Nuevo ataque a la privacidad financiera
Washington (AIPE)- Nada tanto como sus propios fracasos logra ampliar más el poder del gobierno. Los ataques terroristas del 11 de septiembre lo confirman. Por ejemplo, las transacciones financieras en Estados Unidos vienen siendo monitoreadas desde hace años para combatir delitos. Pero ese monitoreo no detectó las nueve cuentas en el banco Sun Trust utilizadas por los terroristas islámicos. Entonces, ¿qué piensan hacer las autoridades? Quieren que los bancos hagan más de lo mismo que nunca resultó en el pasado.
Las principales empresas financieras de Estados Unidos y las agencias policiales del gobierno federal están por culminar un acuerdo que le daría extensos poderes a la policía para hacerle seguimiento al dinero de terroristas. La idea es utilizar el computarizado sistema financiero nacional para hacerle un seguimiento constante a individuos sospechosos o a quienes se les conozcan conexiones con redes terroristas. Si hay transacciones entre ellos, los bancos enviarán los datos al gobierno.
Pasarle esa información al gobierno parece una buena idea para combatir el terrorismo, pero esos acuerdos deben apuntar a terroristas en lugar de a gente inocente.
La sed gubernamental por obtener información proviene de la idea que la privacidad financiera es un obstáculo para las fuerzas de la ley y en la lucha contra el terrorismo. Pero eso ignora el hecho que las autoridades ya tienen el derecho a obtener la documentación si hay suficiente razón para sospechar que se ha cometido un delito.
Desde el principio, las autoridades de Washington han equiparado las investigaciones contra los terroristas con sus esfuerzos en contra del lavado de dinero. Pero la realidad es que las leyes contra el lavado no han funcionado. Por ejemplo, bajo la actual Ley de Secreto Bancario, alrededor del 85% de los bancos elaboran perfiles de su clientela, sometiendo Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) al FBI, al Servicio Secreto y al Servicio de Aduanas sobre actividades que consideran sospechosas. Los abogados estadounidenses y 59 agencias gubernamentales tienen acceso a esa información sin causa probable. Sin embargo, nadie detectó los 100 mil dólares recibidos por Mohamed Atta unas semanas antes del 11 de septiembre, aunque la transacción estaba en la base de datos y el nombre de Atta aparecía en la lista de los terroristas "más buscados" por el FBI.
Parte del problema es que las leyes contra el lavado de dinero crean un vasto océano de información que las autoridades no logran navegar. El asesor económico del presidente Bush, Larry Lindsey, informó que entre 1987 y 1995 los bancos reportaron 77 millones de transacciones sospechosas a la base de datos del RAS. Sólo 3 mil investigaciones de lavado de dinero fueron iniciadas, las cuales resultaron en apenas 580 condenas. Es decir, el gobierno logró una condena por cada 133.000 transacciones reportadas. Esos números comprueban que las autoridades están siendo abrumadas por la cantidad de documentación que tienen que examinar, por lo que no logran ver lo que sí deberían detectar.
Si las leyes contra el lavado de dinero han fracasado combatiendo el narcotráfico, no tienen ninguna esperanza de ser efectivas contra el terrorismo. Según el FMI, los narcotraficantes lavan 1.500.000.000.000 de dólares al año. Por el contrario, Washington calcula que los terroristas invirtieron apenas medio millón de dólares en los ataques del 11 de septiembre. Las transacciones internacionales suman 1.200.000.000.000 de dólares al día y no es realista creer que se pueda encontrar allí medio millón de dólares. Además, la mayoría de los grupos terroristas utilizan sistemas financieros informales, sin documentación escrita, y que, por lo tanto, están fuera del alcance de los bancos y de las autoridades estadounidenses.
Por último, el plan tiene el riesgo de acabar con lo poco que queda de nuestra privacidad financiera. ¿Qué le pasaría a gente inocente que tenga el mismo nombre y apellido que un terrorista? ¿Será la información destruida una vez que esa persona sea declarada inocente?
Importantes derechos constitucionales están en juego. En particular, la Cuarta Enmienda de la Constitución protege nuestra privacidad contra el abuso del poder gubernamental, pero lamentablemente la historia nos confirma que los gobiernos no respetan esas salvaguardias cuando recolectan información.
En vez de lanzarse a repetir políticas erradas, el gobierno debe quitarle a las instituciones financieras la obligación de espiar a su clientela, mientras que los servicios de inteligencia se deben concentrar en infiltrar a las organizaciones terroristas. Destruir nuestra privacidad financiera no acabará con el terrorismo. * Analista del Cato Institute. (c) www.aipenet.com
Las principales empresas financieras de Estados Unidos y las agencias policiales del gobierno federal están por culminar un acuerdo que le daría extensos poderes a la policía para hacerle seguimiento al dinero de terroristas. La idea es utilizar el computarizado sistema financiero nacional para hacerle un seguimiento constante a individuos sospechosos o a quienes se les conozcan conexiones con redes terroristas. Si hay transacciones entre ellos, los bancos enviarán los datos al gobierno.
Pasarle esa información al gobierno parece una buena idea para combatir el terrorismo, pero esos acuerdos deben apuntar a terroristas en lugar de a gente inocente.
La sed gubernamental por obtener información proviene de la idea que la privacidad financiera es un obstáculo para las fuerzas de la ley y en la lucha contra el terrorismo. Pero eso ignora el hecho que las autoridades ya tienen el derecho a obtener la documentación si hay suficiente razón para sospechar que se ha cometido un delito.
Desde el principio, las autoridades de Washington han equiparado las investigaciones contra los terroristas con sus esfuerzos en contra del lavado de dinero. Pero la realidad es que las leyes contra el lavado no han funcionado. Por ejemplo, bajo la actual Ley de Secreto Bancario, alrededor del 85% de los bancos elaboran perfiles de su clientela, sometiendo Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) al FBI, al Servicio Secreto y al Servicio de Aduanas sobre actividades que consideran sospechosas. Los abogados estadounidenses y 59 agencias gubernamentales tienen acceso a esa información sin causa probable. Sin embargo, nadie detectó los 100 mil dólares recibidos por Mohamed Atta unas semanas antes del 11 de septiembre, aunque la transacción estaba en la base de datos y el nombre de Atta aparecía en la lista de los terroristas "más buscados" por el FBI.
Parte del problema es que las leyes contra el lavado de dinero crean un vasto océano de información que las autoridades no logran navegar. El asesor económico del presidente Bush, Larry Lindsey, informó que entre 1987 y 1995 los bancos reportaron 77 millones de transacciones sospechosas a la base de datos del RAS. Sólo 3 mil investigaciones de lavado de dinero fueron iniciadas, las cuales resultaron en apenas 580 condenas. Es decir, el gobierno logró una condena por cada 133.000 transacciones reportadas. Esos números comprueban que las autoridades están siendo abrumadas por la cantidad de documentación que tienen que examinar, por lo que no logran ver lo que sí deberían detectar.
Si las leyes contra el lavado de dinero han fracasado combatiendo el narcotráfico, no tienen ninguna esperanza de ser efectivas contra el terrorismo. Según el FMI, los narcotraficantes lavan 1.500.000.000.000 de dólares al año. Por el contrario, Washington calcula que los terroristas invirtieron apenas medio millón de dólares en los ataques del 11 de septiembre. Las transacciones internacionales suman 1.200.000.000.000 de dólares al día y no es realista creer que se pueda encontrar allí medio millón de dólares. Además, la mayoría de los grupos terroristas utilizan sistemas financieros informales, sin documentación escrita, y que, por lo tanto, están fuera del alcance de los bancos y de las autoridades estadounidenses.
Por último, el plan tiene el riesgo de acabar con lo poco que queda de nuestra privacidad financiera. ¿Qué le pasaría a gente inocente que tenga el mismo nombre y apellido que un terrorista? ¿Será la información destruida una vez que esa persona sea declarada inocente?
Importantes derechos constitucionales están en juego. En particular, la Cuarta Enmienda de la Constitución protege nuestra privacidad contra el abuso del poder gubernamental, pero lamentablemente la historia nos confirma que los gobiernos no respetan esas salvaguardias cuando recolectan información.
En vez de lanzarse a repetir políticas erradas, el gobierno debe quitarle a las instituciones financieras la obligación de espiar a su clientela, mientras que los servicios de inteligencia se deben concentrar en infiltrar a las organizaciones terroristas. Destruir nuestra privacidad financiera no acabará con el terrorismo. * Analista del Cato Institute. (c) www.aipenet.com
