Opinión y autoridad
C uando las autoridades deciden un conflicto, tienen la obligación de ponderar evidencias y argumentos, y ordenar algo que debe ser conforme a la ley. No pesan sobre el que opina esas cargas. El que opina, lo hace porque quiere sugerir, recomendar, o bien, criticar, rechazar.
Es verdad que quien opina, muchas veces, lo hace imbuido de un sentido de responsabilidad moral, pero opinar no requiere una convicción moral determinada: le basta con querer sembrar dudas acerca de supuestas convicciones. Desde la opinión cabe cuestionar hasta la ley misma, no así desde la autoridad. Quien ejerce autoridad sobre otro debe hacerlo con máxima responsabilidad. Pero quien opina también deber ser responsable, porque está en juego su credibilidad como sujeto opinante. Porque mientras la autoridad ordena, la opinión busca persuadir.
La seguridad jurídica obliga a que la disputa ante la autoridad tenga límites en el tiempo, la opinión sólo conoce la prudencia como límite. En el mundo moderno la gente no sólo opina, sino que además tiene el derecho de opinar. ¿Quiere eso decir que sólo se tiene derecho a opinar correctamente, que sólo se pueden emitir juicios individuales que estén perfectamente equilibrados? Pues no. El derecho a la opinión incluye el derecho a equivocarse. ¿Cómo se remedia una opinión equivocada? Pues sencillo: con otra opinión que plantee lo acertado. Dado el carácter racional del ser humano, lógico es que tenga mayor fuerza la opinión con mejores fundamentos. Nuestros editoriales son solo una opinión, y tienen la fuerza que los lectores le reconozcan a sus argumentos.
