Nuestro sistema político: un resultado racional
Si bien es cierto que los hechos que ha vivido el país en los últimos años y la creciente falta de credibilidad en la clase política han planteado la necesidad de introducir cambios estructurales en las normas de conducción del Estado, éstas no han prosperado. Los recientes escándalos de la Asamblea Legislativa han llevado a que se esboce que la única solución para terminar con estos males, es la no reelección de los mismos. Pero, ¿es realmente la solución? Probablemente no. Y es que si cambian las personas, mas no las reglas del juego, seguiremos enfrentando los mismos problemas.
La argumentación de ello puede ser presentada desde la tan criticada teoría de elección racional, la cual más allá de su satirizado homus economicus busca comprender el fondo de muchas conductas que no parecen óptimas. Dentro de este tipo de esquemas, uno de los modelos más conocidos es el del dilema del prisionero. En él, dos detenidos a punto de ser interrogados por haber perpetrado el mismo delito, se le dice a cada uno por separado, que si confiesa y delata al otro, se le absolverá y al otro se le condenará a la pena máxima (20 años); mientras que si ambos confiesan y se delatan mutuamente, tendrán la misma pena mínima (unos 10 años). Por otra parte, si ninguno confiesa, a cada uno se le imputará una pena de cinco años por un delito menor (un delito que puede probarse sin confesión). La conducta estratégica individual lleva a los dos prisioneros a confesar.
Esa es la mejor estrategia individual o dominante, porque independiente de qué conducta adopte el otro individuo, la más conveniente será siempre la de confesar (ver, Mas Collel et al, "Microeconomics Theory"). La pregunta obligada es, ¿por qué se toma una solución que a todas luces no resulta óptima, máxime cuando existe la posibilidad de una mejor alternativa? Una explicación que se ha dado a este tipo de situaciones se encuentra en que las estructuras de incentivos de cooperación chocan cuando los individuos enfrentan decisiones a nivel individual con las decisiones que velan por el interés colectivo.
Así, y al igual que en el dilema del prisionero, quizás el problema reside en que el marco normativo de la política panameña conjuga mal las necesidades de coordinación de las políticas y la supervivencia electoral. Las reglas electorales y constitucionales permiten al Ejecutivo y Legislativo bloquearse mutuamente, pero no les da seguridad suficiente a todos para poder cooperar (quizás por ello los legisladores oficialistas voten por todas las leyes que promueve el gobierno y los de oposición las rechacen), salvo por el intercambio indebido de favores entre bloques opuestos. Lo cierto es que todos ellos toman decisiones que creen que van a satisfacer a sus electorados particulares, o en todo caso a sus propios intereses, sin tomar en consideración que trabajan para todos los habitantes del país.
De este modo, las reglas existentes no les exigen que coordinen decisiones que permitan el debido desenvolvimiento del sistema político y más importante aún, el correcto funcionamiento de la economía en el largo plazo. Con este tipo de sistema, evidentemente sólo hay espacio para dos resultados posibles: políticas inconsistentes o políticas que reparten las cargas de una manera incoherente. De allí que, con el tiempo, la ineficacia y la falta de equidad nos hayan llevado a tener el sistema que tenemos.
Con esto parece que los políticos son los que han resultado los grandes ganadores con las actuales reglas, por lo que consecuentemente no tendrán ningún incentivo para reformarlas, porque hacerlo amenazaría su supervivencia (desde una perspectiva de Teoría de Juegos, ningún jugador racional jugaría una estrategia estrictamente dominada, y quizás lo más interesante es que estas representan estrategias no creíbles de efectuarse), prueba de ello es ver cómo se ha manejado el asunto de las Reformas Constituciones y más el momento en que se presentan los cambios del Reglamento Interno del Legislativo.
Es por ello que aunque antes de votar contemos con el conjunto más completo de información sobre la capacidad y honestidad de los funcionarios, seguiremos teniendo los mismos problemas si el marco normativo de nuestra política no cambia. Como siempre, los nuevos políticos encontrarán que el comportamiento de aquellos a quienes remplazan no era casual sino una respuesta racional a restricciones e incentivos que enfrentaban. Sólo hace falta ver cómo los "dirigentes" y políticos que ayer recibieron nuestra admiración y respeto, son hoy objeto de serios cuestionamientos. No queremos decir que no debemos analizar a conciencia nuestro voto, ni que dejemos de buscar a los mejores para el manejo de la cosa publica, sino que si nuestros políticos no poseen un conjunto de reglas que los induzcan a hacer su trabajo de un modo más acorde con el bienestar y las preferencias de los ciudadanos, la misma condena nos espera con la generación de nuevos políticos que vengan.
En nuestras manos está exigir que los cambios en la normativa que rige a nuestras instituciones se realice, pues esperar que los cambios vengan de los partidos políticos no es una "estrategia racional".
(patricio.mosquera@economista.com)
La argumentación de ello puede ser presentada desde la tan criticada teoría de elección racional, la cual más allá de su satirizado homus economicus busca comprender el fondo de muchas conductas que no parecen óptimas. Dentro de este tipo de esquemas, uno de los modelos más conocidos es el del dilema del prisionero. En él, dos detenidos a punto de ser interrogados por haber perpetrado el mismo delito, se le dice a cada uno por separado, que si confiesa y delata al otro, se le absolverá y al otro se le condenará a la pena máxima (20 años); mientras que si ambos confiesan y se delatan mutuamente, tendrán la misma pena mínima (unos 10 años). Por otra parte, si ninguno confiesa, a cada uno se le imputará una pena de cinco años por un delito menor (un delito que puede probarse sin confesión). La conducta estratégica individual lleva a los dos prisioneros a confesar.
Esa es la mejor estrategia individual o dominante, porque independiente de qué conducta adopte el otro individuo, la más conveniente será siempre la de confesar (ver, Mas Collel et al, "Microeconomics Theory"). La pregunta obligada es, ¿por qué se toma una solución que a todas luces no resulta óptima, máxime cuando existe la posibilidad de una mejor alternativa? Una explicación que se ha dado a este tipo de situaciones se encuentra en que las estructuras de incentivos de cooperación chocan cuando los individuos enfrentan decisiones a nivel individual con las decisiones que velan por el interés colectivo.
Así, y al igual que en el dilema del prisionero, quizás el problema reside en que el marco normativo de la política panameña conjuga mal las necesidades de coordinación de las políticas y la supervivencia electoral. Las reglas electorales y constitucionales permiten al Ejecutivo y Legislativo bloquearse mutuamente, pero no les da seguridad suficiente a todos para poder cooperar (quizás por ello los legisladores oficialistas voten por todas las leyes que promueve el gobierno y los de oposición las rechacen), salvo por el intercambio indebido de favores entre bloques opuestos. Lo cierto es que todos ellos toman decisiones que creen que van a satisfacer a sus electorados particulares, o en todo caso a sus propios intereses, sin tomar en consideración que trabajan para todos los habitantes del país.
De este modo, las reglas existentes no les exigen que coordinen decisiones que permitan el debido desenvolvimiento del sistema político y más importante aún, el correcto funcionamiento de la economía en el largo plazo. Con este tipo de sistema, evidentemente sólo hay espacio para dos resultados posibles: políticas inconsistentes o políticas que reparten las cargas de una manera incoherente. De allí que, con el tiempo, la ineficacia y la falta de equidad nos hayan llevado a tener el sistema que tenemos.
Con esto parece que los políticos son los que han resultado los grandes ganadores con las actuales reglas, por lo que consecuentemente no tendrán ningún incentivo para reformarlas, porque hacerlo amenazaría su supervivencia (desde una perspectiva de Teoría de Juegos, ningún jugador racional jugaría una estrategia estrictamente dominada, y quizás lo más interesante es que estas representan estrategias no creíbles de efectuarse), prueba de ello es ver cómo se ha manejado el asunto de las Reformas Constituciones y más el momento en que se presentan los cambios del Reglamento Interno del Legislativo.
Es por ello que aunque antes de votar contemos con el conjunto más completo de información sobre la capacidad y honestidad de los funcionarios, seguiremos teniendo los mismos problemas si el marco normativo de nuestra política no cambia. Como siempre, los nuevos políticos encontrarán que el comportamiento de aquellos a quienes remplazan no era casual sino una respuesta racional a restricciones e incentivos que enfrentaban. Sólo hace falta ver cómo los "dirigentes" y políticos que ayer recibieron nuestra admiración y respeto, son hoy objeto de serios cuestionamientos. No queremos decir que no debemos analizar a conciencia nuestro voto, ni que dejemos de buscar a los mejores para el manejo de la cosa publica, sino que si nuestros políticos no poseen un conjunto de reglas que los induzcan a hacer su trabajo de un modo más acorde con el bienestar y las preferencias de los ciudadanos, la misma condena nos espera con la generación de nuevos políticos que vengan.
En nuestras manos está exigir que los cambios en la normativa que rige a nuestras instituciones se realice, pues esperar que los cambios vengan de los partidos políticos no es una "estrategia racional".
(patricio.mosquera@economista.com)
