Normas básicas de derechos humanos
LAS ÚLTIMAS SEMANAS se han multiplicado las denuncias ciudadanas por las cada vez más constantes, violaciones a los Derechos Humanos que son perpetradas por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, de manera especial por agentes de la Policía Nacional.
Dentro de dichas denuncias, las que más han impactado a los ciudadanos que se preocupan por lo que acontece en su entorno, están sin duda alguna, las presentadas por personas privadas de libertad o por sus representantes legales. Nuevamente, los abusos de autoridad se adueñan del comportamiento de quienes están llamados a velar y proteger la vida y honra de los habitantes del país. Nuevamente se pisotean las bases fundamentales y los principios que deben guiar un Estado de Derecho y se incumplen y violan los Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.
Hace más de doscientos años que la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, nos enseña que: ¨La ignorancia, el olvido o el desprecio de los Derechos del Hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos.
En Panamá no cabe duda que nuestra estructura social, la dignidad, se encuentra cada día más deteriorada y es por ello que no podemos abandonar, ni dejar a un lado las acciones necesarias para hacer más efectivos todos y cada uno de los derechos fundamentales, de todos y cada uno de nuestros derechos y, en ello también, tenemos que ser exigentes con las autoridades para que los protejan y no los violen.
La eficiencia de las instituciones y los mecanismos previstos para hacer real y cotidianamente efectivos nuestros derechos debe ser una preocupación permanente. No debemos dejar de denunciar a las autoridades que violan los Derechos Humanos, ni tampoco podemos dejar de apoyar a aquellas autoridades que los protegen y se preocupan para que los mismos se cumplan.
Lo que vienen ocurriendo en las cárceles del país, nos debería llenar de vergüenza. La actitud del Ministro de Gobierno y Justicia y del Director Nacional de la Policía nos llena de preocupación, pues nos revelan un absoluto y total desprecio por los Derechos Humanos y por un Estado de Derecho.
Hago un llamado a todas las organizaciones de nuestra sociedad para que redoblemos nuestra vigilancia ante el peligro que se cierne sobre nuestras libertades y nuestra dignidad, y que exijamos el cumplimiento de las normas básicas que deben regir la buena conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y que forman parte del conjunto de instrumentos aprobados, también, por las Naciones Unidas.
Dichas normas establecen que:
1. Todas las personas tienen derecho a igual protección de la Ley, sin discriminación de ninguna clase, y especialmente frente a la violencia y las amenazas. Especial atención merece la protección de grupos potencialmente vulnerables, como niños, ancianos, mujeres, refugiados, desplazados y miembros de grupos minoritarios.
2. Debe tratarse a todas las víctimas del delito con compasión y respeto, y protegerse en particular su seguridad e intimidad.
3. No debe utilizarse la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y en el menor grado posible que exijan las circunstancias.
4. Debe evitarse el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones ilícitas pero pacíficas. Para dispersar reuniones violentas, debe emplearse el menor grado de fuerza posible.
5. No deben emplearse medios letales si no es absolutamente imprescindible para proteger la propia vida o la de otras personas.
6. No debe efectuarse nunca una detención sin base legal para hacerlo y sin ajustarse a los procedimientos legales establecidos para ellos.
7. Debe garantizarse que a todos los detenidos se les permite comunicarse sin demora con sus familiares y su abogado y se les presta toda la asistencia médica que necesiten.
8. Todas las personas detenidas deben recibir un trato humano. No se infligirán, instigarán ni tolerarán actos de tortura o malos tratos en ninguna circunstancia, y hay que negarse a obedecer las órdenes de hacerlo.
9. No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o ¨desapariciones¨, y hay que negarse a cumplir órdenes de hacerlo.
10. Debe informarse de cualquier quebrantamiento de estas normas básicas al funcionario de rango superior y a la fiscalía. Hay que asegurarse de que se toman las medidas necesarias para investigar tal quebrantamiento.
Que cada ciudadano convierta estas normas básicas en un punto de partida para hacer valer su dignidad.
El respeto, la protección, la educación de los Derechos Humanos es una situación que exige de nosotros estudio, compromiso, trabajo y la cotidiana persistencia para reconocer el valor de lo humano.
Dentro de dichas denuncias, las que más han impactado a los ciudadanos que se preocupan por lo que acontece en su entorno, están sin duda alguna, las presentadas por personas privadas de libertad o por sus representantes legales. Nuevamente, los abusos de autoridad se adueñan del comportamiento de quienes están llamados a velar y proteger la vida y honra de los habitantes del país. Nuevamente se pisotean las bases fundamentales y los principios que deben guiar un Estado de Derecho y se incumplen y violan los Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.
Hace más de doscientos años que la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, nos enseña que: ¨La ignorancia, el olvido o el desprecio de los Derechos del Hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos.
En Panamá no cabe duda que nuestra estructura social, la dignidad, se encuentra cada día más deteriorada y es por ello que no podemos abandonar, ni dejar a un lado las acciones necesarias para hacer más efectivos todos y cada uno de los derechos fundamentales, de todos y cada uno de nuestros derechos y, en ello también, tenemos que ser exigentes con las autoridades para que los protejan y no los violen.
La eficiencia de las instituciones y los mecanismos previstos para hacer real y cotidianamente efectivos nuestros derechos debe ser una preocupación permanente. No debemos dejar de denunciar a las autoridades que violan los Derechos Humanos, ni tampoco podemos dejar de apoyar a aquellas autoridades que los protegen y se preocupan para que los mismos se cumplan.
Lo que vienen ocurriendo en las cárceles del país, nos debería llenar de vergüenza. La actitud del Ministro de Gobierno y Justicia y del Director Nacional de la Policía nos llena de preocupación, pues nos revelan un absoluto y total desprecio por los Derechos Humanos y por un Estado de Derecho.
Hago un llamado a todas las organizaciones de nuestra sociedad para que redoblemos nuestra vigilancia ante el peligro que se cierne sobre nuestras libertades y nuestra dignidad, y que exijamos el cumplimiento de las normas básicas que deben regir la buena conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y que forman parte del conjunto de instrumentos aprobados, también, por las Naciones Unidas.
Dichas normas establecen que:
1. Todas las personas tienen derecho a igual protección de la Ley, sin discriminación de ninguna clase, y especialmente frente a la violencia y las amenazas. Especial atención merece la protección de grupos potencialmente vulnerables, como niños, ancianos, mujeres, refugiados, desplazados y miembros de grupos minoritarios.
2. Debe tratarse a todas las víctimas del delito con compasión y respeto, y protegerse en particular su seguridad e intimidad.
3. No debe utilizarse la fuerza salvo que sea estrictamente necesario y en el menor grado posible que exijan las circunstancias.
4. Debe evitarse el empleo de la fuerza en las actuaciones policiales durante reuniones ilícitas pero pacíficas. Para dispersar reuniones violentas, debe emplearse el menor grado de fuerza posible.
5. No deben emplearse medios letales si no es absolutamente imprescindible para proteger la propia vida o la de otras personas.
6. No debe efectuarse nunca una detención sin base legal para hacerlo y sin ajustarse a los procedimientos legales establecidos para ellos.
7. Debe garantizarse que a todos los detenidos se les permite comunicarse sin demora con sus familiares y su abogado y se les presta toda la asistencia médica que necesiten.
8. Todas las personas detenidas deben recibir un trato humano. No se infligirán, instigarán ni tolerarán actos de tortura o malos tratos en ninguna circunstancia, y hay que negarse a obedecer las órdenes de hacerlo.
9. No se perpetrarán, ordenarán ni encubrirán ejecuciones extrajudiciales o ¨desapariciones¨, y hay que negarse a cumplir órdenes de hacerlo.
10. Debe informarse de cualquier quebrantamiento de estas normas básicas al funcionario de rango superior y a la fiscalía. Hay que asegurarse de que se toman las medidas necesarias para investigar tal quebrantamiento.
Que cada ciudadano convierta estas normas básicas en un punto de partida para hacer valer su dignidad.
El respeto, la protección, la educación de los Derechos Humanos es una situación que exige de nosotros estudio, compromiso, trabajo y la cotidiana persistencia para reconocer el valor de lo humano.
