Ojalá la cumbre...
En noviembre del año que decurre, se celebrará en Panamá la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se dedicará a la niñez y la adolescencia.
Esta convocatoria responde a la creciente corriente de acuerdos en pro de este sector de la población mundial, largamente abusado y víctima de una indiferencia pavorosa, pese a varios convenios internacionales y la promulgación de legislación nacional que implementa y en ocasiones desarrolla estos acuerdos.
Sin pretender, por su diversidad y profundidad, más que esbozar el tema y plantear una idea central, en materia de derechos de la niñez y la adolescencia recordamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Optativos, sobre el reclutamiento forzoso de la niñez y su participación en conflictos armados, sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantiles, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo del año que decurre.
A nivel local aludimos a la Ley N°17 de 15 de junio de 2000, "por la cual se aprueba el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo". También, la Ley N°18 de 15 de junio de 2000, "por la cual se aprueba el convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación".
Ambos convenios fueron adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. El primero de los mencionados, de 26 de junio de 1973, ha sido ratificado por nuestro "rgano Legislativo con un retardo que no puede menos que considerarse lesivo para los intereses de la niñez que se pretende proteger. El segundo es de 17 de junio de 1999, ratificado al año siguiente por nuestra Asamblea.
Todos los convenios mencionados procuran hacer efectivos los derechos infantiles consagrados en ellos. Sin embargo, las hermosas proclamas chocan con la aterradora crudeza del mundo infantil de hoy. Pese a todo lo convenido en beneficio de nuestros niños y adolescentes, nos encontramos con que estos seres son maltratados, separados de sus familias, esclavizados, en otros lugares forzados a participar como combatientes en conflictos armados, prostituidos, vendidos como mercancía pornográfica, violados, asesinados, forzados a vender estupefacientes, abocados a trabajos agotadores, privados en consecuencia del derecho a la educación, pagados salarios no acordes con los trabajos realizados, en resumen, privados de casi todos sus derechos, incluso los más elementales. A pesar de algunos loables pero tímidos esfuerzos, como Casa Esperanza, el balance lamentablemente es negativo.
Nos encontramos, así, con un hermoso conjunto de convenios y reconocimientos que lastimosamente no se corresponden con la práctica. Llega el momento de preguntar: ¿Para qué la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otras relacionadas con la materia, si en realidad no suelen superar la calidad de declaraciones programáticas?
El pesimista podría tener a estos convenios como perjudiciales si se consideran como un fin, pues en tal caso resultarían estériles. Pero no son más que el inicio del camino para hacer justicia, un reconocimiento de derechos que debe encontrar su contrapartida en la realidad. ¡No somos pesimistas! Las convenciones mencionadas describen los entuertos a desfacer, el primer paso, pero debemos continuar hacia su plena aplicación para que constituyan solución duradera. Sin dejar de mirar hacia el futuro, hacia nuevas definiciones de lo que debemos a nuestras generaciones de relevo, a la vez debemos encontrar los recursos necesarios y desarrollar acciones materiales que nos permitan ir saldando esa deuda. ¡Nuestros acreedores, los niños y adolescentes, no tienen por qué aceptar que continuemos aplazando el pago!
En artículos anteriores nos referimos a la actuación de los Despachos Superiores del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, como muestra, aún incompleta, de las acciones que hay que tomar, de los recursos que se deben comprometer y de los estamentos sociales a involucrar para llegar al remedio adecuado. Aunque aludíamos a ello por nuestro rechazo a la penalización juvenil como solución a las infracciones de niños y adolescentes, los principios de participación pública, ciudadana, de la empresa privada, de apoyo material, en resumen, de aportación colectiva, deben aplicarse también en la tarea de materializar los derechos proclamados.
Cuando en noviembre se reúnan los participantes en el evento internacional mencionado, luchemos para no quedarnos en el terreno de las meras proclamas, hagamos realidad aquello que consideramos como de justicia para nuestra niñez y adolescencia, destinando el personal y los recursos materiales necesarios. ¡Ojalá la Cumbre no concluya con un resultado de "mucho ruido y pocas castañas"!
Esta convocatoria responde a la creciente corriente de acuerdos en pro de este sector de la población mundial, largamente abusado y víctima de una indiferencia pavorosa, pese a varios convenios internacionales y la promulgación de legislación nacional que implementa y en ocasiones desarrolla estos acuerdos.
Sin pretender, por su diversidad y profundidad, más que esbozar el tema y plantear una idea central, en materia de derechos de la niñez y la adolescencia recordamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Optativos, sobre el reclutamiento forzoso de la niñez y su participación en conflictos armados, sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantiles, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo del año que decurre.
A nivel local aludimos a la Ley N°17 de 15 de junio de 2000, "por la cual se aprueba el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo". También, la Ley N°18 de 15 de junio de 2000, "por la cual se aprueba el convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación".
Ambos convenios fueron adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. El primero de los mencionados, de 26 de junio de 1973, ha sido ratificado por nuestro "rgano Legislativo con un retardo que no puede menos que considerarse lesivo para los intereses de la niñez que se pretende proteger. El segundo es de 17 de junio de 1999, ratificado al año siguiente por nuestra Asamblea.
Todos los convenios mencionados procuran hacer efectivos los derechos infantiles consagrados en ellos. Sin embargo, las hermosas proclamas chocan con la aterradora crudeza del mundo infantil de hoy. Pese a todo lo convenido en beneficio de nuestros niños y adolescentes, nos encontramos con que estos seres son maltratados, separados de sus familias, esclavizados, en otros lugares forzados a participar como combatientes en conflictos armados, prostituidos, vendidos como mercancía pornográfica, violados, asesinados, forzados a vender estupefacientes, abocados a trabajos agotadores, privados en consecuencia del derecho a la educación, pagados salarios no acordes con los trabajos realizados, en resumen, privados de casi todos sus derechos, incluso los más elementales. A pesar de algunos loables pero tímidos esfuerzos, como Casa Esperanza, el balance lamentablemente es negativo.
Nos encontramos, así, con un hermoso conjunto de convenios y reconocimientos que lastimosamente no se corresponden con la práctica. Llega el momento de preguntar: ¿Para qué la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otras relacionadas con la materia, si en realidad no suelen superar la calidad de declaraciones programáticas?
El pesimista podría tener a estos convenios como perjudiciales si se consideran como un fin, pues en tal caso resultarían estériles. Pero no son más que el inicio del camino para hacer justicia, un reconocimiento de derechos que debe encontrar su contrapartida en la realidad. ¡No somos pesimistas! Las convenciones mencionadas describen los entuertos a desfacer, el primer paso, pero debemos continuar hacia su plena aplicación para que constituyan solución duradera. Sin dejar de mirar hacia el futuro, hacia nuevas definiciones de lo que debemos a nuestras generaciones de relevo, a la vez debemos encontrar los recursos necesarios y desarrollar acciones materiales que nos permitan ir saldando esa deuda. ¡Nuestros acreedores, los niños y adolescentes, no tienen por qué aceptar que continuemos aplazando el pago!
En artículos anteriores nos referimos a la actuación de los Despachos Superiores del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, como muestra, aún incompleta, de las acciones que hay que tomar, de los recursos que se deben comprometer y de los estamentos sociales a involucrar para llegar al remedio adecuado. Aunque aludíamos a ello por nuestro rechazo a la penalización juvenil como solución a las infracciones de niños y adolescentes, los principios de participación pública, ciudadana, de la empresa privada, de apoyo material, en resumen, de aportación colectiva, deben aplicarse también en la tarea de materializar los derechos proclamados.
Cuando en noviembre se reúnan los participantes en el evento internacional mencionado, luchemos para no quedarnos en el terreno de las meras proclamas, hagamos realidad aquello que consideramos como de justicia para nuestra niñez y adolescencia, destinando el personal y los recursos materiales necesarios. ¡Ojalá la Cumbre no concluya con un resultado de "mucho ruido y pocas castañas"!
