Ordenamiento y titulación de tierras
Actualmente con el financiamiento del BID, bajo la supervisión de la Coordinación Técnica del Programa de Desarrollo Sostenible de Darién (CTP) del MEF y la ejecución de una empresa consultora, ésta en su etapa final la validación de la Metodología para el Ordenamiento Territorial Local, para lo cual fue seleccionada la cuenca del río Congo; Darién, en donde se obtendrán los Planes de Área Participativo, para tres Áreas de Manejo Comunitario: La Paz, Barriales y Caña Blanca. Dicho proceso ha hecho énfasis en la importancia del manejo ambiental, como recurso fundamental para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, así como la participación conjunta de las instituciones públicas, para la implementación de estrategias y mejor aprovechamiento de los recursos económicos disponibles por el Estado, así como el proceso de organización y consulta comunitaria, para alcanzar dicho objetivo.
Es relevante el establecimiento de una metodología práctica para el levantamiento de los recursos naturales contenidos dentro de la propiedad, de tal manera que en el propio proceso de delimitación y agrimensura participen de forma integrada la Dirección Nacional de Reforma Agraria (DINRA) y la ANAM, para que se integren en el proceso de adjudicación y titulación los criterios ambientales, los cuales visan esencialmente hacer cumplir todas las normativas ambientales existentes para la protección de los recursos naturales y la adjudicación de tierras. De éstas se destacan la protección de los bosques y mangles próximos a los cauces de ríos y quebradas, así como la salvaguarda de las nacientes de los mismos, conservación de las áreas con alta declividad, para conseguir la conservación y estabilidad de los suelos, de tal forma que se asegure la calidad y el flujo de las aguas tan vitales para el equilibrio del ecosistema manglárico, cuna de los recursos marino costeros del golfo de San Miguel, así como detener el avance de la frontera agropecuaria.
En las zonas altas propias para la conservación de la cobertura boscosa, como las zonas bajas para la protección de los mangles, se podrán zonificar previamente las áreas de alto riesgo. En tierras de alta declividad y alto grado de perturbación se podrá recurrir a técnicas de conservación y la reimplantación de vegetación a través de proyectos de reforestación. A través del establecimiento de puntos de control levantados con Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), para que periódicamente la ANAM pueda monitorear el estado de conservación de los recursos naturales dentro de las propiedades que, bajo un acuerdo de compromiso entre el propietario y dicha entidad, se logren supervisar los recursos y sirva este proceso como instrumento que permita al tenedor acceder a préstamos para la implementación de actividades agropecuarias, forestales o agroforestales, y así poder retener el derecho posesorio.
Las actividades implementadas dentro de las zonas con potencial agrícola o forestal, deberán ser definidas con criterios de potencialidad del suelo, del bosque y el agua, teniendo en cuenta: el concepto ampliado de seguridad alimentaria, de sostenibilidad ambiental, de biodiversidad, de modo que se pueda garantizar un nivel de vida digno, con la perspectiva de alcanzar ingresos que permitan configurar economías organizadas en el ámbito rural con mentalidad solidaria.
Es vital considerar dentro del proceso de ordenamiento territorial, la integración de varias actividades: la organización y consulta comunitaria; el establecimiento de acuerdos entre las instituciones públicas y las comunidades; la implementación de pequeños proyectos productivos y de conservación como la regularización de los derechos posesorios que eviten el minifundio y consideren los criterios ambientales; el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones públicas, las que realmente permiten la concreción del ordenamiento territorial como tal. El conjunto de estas actividades es un elemento clave para tornar viable la estrategia de reducir la vulnerabilidad ecológica y social ante el avance de las actividades antrópicas desarrolladas en la provincia. Aunque cada uno de estos instrumentos es válido por sí mismo, apuntan a resolver problemáticas diferentes, deben interrelacionarse para garantizar la coordinación y armonización de políticas, objetivos y metas propuestas para lograr el desarrollo. Es por ello que no se considere la titulación de tierras en sí misma, como el proceso de ordenamiento territorial, sino parte de él.
Es importantísimo para el proceso de titulación de tierras que se implemente a nivel nacional la pronta incorporación y anexión de los criterios ambientales al manual de titulación de tierras elaborado por el Programa Nacional de Tierras (PRONAT). Los programas de ordenamiento territorial y la seguridad jurídica son un medio indispensable, pero no son condiciones suficientes para propiciar el bienestar de los pequeños propietarios. Debemos impulsar una nueva etapa de políticas agrarias sobre bases más firmes, fortaleciendo la organización comunitaria, la asistencia técnica y la capacitación para propiciar un mejor uso y aprovechamiento de la tierra. El ordenamiento del uso del suelo requiere una estrategia de ordenamiento ecológico que "conforme al régimen de propiedad", defina las reglas que permitan el uso y manejo de los recursos naturales y establezcan límites socialmente aceptables y legítimos al ejercicio de la propiedad.
(oecspty@hotmail.com)
Es relevante el establecimiento de una metodología práctica para el levantamiento de los recursos naturales contenidos dentro de la propiedad, de tal manera que en el propio proceso de delimitación y agrimensura participen de forma integrada la Dirección Nacional de Reforma Agraria (DINRA) y la ANAM, para que se integren en el proceso de adjudicación y titulación los criterios ambientales, los cuales visan esencialmente hacer cumplir todas las normativas ambientales existentes para la protección de los recursos naturales y la adjudicación de tierras. De éstas se destacan la protección de los bosques y mangles próximos a los cauces de ríos y quebradas, así como la salvaguarda de las nacientes de los mismos, conservación de las áreas con alta declividad, para conseguir la conservación y estabilidad de los suelos, de tal forma que se asegure la calidad y el flujo de las aguas tan vitales para el equilibrio del ecosistema manglárico, cuna de los recursos marino costeros del golfo de San Miguel, así como detener el avance de la frontera agropecuaria.
En las zonas altas propias para la conservación de la cobertura boscosa, como las zonas bajas para la protección de los mangles, se podrán zonificar previamente las áreas de alto riesgo. En tierras de alta declividad y alto grado de perturbación se podrá recurrir a técnicas de conservación y la reimplantación de vegetación a través de proyectos de reforestación. A través del establecimiento de puntos de control levantados con Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), para que periódicamente la ANAM pueda monitorear el estado de conservación de los recursos naturales dentro de las propiedades que, bajo un acuerdo de compromiso entre el propietario y dicha entidad, se logren supervisar los recursos y sirva este proceso como instrumento que permita al tenedor acceder a préstamos para la implementación de actividades agropecuarias, forestales o agroforestales, y así poder retener el derecho posesorio.
Las actividades implementadas dentro de las zonas con potencial agrícola o forestal, deberán ser definidas con criterios de potencialidad del suelo, del bosque y el agua, teniendo en cuenta: el concepto ampliado de seguridad alimentaria, de sostenibilidad ambiental, de biodiversidad, de modo que se pueda garantizar un nivel de vida digno, con la perspectiva de alcanzar ingresos que permitan configurar economías organizadas en el ámbito rural con mentalidad solidaria.
Es vital considerar dentro del proceso de ordenamiento territorial, la integración de varias actividades: la organización y consulta comunitaria; el establecimiento de acuerdos entre las instituciones públicas y las comunidades; la implementación de pequeños proyectos productivos y de conservación como la regularización de los derechos posesorios que eviten el minifundio y consideren los criterios ambientales; el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de las instituciones públicas, las que realmente permiten la concreción del ordenamiento territorial como tal. El conjunto de estas actividades es un elemento clave para tornar viable la estrategia de reducir la vulnerabilidad ecológica y social ante el avance de las actividades antrópicas desarrolladas en la provincia. Aunque cada uno de estos instrumentos es válido por sí mismo, apuntan a resolver problemáticas diferentes, deben interrelacionarse para garantizar la coordinación y armonización de políticas, objetivos y metas propuestas para lograr el desarrollo. Es por ello que no se considere la titulación de tierras en sí misma, como el proceso de ordenamiento territorial, sino parte de él.
Es importantísimo para el proceso de titulación de tierras que se implemente a nivel nacional la pronta incorporación y anexión de los criterios ambientales al manual de titulación de tierras elaborado por el Programa Nacional de Tierras (PRONAT). Los programas de ordenamiento territorial y la seguridad jurídica son un medio indispensable, pero no son condiciones suficientes para propiciar el bienestar de los pequeños propietarios. Debemos impulsar una nueva etapa de políticas agrarias sobre bases más firmes, fortaleciendo la organización comunitaria, la asistencia técnica y la capacitación para propiciar un mejor uso y aprovechamiento de la tierra. El ordenamiento del uso del suelo requiere una estrategia de ordenamiento ecológico que "conforme al régimen de propiedad", defina las reglas que permitan el uso y manejo de los recursos naturales y establezcan límites socialmente aceptables y legítimos al ejercicio de la propiedad.
(oecspty@hotmail.com)
