"Oposición", ampliación y Diálogo Nacional
SEGÚN la Constitución: "Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la Ley". Y, porque supuestamente cumplen esas responsabilidades, disfrutan de privilegios y prebendas como el derecho a recibir subsidios por más de 20 millones de balboas (dólares), pagados con el dinero de todos y el monopolio de las candidaturas a la Presidencia de la República.
Ninguno de los partidos panameños cumple su misión constitucional. Para comenzar, carecen de ideología y, por ello, se unen, se desunen, se entienden y desentienden, según soplen los vientos de la conveniencia y sin que a los rostros de sus dirigentes asome el rubor. Las luchas que libran, a lo interno de sus respectivas toldas, que alcanzan niveles vergonzosos, nada tienen que ver con enfoques ideológicos o diferencias sobre temas de trascendencia nacional; su único objetivo es controlar un partido, que son la llave de acceso al exclusivo club de los siete consorcios, llamados partidos políticos, con derecho a optar por la presidencia y todas "las ventajas" que trae aparejadas.
Pregunte usted a cualquier ciudadano de a pie: ¿Cree usted que los partidos políticos y sus dirigentes luchan por ayudar al pueblo?, y su respuesta será un rotundo no; y no se sorprenda de que venga sazonado con adjetivos de altos tonos y gruesos calibres.
Enfrentados a la trascendental decisión de votar en el referendo del 22 de octubre próximo, si a los partidos políticos, principalmente de la "llamada posición", les preocupará siquiera salvar las apariencias y cumplir la obligación constitucional de "concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular", sus dirigentes ya debieran bajarse de las ramas y, sin escurrir el bulto, hacer públicos sus análisis y posición sobre el proyecto.
Esa es su obligación constitucional, política y moral, sobre todo, después del espectáculo que protagonizaron en la Asamblea, cuando, sumisamente y sin mayores cuestionamientos, aprobaron la Ley que convocó al referendo; y de la aberrante explicación de que ellos votaron a favor del proyecto de ley, pero que ese voto no era a favor de la ampliación sino "para darle al pueblo el derecho a decidir en el referendo", que ya debe haberles asegurado un puesto muy especial en la antología del disparate.
Se dice que uno o dos diputados de "la llamada oposición", tímidamente, sugirieron que se pospusiera el referendo. Y si, como ha trascendido, la razón fue demandar mayor tiempo para la divulgación de la propuesta, su inconsistencia es obvia. El asunto no es que se requiere de más tiempo para divulgar la propuesta; la cuestión es que la propuesta debe ser rechazada por inconsistente. Pero, hasta ahora, no he escuchado a ningún dirigente de "la llamada oposición" atreverse a plantearlo.
Si a la incoherente actitud hasta ahora adoptada por "la lamada oposición", se agregan sus infantiles reacciones de alegría por la reciente invitación, vacía de todo contenido, que "la patria nueva" les formulara para que concurran a un macarrónico diálogo nacional de generalidades, que sólo busca ganar tiempo, mientras, por otro lado, apuran la celebración del referendo, el panorama que enfrentamos no es sólo triste sino trágico.
Si el gobierno de "la patria nueva", después de que su cabeza desechó todas las demandas sobre un Plan Nacional de Desarrollo, de pronto cambió de idea y, al igual que ocurrió cuando tenía el rancho ardiendo como producto de su estulticia frente al problema del Seguro Social, convocó a dialogar, es evidente que lo hizo forzado por los resultados de las encuestas que reflejan que el Sí y el No tienden a nivelarse.
Por su creciente grado de alarma, era esperable que el gobierno buscara una tabla de salvación; pero es absurdo que la "llamada oposición" se prestara al juego. Hablar de un Plan de Desarrollo, desvinculado del tema de la ampliación como ha propuesto el gobierno y, aparentemente, aceptado la "oposición", es como halar la carreta sin haber comprado los bueyes.
La discusión de un Plan Nacional de Desarrollo solamente tiene sentido si el debate entra el fondo de las causas de nuestro subdesarrollo. Ya es hora de que dejemos los rodeos, pues ellas son conocidas: Desigualdad, corrupción, ausencia de seguridad ciudadana, desempleo y pobreza, y la persistencia de un sistema político electoral que castra toda posibilidad de desarrollo democrático.
El gobierno, flagrantemente ha incumplido sus promesas electorales; pero a la "oposición" le falta coraje para emplazarlo y pedirle cuentas. La convocatoria tardía y acomodaticia del gobierno al diálogo puso a prueba a la "oposición", que nuevamente falló. El gobierno confesó su incapacidad al reconocer, después de dos años de gobierno, que carece de un Plan de Desarrollo. Ese era el momento para que la oposición demostrara coherencia y ofreciera alternativas a la incapacidad gubernamental.
La ampliación no es urgente y, por tanto, el tema debe posponerse, hasta tanto se llegue a un verdadero acuerdo nacional sobre su conveniencia y oportunidad. Lo urgente es que abordemos los temas que sí lo son. El hambre y la miseria que galopan desbocadas, mientras se amasan más y más grandes fortunas y crece la brecha de la desigualdad, son el problema inmediato. La ausencia de bases democráticas para la participación popular es también un problema urgente. Eso lo sabe el gobierno y también la "llamada oposición", pero prefieren "cuentearse" mutuamente, porque los intereses de sus dirigentes son otros.
El error, tanto de los dirigentes del gobierno como de la "llamada oposición" es creer que esta nueva cortina de humo engañará al pueblo, pero se equivocan.
Ninguno de los partidos panameños cumple su misión constitucional. Para comenzar, carecen de ideología y, por ello, se unen, se desunen, se entienden y desentienden, según soplen los vientos de la conveniencia y sin que a los rostros de sus dirigentes asome el rubor. Las luchas que libran, a lo interno de sus respectivas toldas, que alcanzan niveles vergonzosos, nada tienen que ver con enfoques ideológicos o diferencias sobre temas de trascendencia nacional; su único objetivo es controlar un partido, que son la llave de acceso al exclusivo club de los siete consorcios, llamados partidos políticos, con derecho a optar por la presidencia y todas "las ventajas" que trae aparejadas.
Pregunte usted a cualquier ciudadano de a pie: ¿Cree usted que los partidos políticos y sus dirigentes luchan por ayudar al pueblo?, y su respuesta será un rotundo no; y no se sorprenda de que venga sazonado con adjetivos de altos tonos y gruesos calibres.
Enfrentados a la trascendental decisión de votar en el referendo del 22 de octubre próximo, si a los partidos políticos, principalmente de la "llamada posición", les preocupará siquiera salvar las apariencias y cumplir la obligación constitucional de "concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular", sus dirigentes ya debieran bajarse de las ramas y, sin escurrir el bulto, hacer públicos sus análisis y posición sobre el proyecto.
Esa es su obligación constitucional, política y moral, sobre todo, después del espectáculo que protagonizaron en la Asamblea, cuando, sumisamente y sin mayores cuestionamientos, aprobaron la Ley que convocó al referendo; y de la aberrante explicación de que ellos votaron a favor del proyecto de ley, pero que ese voto no era a favor de la ampliación sino "para darle al pueblo el derecho a decidir en el referendo", que ya debe haberles asegurado un puesto muy especial en la antología del disparate.
Se dice que uno o dos diputados de "la llamada oposición", tímidamente, sugirieron que se pospusiera el referendo. Y si, como ha trascendido, la razón fue demandar mayor tiempo para la divulgación de la propuesta, su inconsistencia es obvia. El asunto no es que se requiere de más tiempo para divulgar la propuesta; la cuestión es que la propuesta debe ser rechazada por inconsistente. Pero, hasta ahora, no he escuchado a ningún dirigente de "la llamada oposición" atreverse a plantearlo.
Si a la incoherente actitud hasta ahora adoptada por "la lamada oposición", se agregan sus infantiles reacciones de alegría por la reciente invitación, vacía de todo contenido, que "la patria nueva" les formulara para que concurran a un macarrónico diálogo nacional de generalidades, que sólo busca ganar tiempo, mientras, por otro lado, apuran la celebración del referendo, el panorama que enfrentamos no es sólo triste sino trágico.
Si el gobierno de "la patria nueva", después de que su cabeza desechó todas las demandas sobre un Plan Nacional de Desarrollo, de pronto cambió de idea y, al igual que ocurrió cuando tenía el rancho ardiendo como producto de su estulticia frente al problema del Seguro Social, convocó a dialogar, es evidente que lo hizo forzado por los resultados de las encuestas que reflejan que el Sí y el No tienden a nivelarse.
Por su creciente grado de alarma, era esperable que el gobierno buscara una tabla de salvación; pero es absurdo que la "llamada oposición" se prestara al juego. Hablar de un Plan de Desarrollo, desvinculado del tema de la ampliación como ha propuesto el gobierno y, aparentemente, aceptado la "oposición", es como halar la carreta sin haber comprado los bueyes.
La discusión de un Plan Nacional de Desarrollo solamente tiene sentido si el debate entra el fondo de las causas de nuestro subdesarrollo. Ya es hora de que dejemos los rodeos, pues ellas son conocidas: Desigualdad, corrupción, ausencia de seguridad ciudadana, desempleo y pobreza, y la persistencia de un sistema político electoral que castra toda posibilidad de desarrollo democrático.
El gobierno, flagrantemente ha incumplido sus promesas electorales; pero a la "oposición" le falta coraje para emplazarlo y pedirle cuentas. La convocatoria tardía y acomodaticia del gobierno al diálogo puso a prueba a la "oposición", que nuevamente falló. El gobierno confesó su incapacidad al reconocer, después de dos años de gobierno, que carece de un Plan de Desarrollo. Ese era el momento para que la oposición demostrara coherencia y ofreciera alternativas a la incapacidad gubernamental.
La ampliación no es urgente y, por tanto, el tema debe posponerse, hasta tanto se llegue a un verdadero acuerdo nacional sobre su conveniencia y oportunidad. Lo urgente es que abordemos los temas que sí lo son. El hambre y la miseria que galopan desbocadas, mientras se amasan más y más grandes fortunas y crece la brecha de la desigualdad, son el problema inmediato. La ausencia de bases democráticas para la participación popular es también un problema urgente. Eso lo sabe el gobierno y también la "llamada oposición", pero prefieren "cuentearse" mutuamente, porque los intereses de sus dirigentes son otros.
El error, tanto de los dirigentes del gobierno como de la "llamada oposición" es creer que esta nueva cortina de humo engañará al pueblo, pero se equivocan.
