Nueva Carta Magna y Comisión de la Verdad
Pensionado
A pesar de mi avanzada edad (82 años), sigo luchando diariamente para controlar los múltiples quebrantos de salud, que me aquejan, con el sano propósito de poder contribuir con relación a los numerosos conceptos negativos publicados en los principales medios de comunicación del país por algunos conocidos influyentes políticos de la oposición, que sueñan día y noche, sentarse algún día en el codiciado sillón del Palacio Presidencial, y para conseguir sus anhelados propósitos, no escatiman recurrir a cualquier coyuntura o debilidad que muestren los actuales dirigentes de este gobierno, para lanzar a diestra y siniestra, toda clase de adjetivos desprestigiantes: (ineptos, ineficientes), incapaces de solucionar los agudos problemas económicos del país, las cuales, según mi humilde opinión, no tienen solidez ni credibilidad, porque a este sufrido pueblo panameño ya no pueden engañarlo tan fácilmente, como en los viejos tiempos, aunque paguen lo que sea, porque el dinero les sobra.
No estoy objetando el derecho que tiene todo ciudadano panameño de superarse y aspirar a elegir y ser elegido a cualquier puesto público por votación popular, sino más que todo para manifestar mi desacuerdo con el lenguaje usado hoy día, para criticar al gobierno y que cada vez se acercan más al insulto, los cuales contrastan diametralmente con los mesurados escritos de las personas que se atrevían a criticar al gobierno dictatorial dirigido por el general Omar Torrijos, y posteriormente al dictador que lo reemplazó, quien se distinguió del primero en que era más malo, mató más gente, robó más, dejó las arcas del Estado sin un real, una monstruosa deuda impagable, y para retapón dejó al país arruinado en todos los órdenes y agonizando de pura hambre. Se pueden decir muchas cosas de los dos dictadores, pero tengo algunas cosas importantes que quiero proponer y el espacio es limitado.
Panamá necesita una nueva Carta Magna para eliminar la inmensa burocracia existente improductiva, creada por la dictadura y posteriormente, aumentada por los sucesivos gobiernos semidemocráticos: desde 1989 hasta el 2000.
La mejor y más beneficiosa inversión social que debe hacer cualquier buen gobierno es para la educación. Ningún país de este planeta puede progresar si no invierte suficiente recurso económico en el renglón educacional. Por éstas y muchas otras razones, sugiero al Ejecutivo que dé prioridad a la solución del agudo déficit educacional existente y para su solución, presento la sugerencia que consiste en la utilización de los actuales partidos circuitales, distribuidas a cada legislador para obras sociales, para lo cual es necesario asignar la suma total de dichas partidas al Ministerio de Educación y así dar cumplimiento al Artículo 91 de la Constitución Nacional que dice que la educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza de educación básica general. La gratuidad implica para el Estado, proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general. La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagado en los niveles no obligatorios.
Por otro lado, aprovecho la oportunidad para felicitar a la Excelentísimo Presidenta de la República por su atinada decisión de nombrar la "Comisión de la Verdad" y también por haber dotado a la misma de una importante ayuda económica, para que ésta pueda hacer un buen trabajo.
Creo, que el nombramiento de la "Comisión de la Verdad" en Panamá, puede servir al mismo tiempo, como un aldabonazo en la parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual se ha mostrado últimamente muy activa en defensa de dichos postulados, principalmente en los países democráticos más débiles como Panamá; y no le tenga miedo a Fidel Castro y proceda como es su obligación, nombrar la Comisión de la Verdad para que investigue las violaciones a los derechos humanos en Cuba, y haga todo lo que legalmente puede hacer para que sienten al bárbaro dictador cubano, en el banquillo de los acusados, y no esperen que llegue a la misma edad de Augusto Pinochet, para después decir que no lo condenan por estar muy viejo y enfermo.