que acudan a los tribunales ordinarios para interponer su denuncia", agregó la concejal.
Destacó que no podían ir contra la ley porque corrían el riesgo de ser demandados por el propietario de la obra.
La concejal aseguró que el Consejo Municipal de San Miguelito acogerá cualquiera decisión que tomen los tribunales de justicia respectivos sobre este caso.
"Si la Corte ordena que se detenga la obra nosotros actuaremos a favor de la comunidad", manifestó.
Mientras tanto, los trabajos de construcción de la obra están casi en un 80% terminados y los mismos se ubican en la calle principal de Ciudad Jardín San Antonio en la entrada a la barriada Villa Internacional.
En 1994, la constructora Yin y Asociados S.A. obtuvo el permiso para construir la mencionada gasolinera, pero después de las protestas de la comunidad, el entonces alcalde de San Miguelito, John Hoger, revoca el permiso de construcción.
A pocos días del cambio de gobierno, el 26 de agosto de 1999, el Ingeniero Municipal de San Miguelito revalida el permiso de construcción para la gasolinera.
No es hasta, junio de 2000, que el entonces alcalde, Rubén Darío Campos, ordena la suspensión de la obra por presentar documentos alterados para obtener el visto bueno de esa corporación municipal.
Ahora, en octubre de 2000, el Consejo Municipal ordena al alcalde Campos a que deje sin efecto la orden de suspensión de la obra mientras que los vecinos afectados aseguran que acudirán a la Corte Suprema de Justicia para paralizar la gasolinera.
La declaración de un comité de los residentes de Ciudad Jardín San Antonio, Villa Internacional, Villa Flor, Praderas S.A., Brisas Azul y Cerro Viento Final se dio a través de un comunicado que expidieron luego de sostener una reunión con los concejales para analizar el caso de la gasolinera.
Los vecinos cuestionaron a los concejales por la aprobación de la resolución No. 25 del 24 de octubre de 2000 mediante la cual rechazaron la solicitud de los moradores y " se inhibieron de seguir conociendo el caso de la estación de combustible en San Antonio, corregimiento de José Domingo Espinar".
En la misma resolución los concejales ordenan al alcalde de San Miguelito a que deje sin efecto la orden de suspensión de la obra y recomienda a los moradores a que acudan a los tribunales e instancias jurisdiccionales correspondientes.
En su declaración los vecinos identifican a la presidenta del concejo y representante de José Domingo Espinar, Elsa Cajar; a Héctor Carrasquilla, vicepresidente del concejo y al Teniente Coronel Leopoldo Mojica como los "señores se prestan para violar las normas y leyes establecidas, para beneficiar intereses mezquinos del señor Antonio Botello( propietario de la gasolinera) y los suyos propios".
Los vecinos de las comunidades afectadas recuerdan a los miembros del Consejo Municipal de San Miguelito que el artículo 46 de la Constitución Nacional establece que cuando la aplicación de una ley expedita por motivo de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto, los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
El dirigente de los vecinos, Bolívar Castro, aseguró que la resolución de los concejales es ambivalente porque se inhiben de conocer el caso de la gasolinera, y a la vez señalan que el propietario cumple con toda la documentación para la apertura del local.
"Los vecinos salimos muy decepcionados de la reunión con los concejales porque sólo nos llevaron ahí para limpiar sus caras ante nosotros", expresó Castro.
Denunció que los concejales "están tirando la bola a otro estamento al recomendarnos que tenemos que presentar la demanda ante otra esfera judicial".
Informó que para hoy presentarán un recurso de reconsideración contra la resolución No. 25 del Consejo Municipal de San Miguelito para que revoque su decisión.
El dirigente indicó que el recurso de reconsideración será evaluado por la comisión jurídica del concejo.
"Eso sólo será un trámite porque ya sabemos de que nos van a reiterar lo mismo y nos van a recomendar que vayamos a la Corte", manifestó el dirigente.
Castro advirtió que los residentes acudirán a las "últimas instancias legales que sean posible para frenar la obra".
Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal de San Miguelito, Elsa Cajar, aseguró que esa corporación no está en contra de los moradores y que no les ha cerrado todas las vías sino que les ha recomendado a que acudan a otras instancias judiciales a presentar la respectiva denuncia del caso.
Cajar indicó que los concejales no pueden actuar en contra de la ley por lo que han decidido autorizar la construcción de la gasolinera luego de verificar de que el propietario cumple con todas las documentaciones pertinentes que exige la ley.
Detalló que el concejo realizó una investigación exhausta del caso al visitar el sitio de la construcción de la obra, se entrevistó con el propietario y recogió la opinión de los vecinos de la comunidad.
También señaló que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos dio su visto bueno a la obra.
"No podemos ir contra la ley y hemos recomendado a los vecinos a que acudan a los tribunales ordinarios para interponer su denuncia", agregó la concejal.
Destacó que no podían ir contra la ley porque corrían el riesgo de ser demandados por el propietario de la obra.
La concejal aseguró que el Consejo Municipal de San Miguelito acogerá cualquiera decisión que tomen los tribunales de justicia respectivos sobre este caso.
"Si la Corte ordena que se detenga la obra nosotros actuaremos a favor de la comunidad", manifestó.
Mientras tanto, los trabajos de construcción de la obra están casi en un 80% terminados y los mismos se ubican en la calle principal de Ciudad Jardín San Antonio en la entrada a la barriada Villa Internacional.
En 1994, la constructora Yin y Asociados S.A. obtuvo el permiso para construir la mencionada gasolinera, pero después de las protestas de la comunidad, el entonces alcalde de San Miguelito, John Hoger, revoca el permiso de construcción.
A pocos días del cambio de gobierno, el 26 de agosto de 1999, el Ingeniero Municipal de San Miguelito revalida el permiso de construcción para la gasolinera.
No es hasta, junio de 2000, que el entonces alcalde, Rubén Darío Campos, ordena la suspensión de la obra por presentar documentos alterados para obtener el visto bueno de esa corporación municipal.
Ahora, en octubre de 2000, el Consejo Municipal ordena al alcalde Campos a que deje sin efecto la orden de suspensión de la obra mientras que los vecinos afectados aseguran que acudirán a la Corte Suprema de Justicia para paralizar la gasolinera.
