Nuevos balances del Canal de Panamá
Ha sido muy saludable la publicación de un artículo de Eloy Alfaro, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quien expone algunos criterios sobre el futuro del Canal y su posición frente a la actual administración de la vía acuática. La ciudadanía panameña ha estado bajo la impresión por cierto tiempo de que la junta directiva de la Autoridad del Canal confunde lo que ella misma llama "ser apolítico" con un silencio que cae en el "secretismo". El debate en torno a la posición geográfica del país y el Canal tiene que ser inclusive. Desafortunadamente, tanto los gobiernos de turno como la composición de la junta directiva de la ACP obstaculizan en forma sistemática la discusión política del futuro de nuestros recursos estratégicos.
Durante varios lustros el lema de los gobiernos de turno (antes de 1989 y después) era que la transferencia del Canal debía hacerse en forma "imperceptible". Este planteamiento estaba dirigido a que la transferencia del Canal de EEUU a Panamá se efectuara sin crear alteraciones para los grandes usuarios (navieros) de la vía. El balance después de un año de administración panameña del Canal es que efectivamente los barcos siguen pasando de un océano a otro sin cambios aparentes, a pesar de la retirada norteamericana. Sin embargo, también ha pasado "imperceptible" el hecho que la vía acuática fue transferida a una pequeña elite de financistas y sus abogados, quienes monopolizan los cargos en la junta directiva de la ACP.
Probablemente por esta razón el esperado artículo del miembro de la junta directiva de la ACP, Eloy Alfaro, sobre el Canal de Panamá se refiere a las operaciones de la vía como un problema meramente financiero. Es decir, las tesis que esgrime se refieren a los intereses de quienes son representados en la junta directiva y pasa por alto los intereses del país. Los miembros de la junta directiva de la ACP podrían responder que sus intereses coinciden con los intereses del país. Este enfoque, además de ser equivocado, sería arrogante.
En forma atinada, Eloy Alfaro aborda el problema de los proyectos de ampliación del Canal de Panamá. Según Alfaro, para tomar una decisión al respecto hay que "tener los elementos de juicio suficientes para considerar el tema con la responsabilidad y con el cuidado que el mismo amerita". Alfaro enumera un total de cinco "elementos" que considera importantes. Entre ellos, no incluye la inserción de las actividades del Canal a la economía nacional. Tampoco se refiere a la forma en que el Canal beneficiará el desarrollo integral del país. Además, no plantea cómo el Canal contribuirá al desarrollo de la ciencia y tecnología en Panamá. Antes de continuar evaluando lo omitido veamos los cinco elementos que Alfaro considera importantes para la toma de decisiones.
"Las proyecciones de mercado y tráfico" por el Canal.
"La ampliación" del Canal, "incluyendo tamaño de nuevas esclusas, ubicación, suministro de agua, costo, ingeniería financiera y tiempo de construcción".
"La política de peajes".
"El impacto ambiental y social del proyecto".
Los "contactos efectivos con la comunidad internacional, especialmente con los usuarios".
Según los comentarios de Alfaro, la junta directiva de la ACP sólo debe preocuparse de pasar barcos por el Canal. Se olvida que esa es la función de la administración del Canal (Alberto Alemán Zubieta parece que lo está haciendo bien). La ACP tiene que tener una visión integral del Canal y su relación con el país cuyo pueblo luchó durante un siglo para sumarlo a sus activos.
La junta directiva de la ACP tiene que entender que el Canal de Panamá no es un negocio más. En el siglo XX, EEUU concibió el Canal como una empresa estratégica para promover su desarrollo. En la actualidad, hay que concebirla como una empresa estratégica para promover el desarrollo de Panamá en el siglo XXI.
Lo primero que llama la atención del planteamiento de Alfaro es la "marcha atrás" en relación al proyecto de convertir el norte de la provincia de Coclé en una reserva de agua para el Canal. Señala que el análisis del impacto social tiene que incorporar a "las comunidades directamente afectadas... al proceso de decisiones". Es un pequeño paso en la dirección correcta.
Regresemos a las omisiones de Alfaro. Se olvidó decir que la junta directiva de la ACP tiene que estudiar a fondo la integración del Canal a la economía del país. Existen un número plural de actividades que la posición geográfica de Panamá y el Canal pueden estimular y promover a lo largo y ancho del país. El gobierno y la ACP tienen que estudiar estas posibilidades y proyectarlas en beneficio del desarrollo del país. (Obviamente, se requiere de una visión de país y una voluntad política capaz de organizar los esfuerzos de todos los panameños. Desafortunadamente, la visión de país ha sido diluida y la voluntad política ha desaparecido. Un reto para la ACP es encabezar el esfuerzo para recuperar la visión y la voluntad nacionales.
Otro aspecto omitido en el artículo de Alfaro se refiere a la ciencia y tecnología. El Canal de Panamá es una empresa que opera con la tecnología más avanzada del mundo y con una política de innovación permanente. Para que la operación del Canal no se estanque en un futuro próximo, esa capacidad científica que representa la vía tiene que extenderse al resto del país. De lo contrario, el Canal se convertirá en unos pocos lustros en una "gran finca bananera" interoceánica. El trabajo barato y de baja productividad de los panameños y el Istmo continuarán estando al servicio de los grandes usuarios del transporte marítimo sin arrojar beneficio alguno para el país y su población.
Sin duda, estos asuntos que conciernen el país son de la inmediata incumbencia de la junta directiva de la ACP. Los miembros de la junta directiva de la ACP no pueden esconderse detrás del "apolitismo" con el propósito de defender los intereses financistas de una pequeña elite, y olvidarse del objetivo estratégico que representa la vía acuática. Para contar los ingresos por concepto de peajes o para tomar decisiones sobre el tamaño de la flota de transporte terrestre de la ACP no se necesita una junta directiva de 11 miembros.
La ACP necesita una junta directiva que guíe la política de la vía acuática en dos direcciones. En primer lugar, un objetivo práctico: Asegurar el nivel de excelencia del servicio que presta el Canal (para lo cual tiene que invertir en el recurso humano presente y futuro con las innovaciones científicas y tecnológicas). En segundo lugar, un objetivo estratégico: Que los beneficios que representa brindar servicios de excelencia a la marina mercante mundial se extiendan al país entero elevando las tasas de empleo y la productividad de todos los panameños.
Si el gobierno no le exige a la junta directiva (nombrada por el ex presidente Pérez Balladades en 1998) que cumpla con sus compromisos, de poco vale el artículo de Eloy Alfaro que abre el tema a un debate saludable y político (ni politiquero y tampoco partidista).
Durante varios lustros el lema de los gobiernos de turno (antes de 1989 y después) era que la transferencia del Canal debía hacerse en forma "imperceptible". Este planteamiento estaba dirigido a que la transferencia del Canal de EEUU a Panamá se efectuara sin crear alteraciones para los grandes usuarios (navieros) de la vía. El balance después de un año de administración panameña del Canal es que efectivamente los barcos siguen pasando de un océano a otro sin cambios aparentes, a pesar de la retirada norteamericana. Sin embargo, también ha pasado "imperceptible" el hecho que la vía acuática fue transferida a una pequeña elite de financistas y sus abogados, quienes monopolizan los cargos en la junta directiva de la ACP.
Probablemente por esta razón el esperado artículo del miembro de la junta directiva de la ACP, Eloy Alfaro, sobre el Canal de Panamá se refiere a las operaciones de la vía como un problema meramente financiero. Es decir, las tesis que esgrime se refieren a los intereses de quienes son representados en la junta directiva y pasa por alto los intereses del país. Los miembros de la junta directiva de la ACP podrían responder que sus intereses coinciden con los intereses del país. Este enfoque, además de ser equivocado, sería arrogante.
En forma atinada, Eloy Alfaro aborda el problema de los proyectos de ampliación del Canal de Panamá. Según Alfaro, para tomar una decisión al respecto hay que "tener los elementos de juicio suficientes para considerar el tema con la responsabilidad y con el cuidado que el mismo amerita". Alfaro enumera un total de cinco "elementos" que considera importantes. Entre ellos, no incluye la inserción de las actividades del Canal a la economía nacional. Tampoco se refiere a la forma en que el Canal beneficiará el desarrollo integral del país. Además, no plantea cómo el Canal contribuirá al desarrollo de la ciencia y tecnología en Panamá. Antes de continuar evaluando lo omitido veamos los cinco elementos que Alfaro considera importantes para la toma de decisiones.
"Las proyecciones de mercado y tráfico" por el Canal.
"La ampliación" del Canal, "incluyendo tamaño de nuevas esclusas, ubicación, suministro de agua, costo, ingeniería financiera y tiempo de construcción".
"La política de peajes".
"El impacto ambiental y social del proyecto".
Los "contactos efectivos con la comunidad internacional, especialmente con los usuarios".
Según los comentarios de Alfaro, la junta directiva de la ACP sólo debe preocuparse de pasar barcos por el Canal. Se olvida que esa es la función de la administración del Canal (Alberto Alemán Zubieta parece que lo está haciendo bien). La ACP tiene que tener una visión integral del Canal y su relación con el país cuyo pueblo luchó durante un siglo para sumarlo a sus activos.
La junta directiva de la ACP tiene que entender que el Canal de Panamá no es un negocio más. En el siglo XX, EEUU concibió el Canal como una empresa estratégica para promover su desarrollo. En la actualidad, hay que concebirla como una empresa estratégica para promover el desarrollo de Panamá en el siglo XXI.
Lo primero que llama la atención del planteamiento de Alfaro es la "marcha atrás" en relación al proyecto de convertir el norte de la provincia de Coclé en una reserva de agua para el Canal. Señala que el análisis del impacto social tiene que incorporar a "las comunidades directamente afectadas... al proceso de decisiones". Es un pequeño paso en la dirección correcta.
Regresemos a las omisiones de Alfaro. Se olvidó decir que la junta directiva de la ACP tiene que estudiar a fondo la integración del Canal a la economía del país. Existen un número plural de actividades que la posición geográfica de Panamá y el Canal pueden estimular y promover a lo largo y ancho del país. El gobierno y la ACP tienen que estudiar estas posibilidades y proyectarlas en beneficio del desarrollo del país. (Obviamente, se requiere de una visión de país y una voluntad política capaz de organizar los esfuerzos de todos los panameños. Desafortunadamente, la visión de país ha sido diluida y la voluntad política ha desaparecido. Un reto para la ACP es encabezar el esfuerzo para recuperar la visión y la voluntad nacionales.
Otro aspecto omitido en el artículo de Alfaro se refiere a la ciencia y tecnología. El Canal de Panamá es una empresa que opera con la tecnología más avanzada del mundo y con una política de innovación permanente. Para que la operación del Canal no se estanque en un futuro próximo, esa capacidad científica que representa la vía tiene que extenderse al resto del país. De lo contrario, el Canal se convertirá en unos pocos lustros en una "gran finca bananera" interoceánica. El trabajo barato y de baja productividad de los panameños y el Istmo continuarán estando al servicio de los grandes usuarios del transporte marítimo sin arrojar beneficio alguno para el país y su población.
Sin duda, estos asuntos que conciernen el país son de la inmediata incumbencia de la junta directiva de la ACP. Los miembros de la junta directiva de la ACP no pueden esconderse detrás del "apolitismo" con el propósito de defender los intereses financistas de una pequeña elite, y olvidarse del objetivo estratégico que representa la vía acuática. Para contar los ingresos por concepto de peajes o para tomar decisiones sobre el tamaño de la flota de transporte terrestre de la ACP no se necesita una junta directiva de 11 miembros.
La ACP necesita una junta directiva que guíe la política de la vía acuática en dos direcciones. En primer lugar, un objetivo práctico: Asegurar el nivel de excelencia del servicio que presta el Canal (para lo cual tiene que invertir en el recurso humano presente y futuro con las innovaciones científicas y tecnológicas). En segundo lugar, un objetivo estratégico: Que los beneficios que representa brindar servicios de excelencia a la marina mercante mundial se extiendan al país entero elevando las tasas de empleo y la productividad de todos los panameños.
Si el gobierno no le exige a la junta directiva (nombrada por el ex presidente Pérez Balladades en 1998) que cumpla con sus compromisos, de poco vale el artículo de Eloy Alfaro que abre el tema a un debate saludable y político (ni politiquero y tampoco partidista).
