Nos conculcan libertades
EL ANTEPROYECTO de ley que dicta medidas especiales para garantizar la seguridad ciudadana y otras disposiciones, busca establecer sin rodeos un Estado policíaco en Panamá. Para ello encuentra en el recién aprobado Código Penal una herramienta auxiliar y, en las pretensiones de los gobernantes de perpetuarse en el poder, una galopante vorágine de recrear los peores momentos de la dictadura torrijista-norieguista.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que se siente plenamente identificada con el reclamo ciudadano de mayor seguridad y mejor acción de los entes policiales y judiciales en la persecución del crimen, ha emitido un comunicado que, para variar, ha sido ignorado por la casi totalidad de los medios de comunicación. Dado que la obligación del Estado no puede darse violentando los derechos y garantías del debido proceso, establecidos en la Constitución, reproduzco los importantes señalamientos que las autoridades promotoras del anteproyecto no pueden refutar:
"El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, el pasado 3 de abril, contiene varios artículos que contradicen el sistema procesal penal garantista que debe existir, como producto del Pacto de Estado por la Justicia, y es un retroceso en materia de garantías procesales, al darles más poderes a la policía y a los corregidores, a sabiendas de la deficiente preparación de estos funcionarios.
El proyecto de ley de "seguridad ciudadana" violenta las normas del debido proceso... Este proyecto de legislación se puede prestar a muchos abusos.
Igualmente, se le dan más poderes a los corregidores, cuando la decisión del Pacto de Estado fue eliminar la figura de los corregidores y crear los jueces de paz, por ser instituciones politizadas, que violentan el derecho a una justicia de calidad para los ciudadanos.
Con respecto a los menores infractores, en el artículo 18 se establece que los menores permanecerán en los centros de cumplimiento hasta el momento de cumplir 18 años, y una vez llegado a esa edad deberán ser trasladados a un centro penitenciario de adultos. Es altamente conocido que estos centros penitenciarios de adultos no reúnen las condiciones necesarias para la resocialización y, muy por el contrario, son reconocidos como escuelas del crimen; lo que interrumpirá el proceso de resocialización de estos menores, perdiéndose la inversión que se haya hecho durante su estadía en el centro de cumplimiento.
Por otra parte, trasladar la responsabilidad de los centros de cumplimiento de menores a la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, desnaturaliza el principio de jurisdicción especial de menores. Hasta la fecha y a lo largo de todos esos años, el sistema penitenciario no ha podido garantizar a los privados de libertad las condiciones mínimas reconocidas por el orden constitucional y legal nacional y los convenios internacionales, por lo que sería un total retroceso de la justicia penal juvenil.
El problema de violencia e inseguridad que hoy vivimos no es producto de las normas procesales, ni de las penas cortas o largas que contemple nuestra legislación; sino el resultado de la débil estructura familiar de nuestra sociedad, el problema de la exclusión social de muchos panameños y la deficiente acción del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
Tampoco podemos ignorar la falta de voluntad de los gobiernos para destinar los fondos que se requieren en la implementación la ley penal juvenil y la modernización de las instituciones que persiguen el crimen; y se busque ahora, como única salida, el aumento de penas y las medidas procesales inquisitivas...
Tenemos que combatir la criminalidad con las reglas y principios que nos permite la democracia y el Estado de Derecho:
Se debe cumplir con los acuerdos del Pacto de Estado de la Justicia de definir una política criminológica de Estado, y crear el ente rector de dicha política.
Se requiere destinar los recursos para que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan realizar su trabajo de manera eficiente, y no aumentar los plazos procesales a costa de la violación del derecho a la libertad de las personas.
Se requiere de una política social para enfrentar el problema del pandillerismo y de la violencia juvenil, y crear alternativas laborales y educativas para los jóvenes pertenecientes a estas pandillas.
Se requiere destinar los fondos para que entre en plena vigencia la ley penitenciaria, y reducir el alto índice de presos sin condena que asciende a más del 60% de la población carcelaria.
Se deben considerar las estadísticas criminales y otros instrumentos que permitan hacer análisis científicos para combatir de manera eficaz a la delincuencia. Estos instrumentos deben servir para la elaboración de un mapa de la criminalidad, que le permita a los entes policiales saber dónde se cometen los delitos, los tipos de delitos y los recursos que necesitan para combatir a los delincuentes.
Se requiere reestructurar el contenido de los programas de estudio de las academias policiales para garantizar que los egresados tengan el perfil del policía que la sociedad panameña necesita.
Se requiere fomentar los valores dentro de los estamentos policiales, promover en estos una política de intolerancia a actos de corrupción y fortalecer las dependencias encargadas de hacer investigaciones internas de actos irregulares en esas instituciones.
Aunque conocemos que este proyecto de ley ha sido elaborado como parte de los esfuerzos gubernamentales por enfrentar el crimen organizado, creemos firmemente que no ha sido analizados profundamente, ya que contiene algunos artículos que a largo plazo pueden producir un peligroso deterioro de las garantías fundamentales de todos los que vivimos en este país".
Comisión de Justicia y Paz; Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; Asociación Panameña de Derecho Constitucional; Unión de Ciudadanas de Panamá; Centro de Estudios y Acción Social de Panamá; Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico; Colegio Nacional de Periodistas; Central General de Trabajadores de la República de Panamá; Centro de Asistencia Legal Popular.
Manuel Bermúdez: "Considero que el cambio de carriles en avenida Balboa está bien, pues aquí, en horas de la mañana, se registraba un gran congestionamiento vehicular".
Amílcar Ramírez: "El cambio de carriles es conveniente para mejorar el tránsito vehicular. Antes, en horas de la mañana, la congestión vehicular era grande".
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que se siente plenamente identificada con el reclamo ciudadano de mayor seguridad y mejor acción de los entes policiales y judiciales en la persecución del crimen, ha emitido un comunicado que, para variar, ha sido ignorado por la casi totalidad de los medios de comunicación. Dado que la obligación del Estado no puede darse violentando los derechos y garantías del debido proceso, establecidos en la Constitución, reproduzco los importantes señalamientos que las autoridades promotoras del anteproyecto no pueden refutar:
"El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, el pasado 3 de abril, contiene varios artículos que contradicen el sistema procesal penal garantista que debe existir, como producto del Pacto de Estado por la Justicia, y es un retroceso en materia de garantías procesales, al darles más poderes a la policía y a los corregidores, a sabiendas de la deficiente preparación de estos funcionarios.
El proyecto de ley de "seguridad ciudadana" violenta las normas del debido proceso... Este proyecto de legislación se puede prestar a muchos abusos.
Igualmente, se le dan más poderes a los corregidores, cuando la decisión del Pacto de Estado fue eliminar la figura de los corregidores y crear los jueces de paz, por ser instituciones politizadas, que violentan el derecho a una justicia de calidad para los ciudadanos.
Con respecto a los menores infractores, en el artículo 18 se establece que los menores permanecerán en los centros de cumplimiento hasta el momento de cumplir 18 años, y una vez llegado a esa edad deberán ser trasladados a un centro penitenciario de adultos. Es altamente conocido que estos centros penitenciarios de adultos no reúnen las condiciones necesarias para la resocialización y, muy por el contrario, son reconocidos como escuelas del crimen; lo que interrumpirá el proceso de resocialización de estos menores, perdiéndose la inversión que se haya hecho durante su estadía en el centro de cumplimiento.
Por otra parte, trasladar la responsabilidad de los centros de cumplimiento de menores a la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia, desnaturaliza el principio de jurisdicción especial de menores. Hasta la fecha y a lo largo de todos esos años, el sistema penitenciario no ha podido garantizar a los privados de libertad las condiciones mínimas reconocidas por el orden constitucional y legal nacional y los convenios internacionales, por lo que sería un total retroceso de la justicia penal juvenil.
El problema de violencia e inseguridad que hoy vivimos no es producto de las normas procesales, ni de las penas cortas o largas que contemple nuestra legislación; sino el resultado de la débil estructura familiar de nuestra sociedad, el problema de la exclusión social de muchos panameños y la deficiente acción del Estado en la lucha contra el crimen organizado.
Tampoco podemos ignorar la falta de voluntad de los gobiernos para destinar los fondos que se requieren en la implementación la ley penal juvenil y la modernización de las instituciones que persiguen el crimen; y se busque ahora, como única salida, el aumento de penas y las medidas procesales inquisitivas...
Tenemos que combatir la criminalidad con las reglas y principios que nos permite la democracia y el Estado de Derecho:
Se debe cumplir con los acuerdos del Pacto de Estado de la Justicia de definir una política criminológica de Estado, y crear el ente rector de dicha política.
Se requiere destinar los recursos para que el Ministerio Público y la Policía Nacional puedan realizar su trabajo de manera eficiente, y no aumentar los plazos procesales a costa de la violación del derecho a la libertad de las personas.
Se requiere de una política social para enfrentar el problema del pandillerismo y de la violencia juvenil, y crear alternativas laborales y educativas para los jóvenes pertenecientes a estas pandillas.
Se requiere destinar los fondos para que entre en plena vigencia la ley penitenciaria, y reducir el alto índice de presos sin condena que asciende a más del 60% de la población carcelaria.
Se deben considerar las estadísticas criminales y otros instrumentos que permitan hacer análisis científicos para combatir de manera eficaz a la delincuencia. Estos instrumentos deben servir para la elaboración de un mapa de la criminalidad, que le permita a los entes policiales saber dónde se cometen los delitos, los tipos de delitos y los recursos que necesitan para combatir a los delincuentes.
Se requiere reestructurar el contenido de los programas de estudio de las academias policiales para garantizar que los egresados tengan el perfil del policía que la sociedad panameña necesita.
Se requiere fomentar los valores dentro de los estamentos policiales, promover en estos una política de intolerancia a actos de corrupción y fortalecer las dependencias encargadas de hacer investigaciones internas de actos irregulares en esas instituciones.
Aunque conocemos que este proyecto de ley ha sido elaborado como parte de los esfuerzos gubernamentales por enfrentar el crimen organizado, creemos firmemente que no ha sido analizados profundamente, ya que contiene algunos artículos que a largo plazo pueden producir un peligroso deterioro de las garantías fundamentales de todos los que vivimos en este país".
Comisión de Justicia y Paz; Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; Asociación Panameña de Derecho Constitucional; Unión de Ciudadanas de Panamá; Centro de Estudios y Acción Social de Panamá; Centro de Investigación de Derechos Humanos y Socorro Jurídico; Colegio Nacional de Periodistas; Central General de Trabajadores de la República de Panamá; Centro de Asistencia Legal Popular.
Manuel Bermúdez: "Considero que el cambio de carriles en avenida Balboa está bien, pues aquí, en horas de la mañana, se registraba un gran congestionamiento vehicular".
Amílcar Ramírez: "El cambio de carriles es conveniente para mejorar el tránsito vehicular. Antes, en horas de la mañana, la congestión vehicular era grande".
