Opinión de la mujer en torno a la CSS
A dos años de conmemorarse la tragedia de las torres gemelas; a treinta años del vil asesinato del presidente Salvador Allende a manos de la dictadura de Pinochet; a 103 años del natalicio de Clara González, primera abogada panameña y forjadora del movimiento feminista en Panamá, y en el marco de la celebración de nuestro primer centenario republicano, el impopular y antidemocrático gobierno de la señora Moscoso, insulta una vez más la inteligencia del pueblo y viola descaradamente la institucionalidad democrática al atentar contra la estabilidad del sistema de seguridad social.
Las protestas de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales no son simplemente por el despido injustificado e ilegal cometido contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), hecho que estuvo premeditamente organizado desde el Ejecutivo, al punto que los representantes del gobierno en la Junta Directiva de la Caja llegaron a la reunión con la resolución de despido elaborada, lo que fue aceptado públicamente en los medios de comunicación; y que una vez finalizada la misma estos funcionarios regresaran al Ejecutivo a dar cuentas de haber ejecutado el mandato.
Detrás de todo esto se vislumbran intereses ocultos que nada nos extrañaría estén dirigidos, entre otras cosas, a crear un desequilibrio en la CSS que le sirva de fundamento para la privatización de la misma o a promover una grave alteración social que les justifique detener el próximo proceso eleccionario para mantenerse en el poder.
Nunca antes, ni durante la dictadura militar, los estamentos policiales arremetieron en la brutal forma como lo hicieron en el cuarto de urgencias del hospital del Seguro Social, violando su autonomía. Esto no se justifica ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Es evidente que quienes mal gobiernan este país están promoviendo una lucha, como ciertamente manifestó una ciudadana "de pobres contra pobres". Es aplicable el célebre refrán popular de que "no se puede tapar el sol con una mano", como no se puede acallar la palabra acusadora de las multitudes.
Por ello, las mujeres panameñas lamentamos profundamente que haya sido precisamente una mujer en el más alto cargo del país, la que se preste para tratar de llevar al Seguro Social, la institución del pueblo, hacia un camino de privatización, violentando el derecho humano a la salud y a la seguridad social de la población. Frente a los hechos descritos, las mujeres de este país nos tomamos la palabra para acusar, para rechazar y para condenar enérgicamente, las reiteradas actuaciones de este gobierno en contra de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como las claras intenciones de aumentarnos la edad de jubilación y privatizar la institución.
El juicio de la historia ya está hecho y no perdonará la insoridad e insolidaridad de la señora mandataria porque no ha demostrado autoridad moral para gobernar a su pueblo, pues tal como dice la escritora estadounidense, Harriet Rubin: "Que alguien lleve los atributos del poder no significa que posea autoridad".
Las protestas de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales no son simplemente por el despido injustificado e ilegal cometido contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), hecho que estuvo premeditamente organizado desde el Ejecutivo, al punto que los representantes del gobierno en la Junta Directiva de la Caja llegaron a la reunión con la resolución de despido elaborada, lo que fue aceptado públicamente en los medios de comunicación; y que una vez finalizada la misma estos funcionarios regresaran al Ejecutivo a dar cuentas de haber ejecutado el mandato.
Detrás de todo esto se vislumbran intereses ocultos que nada nos extrañaría estén dirigidos, entre otras cosas, a crear un desequilibrio en la CSS que le sirva de fundamento para la privatización de la misma o a promover una grave alteración social que les justifique detener el próximo proceso eleccionario para mantenerse en el poder.
Nunca antes, ni durante la dictadura militar, los estamentos policiales arremetieron en la brutal forma como lo hicieron en el cuarto de urgencias del hospital del Seguro Social, violando su autonomía. Esto no se justifica ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Es evidente que quienes mal gobiernan este país están promoviendo una lucha, como ciertamente manifestó una ciudadana "de pobres contra pobres". Es aplicable el célebre refrán popular de que "no se puede tapar el sol con una mano", como no se puede acallar la palabra acusadora de las multitudes.
Por ello, las mujeres panameñas lamentamos profundamente que haya sido precisamente una mujer en el más alto cargo del país, la que se preste para tratar de llevar al Seguro Social, la institución del pueblo, hacia un camino de privatización, violentando el derecho humano a la salud y a la seguridad social de la población. Frente a los hechos descritos, las mujeres de este país nos tomamos la palabra para acusar, para rechazar y para condenar enérgicamente, las reiteradas actuaciones de este gobierno en contra de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como las claras intenciones de aumentarnos la edad de jubilación y privatizar la institución.
El juicio de la historia ya está hecho y no perdonará la insoridad e insolidaridad de la señora mandataria porque no ha demostrado autoridad moral para gobernar a su pueblo, pues tal como dice la escritora estadounidense, Harriet Rubin: "Que alguien lleve los atributos del poder no significa que posea autoridad".
