Nueva estrategia hemisférica de EU
En Monterrey, México, está delineándose hoy la nueva estrategia hemisférica de Estados Unidos para América Latina, dentro del marco de la segunda Cumbre de las Américas, en seguimiento de la celebrada en abril de 2001 en Québec, Canadá. En esta ocasión, sin embargo, el secretario de Estado Colin L. Powell es portador del trascendental mensaje.
Hacía tiempo que Estados Unidos se encontraba en mora en delinear una nueva visión para el continente, a tono con su natural liderazgo en la región y el mundo. Desde los años 60, cuando el presidente John Kennedy delineó su célebre “Alianza para el Progreso”, que derramó millones de dólares y asistencia hacia Latinoamérica, la potencia norteña venía llevando a cabo una política continental ausente de objetivos, caracterizada por la improvisación y el alejamiento, lo cual se acentuó desde 1989 con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.
Y es raro, porque cada treinta años, surge en Estados Unidos un estadista que retoma la visión continental coherente, imprimiéndole su propio sello. Así ocurrió con Theodore Roosevelt a partir de 1901 con su política de expansión imperialista hacia el Caribe (Cuba, Santo Domingo, Panamá, etc.), luego con Franklin Delano Roosevelt a partir de 1931 con su “política del buen vecino”, y finalmente John Kennedy a partir de 1961. Luego de eso, sobrevino un bache histórico en la política exterior norteamericana, que intenta llenar el actual mandatario, George Bush a partir de esa cumbre, 43 años después de Kennedy, con 13 años de retraso respecto al ritmo histórico tridecenal expuesto.
¿Estamos realmente en presencia de una nueva estrategia hemisférica? La respuesta la dará el tiempo y los hechos. Nos basta con decir que Colin Powell plantea tres principios propios de esa estrategia, los cuales enumera como sus objetivos: “el fortalecimiento de la democracia representativa, promoción del buen ejercicio del gobierno y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En desarrollo de esos principios, Powell menciona la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos como su piedra angular, puesto que nada erosiona tanto las democracias de América Latina que ese mal. “Estamos decididos a hacer que el tesoro público se use sólo en beneficio público, no en beneficio privado”, nos dice. Luego explica: “Les denegaremos un refugio seguro a los funcionarios corruptos en fuga y a sus bienes”,...” revocaremos las visas de funcionarios extranjeros que consideremos son corruptos” y “seguiremos colaborando con nuestros asociados regionales para mejorar su capacidad de enjuiciar a los que cometan delitos administrativos o burocráticos”. El concepto de “delito burocrático” como modalidad de corrupción, es a nuestro juicio, novedoso, y puede implicar extendidas malas prácticas administrativas tales como la tardanza maliciosa de trámites, licitaciones amañadas, prácticas discriminatorias, etc.
Este esfuerzo de relaciones públicas de la ACP es loable, como lo es también de aquellos que difieren, con respecto al alto costo del proyecto, el problema social de los embalses, que remueve a los campesinos de sus tierras, cuestionamiento de los mismos embalses, la desconfianza sobre la construcción de las hidroeléctricas, la destrucción de nuestros bosques, la pérdida de terreno para la agricultura, y la mayoría silenciosa teme que si el proyecto falla, todos los accionistas tendrán que pagar el “pato” por generaciones.
Me parece que este conflicto (y costo) puede reducirse considerablemente utilizando innovaciones tecnológicas verdaderamente de punta, que harían del Canal de Panamá, la vía más eficiente en la faz de la tierra. Para esto se requerirá valor, oportunidad, respaldo y confianza de que los panameños podemos hacerlo mejor administrativa y tecnológicamente.
Hacía tiempo que Estados Unidos se encontraba en mora en delinear una nueva visión para el continente, a tono con su natural liderazgo en la región y el mundo. Desde los años 60, cuando el presidente John Kennedy delineó su célebre “Alianza para el Progreso”, que derramó millones de dólares y asistencia hacia Latinoamérica, la potencia norteña venía llevando a cabo una política continental ausente de objetivos, caracterizada por la improvisación y el alejamiento, lo cual se acentuó desde 1989 con la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética.
Y es raro, porque cada treinta años, surge en Estados Unidos un estadista que retoma la visión continental coherente, imprimiéndole su propio sello. Así ocurrió con Theodore Roosevelt a partir de 1901 con su política de expansión imperialista hacia el Caribe (Cuba, Santo Domingo, Panamá, etc.), luego con Franklin Delano Roosevelt a partir de 1931 con su “política del buen vecino”, y finalmente John Kennedy a partir de 1961. Luego de eso, sobrevino un bache histórico en la política exterior norteamericana, que intenta llenar el actual mandatario, George Bush a partir de esa cumbre, 43 años después de Kennedy, con 13 años de retraso respecto al ritmo histórico tridecenal expuesto.
¿Estamos realmente en presencia de una nueva estrategia hemisférica? La respuesta la dará el tiempo y los hechos. Nos basta con decir que Colin Powell plantea tres principios propios de esa estrategia, los cuales enumera como sus objetivos: “el fortalecimiento de la democracia representativa, promoción del buen ejercicio del gobierno y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En desarrollo de esos principios, Powell menciona la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos como su piedra angular, puesto que nada erosiona tanto las democracias de América Latina que ese mal. “Estamos decididos a hacer que el tesoro público se use sólo en beneficio público, no en beneficio privado”, nos dice. Luego explica: “Les denegaremos un refugio seguro a los funcionarios corruptos en fuga y a sus bienes”,...” revocaremos las visas de funcionarios extranjeros que consideremos son corruptos” y “seguiremos colaborando con nuestros asociados regionales para mejorar su capacidad de enjuiciar a los que cometan delitos administrativos o burocráticos”. El concepto de “delito burocrático” como modalidad de corrupción, es a nuestro juicio, novedoso, y puede implicar extendidas malas prácticas administrativas tales como la tardanza maliciosa de trámites, licitaciones amañadas, prácticas discriminatorias, etc.
Este esfuerzo de relaciones públicas de la ACP es loable, como lo es también de aquellos que difieren, con respecto al alto costo del proyecto, el problema social de los embalses, que remueve a los campesinos de sus tierras, cuestionamiento de los mismos embalses, la desconfianza sobre la construcción de las hidroeléctricas, la destrucción de nuestros bosques, la pérdida de terreno para la agricultura, y la mayoría silenciosa teme que si el proyecto falla, todos los accionistas tendrán que pagar el “pato” por generaciones.
Me parece que este conflicto (y costo) puede reducirse considerablemente utilizando innovaciones tecnológicas verdaderamente de punta, que harían del Canal de Panamá, la vía más eficiente en la faz de la tierra. Para esto se requerirá valor, oportunidad, respaldo y confianza de que los panameños podemos hacerlo mejor administrativa y tecnológicamente.
