Opositores a la Constituyente temen perder privilegios
Es evidente y todos los panameños sabemos que basado en la evolución de la sociedad, nuestra Constitución Nacional es ya un documento obsoleto plagado de injusticias y privilegios para unos cuantos panameños. La Carta Magna de Panamá, a pesar de ser el documento jurídico más importante en la vida de la nación, no está acorde con las exigencias que reclama la sociedad y los derechos de cada uno de los estamentos que conforman la administración pública, los recursos naturales como el patrimonio de la nación, su economía, cultura, la personalidad internacional de la Patria. No está a tono con el avance de la sociedad de hoy, y por ello es necesaria una Constituyente para reformar algunas lagunas de injusticias y artículos que sólo favorecen a un sector de la sociedad, es decir, es un documento obsoleto al servicio de los políticos tradicionales y de los gobiernos de turno. Es necesario con urgencia, reformar nuestra Constitución Nacional mediante una Constituyente autorizada por un referéndum público y para ello hay que preguntarle al pueblo y no a los políticos tradicionales de turno que todo lo han hecho y lo quieren hacer basados en sus intereses políticos y de sus gobiernos.
Lamentablemente el destino de la nación en las últimas décadas ha dependido mucho de sus Asambleas Legislativas mediante sus leyes, pero para desgracia de la patria, esas leyes se han hecho para favorecer conveniencias personales, económicas, políticas y gobiernos de turno y no para la nación. Es obvio que realizar una Constituyente en un futuro inmediato resulta un poco remoto, si tomamos en cuenta que para ello se requiere la aprobación de la próxima Asamblea y que siendo ellos, los autores y garantes de las últimas reformas constitucionales resulta imposible cumplir con ese clamor, ese anhelo y esa gran necesidad del pueblo panameño. La actual Constitución adolece de una justicia imparcial, defectos sociales e indiferencias en todos los sectores de la vida nacional e internacional. Cómo se justifica no querer reformar la Constitución, si muchas de sus leyes y artículos se hicieron y se aprobaron de manera prepotente y caprichosa para favorecer a ciertos sectores de la sociedad política, económica y gubernamental avalada por una alianza de mayoría parlamentaria a la que no le importó con el presente y el futuro de la patria y de los demás panameños. Para tragedia de las nación, la Asamblea Legislativa, como se presume, será una secuencia de la pasada que dejó un rastro de ignominia pública en la imagen de la patria y de su gobierno de turno. La Carta Magna debe ser un documento jurídico enmarcado en un sentimiento patriótico, humano, democrático y social, sin embargo, está al servicio de los intereses políticos no tradicionales del país.
Lamentablemente el destino de la nación en las últimas décadas ha dependido mucho de sus Asambleas Legislativas mediante sus leyes, pero para desgracia de la patria, esas leyes se han hecho para favorecer conveniencias personales, económicas, políticas y gobiernos de turno y no para la nación. Es obvio que realizar una Constituyente en un futuro inmediato resulta un poco remoto, si tomamos en cuenta que para ello se requiere la aprobación de la próxima Asamblea y que siendo ellos, los autores y garantes de las últimas reformas constitucionales resulta imposible cumplir con ese clamor, ese anhelo y esa gran necesidad del pueblo panameño. La actual Constitución adolece de una justicia imparcial, defectos sociales e indiferencias en todos los sectores de la vida nacional e internacional. Cómo se justifica no querer reformar la Constitución, si muchas de sus leyes y artículos se hicieron y se aprobaron de manera prepotente y caprichosa para favorecer a ciertos sectores de la sociedad política, económica y gubernamental avalada por una alianza de mayoría parlamentaria a la que no le importó con el presente y el futuro de la patria y de los demás panameños. Para tragedia de las nación, la Asamblea Legislativa, como se presume, será una secuencia de la pasada que dejó un rastro de ignominia pública en la imagen de la patria y de su gobierno de turno. La Carta Magna debe ser un documento jurídico enmarcado en un sentimiento patriótico, humano, democrático y social, sin embargo, está al servicio de los intereses políticos no tradicionales del país.
