Nuevo eslabón en una cadena de errores
A la cadena de medidas adoptadas por los señores diputados de nuestra Asamblea Nacional, y que les ha merecido la mayoritaria repulsa ciudadana, ha venido a sumarse ahora un nuevo eslabón. Se trata de su reciente decisión de que solamente ellos pueden postular candidatos para ejercer una de las magistraturas del Tribunal Electoral.
Esa es una medida que es antidemocrática, ilegal y humillante. Es, fundamentalmente, una decisión antidemocrática, porque le cierra el paso a la libre postulación como se había venido haciendo hasta el presente. Cualquier ciudadano que se considerara con méritos, únicamente tenía que presentar su hoja de vida y sustentar sus méritos. Ahora deberá contar con el apoyo de al menos diez diputados.
Es ilegal porque la ley no faculta a la Asamblea ni mucho menos a los diputados para postular, sino para escoger a uno de los postulantes para el cargo y nombrarlo. Cualquier reglamentación al margen de la Ley, podrá ser atacada ante la Corte Suprema de Justicia y dejará en suspenso el nombramiento que se haya surtido, alejándose del texto legal y hasta constitucional.
Y resulta humillante, porque obliga a todo aspirante a actuar como un mendigo en búsqueda de quienes les presten apoyo y los presenten. Desventuradamente con ello se conduce al ciudadano corriente a pensar que la postulación le sería condicionada a cambio de algún favor, si el aspirante fuera el escogido y nombrado.
Y para colmo de males, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Paredes, quiere reproducir el entuerto, para adoptarlo en la elección del Defensor del Pueblo.
Vislumbramos la lista de Diputados "recomendando" tal o cual persona, obviamente perteneciente a su "clientela", para un puestito en el Tribunal Electoral o en la Defensoría del Pueblo.
La creatividad de nuestros mal llamados "Padres de la Patria" debiera utilizarse para desprenderse de sus abusivos privilegios, en vez de enredar más al país.
Esa es una medida que es antidemocrática, ilegal y humillante. Es, fundamentalmente, una decisión antidemocrática, porque le cierra el paso a la libre postulación como se había venido haciendo hasta el presente. Cualquier ciudadano que se considerara con méritos, únicamente tenía que presentar su hoja de vida y sustentar sus méritos. Ahora deberá contar con el apoyo de al menos diez diputados.
Es ilegal porque la ley no faculta a la Asamblea ni mucho menos a los diputados para postular, sino para escoger a uno de los postulantes para el cargo y nombrarlo. Cualquier reglamentación al margen de la Ley, podrá ser atacada ante la Corte Suprema de Justicia y dejará en suspenso el nombramiento que se haya surtido, alejándose del texto legal y hasta constitucional.
Y resulta humillante, porque obliga a todo aspirante a actuar como un mendigo en búsqueda de quienes les presten apoyo y los presenten. Desventuradamente con ello se conduce al ciudadano corriente a pensar que la postulación le sería condicionada a cambio de algún favor, si el aspirante fuera el escogido y nombrado.
Y para colmo de males, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Paredes, quiere reproducir el entuerto, para adoptarlo en la elección del Defensor del Pueblo.
Vislumbramos la lista de Diputados "recomendando" tal o cual persona, obviamente perteneciente a su "clientela", para un puestito en el Tribunal Electoral o en la Defensoría del Pueblo.
La creatividad de nuestros mal llamados "Padres de la Patria" debiera utilizarse para desprenderse de sus abusivos privilegios, en vez de enredar más al país.
