Nuestras porosas fronteras
El primer deber del Gobierno es brindar seguridad a la población. Por motivos de proximidad y pertinencia la opinión pública se ha concentrado en los temas de seguridad en las ciudades; en los temas de pandillas y criminalidad común así como en los disturbios callejeros. Sin embargo, hay otra realidad y es que por nuestras fronteras terrestres y marítimas pasa quien le da la gana y con lo que le da la gana como Pedro por su casa.
Es común estar en alguna de nuestras islas y escuchar en la noche los motores de las lanchas rápidas que, al cobijo de la oscuridad, seguramente transportan drogas u otro tipo de contrabando. También es conocido que Panamá es punto de trasiego de indocumentados camino a Estados Unidos, ni qué decir de las constantes informaciones referentes al tráfico de armamentos.
Nuestra Constitución Política prevé la constitución de cuerpos especializados de guardafronteras, sin embargo, los gobiernos postdictadura han preferido enviar unidades de la Policía Nacional y del SPI a cumplir esas funciones. Esto es un error, ya que no es lo mismo patrullar una calle de San Miguelito que patrullar las costas del Golfo de San Miguel. No es lo mismo enfrentarse al hampa en la jungla de asfalto que enfrentar una columna de paramilitares en la jungla darienita.
Si por Darién llueve, por Bocas del Toro no escampa; se sabe que entre Panamá y Costa Rica hay ni menos de 800 trochas clandestinas por donde se trafican, drogas, bienes y personas sin ningún control. Ya es hora de que se establezca por ley el Servicio de Guardafronteras y se deje de improvisar con policías citadinos y unidades del SPI, cuya presencia es más útil e importante en las ciudades. No hacerlo presenta el peligro de la remilitarización de la Policía Nacional, la transformación del SPI en una guardia pretoriana y todo tipo de incidentes lamentables, causados por unidades policiales traumatizadas por no contar con la preparación previa y el apoyo posterior, de quien tiene que pasar de la noche a la mañana de la civilización a la selva y vuelta.
Nuestra Constitución estableció el camino. Cada actividad de la fuerza pública que requiere destrezas especializadas debe ser ejercida por instituciones separadas. No hacerlo de esa manera es ineficiente y peligroso para nuestra democracia.
Es común estar en alguna de nuestras islas y escuchar en la noche los motores de las lanchas rápidas que, al cobijo de la oscuridad, seguramente transportan drogas u otro tipo de contrabando. También es conocido que Panamá es punto de trasiego de indocumentados camino a Estados Unidos, ni qué decir de las constantes informaciones referentes al tráfico de armamentos.
Nuestra Constitución Política prevé la constitución de cuerpos especializados de guardafronteras, sin embargo, los gobiernos postdictadura han preferido enviar unidades de la Policía Nacional y del SPI a cumplir esas funciones. Esto es un error, ya que no es lo mismo patrullar una calle de San Miguelito que patrullar las costas del Golfo de San Miguel. No es lo mismo enfrentarse al hampa en la jungla de asfalto que enfrentar una columna de paramilitares en la jungla darienita.
Si por Darién llueve, por Bocas del Toro no escampa; se sabe que entre Panamá y Costa Rica hay ni menos de 800 trochas clandestinas por donde se trafican, drogas, bienes y personas sin ningún control. Ya es hora de que se establezca por ley el Servicio de Guardafronteras y se deje de improvisar con policías citadinos y unidades del SPI, cuya presencia es más útil e importante en las ciudades. No hacerlo presenta el peligro de la remilitarización de la Policía Nacional, la transformación del SPI en una guardia pretoriana y todo tipo de incidentes lamentables, causados por unidades policiales traumatizadas por no contar con la preparación previa y el apoyo posterior, de quien tiene que pasar de la noche a la mañana de la civilización a la selva y vuelta.
Nuestra Constitución estableció el camino. Cada actividad de la fuerza pública que requiere destrezas especializadas debe ser ejercida por instituciones separadas. No hacerlo de esa manera es ineficiente y peligroso para nuestra democracia.
