Obligaciones del Gobierno en Darién
El retiro de puestos policiales en los poblados de Paya y Púcuro expone la fragilidad del sistema de seguridad del estado panameño a los irregulares colombianos, llámense Autodefensas Unidas o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero la inexistencia de seguridad policial es parte de un vacío mayor: la inexistencia en esa zona de Darién de las instituciones estatales básicas.
En conclusión, la presencia del Estado panameño en esta área altamente estratégica es débil, casi nula. No hay escuelas, puesto médico ni policial, correos. Las dependencias públicas están en poblados distantes, de suerte que un poblador de Púcuro o Paya debe viajar horas por vía fluvial y mucho más por vía terrestre para recibir atención médica, despachar un telegrama. Las distancias imposibilitan que los niños del lugar obtengan servicios educativos oficiales.
Los sucesos del sábado 16 no sólo ponen al descubierto la carencia de protección policial en un área transformada en corredor constante de tránsito de paramilitares y guerrilleros colombianos. Exhiben también la desprotección social y cultural de panameños de origen kuna, que tienen iguales derechos constitucionales que el resto de los panameños de otros orígenes étnicos para ser atendidos en la satisfacción de necesidades elementales.
El jefe de la Policía Nacional dijo en conferencia de prensa reciente que el retiro de fuerzas policiales de Paya y Púcuro se debe a circunstancias especiales. Pero no explicó en qué consisten esas circunstancias especiales y la opinión pública quiere conocerlas, puesto que, a causa de ese inconcebible retiro policial, fueron asesinados cuatro panameños.
En rigor, no sabemos cómo podría justificarse el abandono policial en zonas amagadas por malhechores colombianos cuando el sentido común dicta el refuerzo permanente de la seguridad policial, primero, para proteger la vida y bienes de los panameños que allí residen; segundo, para impedir la consuetudinaria violación de la soberanía territorial panameña.
Se ha exigido hasta la saciedad la presencia estable de fuerzas policiales en los pueblos fronterizos. El reportaje del Canal 2 mostró las solicitudes dramáticas de los pobladores para alcanzar garantías para sus vidas. Pero las lágrimas de los kunas por los asesinatos desgarradores de sus hermanos de sangre no han logrado conmover a los miembros de un gobierno que no cumple las obligaciones que les señala la Constitución del Estado y los ha dejado a merced de asesinos inescrupulosos disfrazados de revolucionarios.
En conclusión, la presencia del Estado panameño en esta área altamente estratégica es débil, casi nula. No hay escuelas, puesto médico ni policial, correos. Las dependencias públicas están en poblados distantes, de suerte que un poblador de Púcuro o Paya debe viajar horas por vía fluvial y mucho más por vía terrestre para recibir atención médica, despachar un telegrama. Las distancias imposibilitan que los niños del lugar obtengan servicios educativos oficiales.
Los sucesos del sábado 16 no sólo ponen al descubierto la carencia de protección policial en un área transformada en corredor constante de tránsito de paramilitares y guerrilleros colombianos. Exhiben también la desprotección social y cultural de panameños de origen kuna, que tienen iguales derechos constitucionales que el resto de los panameños de otros orígenes étnicos para ser atendidos en la satisfacción de necesidades elementales.
El jefe de la Policía Nacional dijo en conferencia de prensa reciente que el retiro de fuerzas policiales de Paya y Púcuro se debe a circunstancias especiales. Pero no explicó en qué consisten esas circunstancias especiales y la opinión pública quiere conocerlas, puesto que, a causa de ese inconcebible retiro policial, fueron asesinados cuatro panameños.
En rigor, no sabemos cómo podría justificarse el abandono policial en zonas amagadas por malhechores colombianos cuando el sentido común dicta el refuerzo permanente de la seguridad policial, primero, para proteger la vida y bienes de los panameños que allí residen; segundo, para impedir la consuetudinaria violación de la soberanía territorial panameña.
Se ha exigido hasta la saciedad la presencia estable de fuerzas policiales en los pueblos fronterizos. El reportaje del Canal 2 mostró las solicitudes dramáticas de los pobladores para alcanzar garantías para sus vidas. Pero las lágrimas de los kunas por los asesinatos desgarradores de sus hermanos de sangre no han logrado conmover a los miembros de un gobierno que no cumple las obligaciones que les señala la Constitución del Estado y los ha dejado a merced de asesinos inescrupulosos disfrazados de revolucionarios.
