Oposición política y corrupción gubernamental
En la primera plana del diario El Panamá América, correspondiente a su edición del sábado 31 de enero de 1998, se informa al país lo siguiente: "El presidente ejecutivo de una firma que tiene contratos por unos dos millones de dólares en Panamá fue arrestado bajo cargos de haber pagado en 1995 un soborno de 50,000 dólares a un funcionario del Ministerio de Comercio e Industrias de ese país, informó ayer la Fiscalía Federal del distrito de Massachussets". El empresario detenido es el señor David H. Mead y la firma involucrada está identificada con el nombre de Saybolt Inc.
Esta noticia me ha consternado, mas no me sorprende. Hace tiempo que es un secreto a voces que se están amasando fortunas millonarias con las contrataciones públicas: por lo menos, eso es lo que se comenta en todos lados. Sin embargo, es difícil probar la efectiva ocurrencia de actos de corrupción, sobre todo cuando los encargados constitucionalmente de fiscalizar e investigar no quieren o no pueden ejercer su labor, mientras que los funcionarios públicos que custodian la información pertinente, lo hacen como si fuera secreto de Estado.
Mientras cosas como éstas sucedan, de nada sirve que el Presidente se gaste millones de dólares de nuestro dinero en viajes suntuosos, cenas elegantes y reuniones de alto nivel en Suiza o en Egipto, llenándose la boca con palabras y frases rimbombantes como "modernización", "segunda ronda de reformas estructurales" y demás hierbas. Afirmo que de nada sirve, ya que, según parece, en última instancia, lo que define si te ganas o no una contratación pública, no es la calidad de tus servicios o productos o la conveniencia de tus precios, sino que ofrezcas un soborno más atractivo que tu competidor. Por ello, precisamente por ello, son muchos los que dicen que una política de modernización económica, a la usanza neoliberal, sin correlativas reformas en el campo político, conllevan al enriquecimiento desmesurado de funcionarios gubernamentales y de las élites empresariales ligadas a ellos.
El caso específico denunciado en El Panamá América levanta un sinnúmero de interrogantes. Lo más evidente de ellas, la siguiente: si se ha identificado a quien pagó el soborno, ¿llegaremos a identificar en Panamá a quién lo recibió? Además, resulta obvio que, si la noticia es cierta, y fue un (a) funcionario (a) del Departamento de Recursos Minerales del MICI, quien recibió el soborno, esa persona no tenía facultad suficiente para obligar al Estado con la empresa Saybolt Inc. o su subsidiaria en Panamá, ya que la única facultada para hacerlo era la Ministra de Comercio e Industrias de la época, la señora Nitzia Villarreal, así que cabe preguntarse qué sabía ella al respecto de las andanzas de su subordinado (a).
Surgen a mi mente, alguna otras preguntas, tales como: ¿Quiénes eran los representantes locales de Saybolt Inc.? ¿Cómo se le adjudicó el contrato en cuestión a dicha empresa: por licitación pública o mediante contratación directa? ¿Quiénes intervinieron en el proceso de contratación? ¿Estamos hablando de un solo contrato o de varios contratos? ¿Cuál era la duración y el monto del contrato o de los contratos en cuestión? ¿Tendrá el Procurador General de la Nación la voluntad de asumir su responsabilidad legal e iniciar una investigación de oficio?
Por otro lado, tan preocupante como el soborno en sí, está el hecho de que surgen dudas sobre la capacidad e idoneidad de la empresa contratada, bajo estas circunstancias, por el Estado panameño. Según los reportes, la misma se dedicaba al lucrativo y delicado negocio de "hacer pruebas cuantitativas y cualitativas de productos comerciales en grandes volúmenes, como petróleo, gasolina y otros químicos". Supuestamente, se descubre el soborno accidentalmente, a raíz de investigaciones hechas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que sospechaban que Saybolt falsificaba los datos de sus pruebas en Panamá. ¿Qué significa eso? ¿Acaso debemos entender que el petróleo que se ha mercadeado en nuestro país fue aprobado para su comercialización con base en pruebas de calidad adulteradas? Sin lugar a dudas, el Ministerio de Comercio debe ponerse en inmediata comunicación con la EPA y aclarar las razones de dicha investigación, así como sus repercusiones para el consumidor panameño.
Lo importante es que lo sucedido no pase inadvertido ni que se convierta en un chisme más de cafetín. Debe llegarse hasta el fondo del asunto y que esta experiencia sirva para identificar las debilidades del actual sistema de contratación, a fin de incorporar los correctivos necesarios. Además, debe contribuir a que todos nos involucremos más en los esfuerzos por detectar y castigar la corrupción en las esferas gubernamentales.
En esa dirección, debo decir que, en mi opinión, es tiempo que la oposición política asuma un papel más activo en la lucha contra la corrupción gubernamental. No se trata únicamente de lanzar afirmaciones al aire sin sustentos concreto o de hacerse eco de las denuncias que surgen de otros sectores (gobiernos extranjeros, empresas privadas o medios de comunicación). Al fin y al cabo, al recibir el gobierno en 1999, tendremos que revisar o respetar, según disponga el Ejecutivo entrante, todos los contratos que la actual Administración, en nombre del Estado panameño, ha negociado y suscrito en circunstancias por demás cuestionables. En tal sentido, propongo que, desde ya, instauremos una comisión mixta, conformada por representantes de los ocho partidos de oposición, a fin de que investiguemos todas las contrataciones que ha hecho el Gobierno del Presidente Pérez Balladares. Estoy seguro que saldrán a relucir gran cantidad de bellezas...
Esta noticia me ha consternado, mas no me sorprende. Hace tiempo que es un secreto a voces que se están amasando fortunas millonarias con las contrataciones públicas: por lo menos, eso es lo que se comenta en todos lados. Sin embargo, es difícil probar la efectiva ocurrencia de actos de corrupción, sobre todo cuando los encargados constitucionalmente de fiscalizar e investigar no quieren o no pueden ejercer su labor, mientras que los funcionarios públicos que custodian la información pertinente, lo hacen como si fuera secreto de Estado.
Mientras cosas como éstas sucedan, de nada sirve que el Presidente se gaste millones de dólares de nuestro dinero en viajes suntuosos, cenas elegantes y reuniones de alto nivel en Suiza o en Egipto, llenándose la boca con palabras y frases rimbombantes como "modernización", "segunda ronda de reformas estructurales" y demás hierbas. Afirmo que de nada sirve, ya que, según parece, en última instancia, lo que define si te ganas o no una contratación pública, no es la calidad de tus servicios o productos o la conveniencia de tus precios, sino que ofrezcas un soborno más atractivo que tu competidor. Por ello, precisamente por ello, son muchos los que dicen que una política de modernización económica, a la usanza neoliberal, sin correlativas reformas en el campo político, conllevan al enriquecimiento desmesurado de funcionarios gubernamentales y de las élites empresariales ligadas a ellos.
El caso específico denunciado en El Panamá América levanta un sinnúmero de interrogantes. Lo más evidente de ellas, la siguiente: si se ha identificado a quien pagó el soborno, ¿llegaremos a identificar en Panamá a quién lo recibió? Además, resulta obvio que, si la noticia es cierta, y fue un (a) funcionario (a) del Departamento de Recursos Minerales del MICI, quien recibió el soborno, esa persona no tenía facultad suficiente para obligar al Estado con la empresa Saybolt Inc. o su subsidiaria en Panamá, ya que la única facultada para hacerlo era la Ministra de Comercio e Industrias de la época, la señora Nitzia Villarreal, así que cabe preguntarse qué sabía ella al respecto de las andanzas de su subordinado (a).
Surgen a mi mente, alguna otras preguntas, tales como: ¿Quiénes eran los representantes locales de Saybolt Inc.? ¿Cómo se le adjudicó el contrato en cuestión a dicha empresa: por licitación pública o mediante contratación directa? ¿Quiénes intervinieron en el proceso de contratación? ¿Estamos hablando de un solo contrato o de varios contratos? ¿Cuál era la duración y el monto del contrato o de los contratos en cuestión? ¿Tendrá el Procurador General de la Nación la voluntad de asumir su responsabilidad legal e iniciar una investigación de oficio?
Por otro lado, tan preocupante como el soborno en sí, está el hecho de que surgen dudas sobre la capacidad e idoneidad de la empresa contratada, bajo estas circunstancias, por el Estado panameño. Según los reportes, la misma se dedicaba al lucrativo y delicado negocio de "hacer pruebas cuantitativas y cualitativas de productos comerciales en grandes volúmenes, como petróleo, gasolina y otros químicos". Supuestamente, se descubre el soborno accidentalmente, a raíz de investigaciones hechas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que sospechaban que Saybolt falsificaba los datos de sus pruebas en Panamá. ¿Qué significa eso? ¿Acaso debemos entender que el petróleo que se ha mercadeado en nuestro país fue aprobado para su comercialización con base en pruebas de calidad adulteradas? Sin lugar a dudas, el Ministerio de Comercio debe ponerse en inmediata comunicación con la EPA y aclarar las razones de dicha investigación, así como sus repercusiones para el consumidor panameño.
Lo importante es que lo sucedido no pase inadvertido ni que se convierta en un chisme más de cafetín. Debe llegarse hasta el fondo del asunto y que esta experiencia sirva para identificar las debilidades del actual sistema de contratación, a fin de incorporar los correctivos necesarios. Además, debe contribuir a que todos nos involucremos más en los esfuerzos por detectar y castigar la corrupción en las esferas gubernamentales.
En esa dirección, debo decir que, en mi opinión, es tiempo que la oposición política asuma un papel más activo en la lucha contra la corrupción gubernamental. No se trata únicamente de lanzar afirmaciones al aire sin sustentos concreto o de hacerse eco de las denuncias que surgen de otros sectores (gobiernos extranjeros, empresas privadas o medios de comunicación). Al fin y al cabo, al recibir el gobierno en 1999, tendremos que revisar o respetar, según disponga el Ejecutivo entrante, todos los contratos que la actual Administración, en nombre del Estado panameño, ha negociado y suscrito en circunstancias por demás cuestionables. En tal sentido, propongo que, desde ya, instauremos una comisión mixta, conformada por representantes de los ocho partidos de oposición, a fin de que investiguemos todas las contrataciones que ha hecho el Gobierno del Presidente Pérez Balladares. Estoy seguro que saldrán a relucir gran cantidad de bellezas...
