Ordenan derribo de muro en La Toscana
En la urbanización La Toscana, en el corregimiento de Juan Díaz, existe un conflicto entre varias familias por la edificación de un muro en área de servidumbre, por donde debe pasar una calle que conecte a esta comunidad con la barriada San Fernando.
El terreno fue dado en custodia a las familias Escobar y Vásquez - Fernández, por la empresa constructora de la barriada APAVIL. El tema ha trascendido a esferas legales, donde ya se han emitido fallos a favor del derribo de la pared.
La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Construcción y Obras Municipales, mediante resolución No. 58-STL y 59-STL, resolvió sancionar a Carmen Inés Escobar y a Guadalupe Fernández con B/.50.00 a cada una, por incurrir en violación al Acuerdo Municipal No. 116 del 9 de julio de 1996.
La Resolución igualmente ordenó remover a costa de los sancionados todo lo construido en área de servidumbre vial, para ello se comisionó al corregidor del área para la ejecución de lo ordenado.
Además concede un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, para cumplir con lo ordenado, de lo contrario estarían incurriendo en desacato ante el Municipio de Panamá.
Estas sanciones fueron mantenidas en todas sus partes por la Gobernación de la Provincia de Panamá, luego que el apoderado legal de las sancionadas apelara el fallo emitido por el Municipio de Panamá. No obstante, a pesar del fallo emitido por las autoridades, la pared aún no ha sido derribada.
El terreno fue dado en custodia a las familias Escobar y Vásquez - Fernández, por la empresa constructora de la barriada APAVIL. El tema ha trascendido a esferas legales, donde ya se han emitido fallos a favor del derribo de la pared.
La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Construcción y Obras Municipales, mediante resolución No. 58-STL y 59-STL, resolvió sancionar a Carmen Inés Escobar y a Guadalupe Fernández con B/.50.00 a cada una, por incurrir en violación al Acuerdo Municipal No. 116 del 9 de julio de 1996.
La Resolución igualmente ordenó remover a costa de los sancionados todo lo construido en área de servidumbre vial, para ello se comisionó al corregidor del área para la ejecución de lo ordenado.
Además concede un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, para cumplir con lo ordenado, de lo contrario estarían incurriendo en desacato ante el Municipio de Panamá.
Estas sanciones fueron mantenidas en todas sus partes por la Gobernación de la Provincia de Panamá, luego que el apoderado legal de las sancionadas apelara el fallo emitido por el Municipio de Panamá. No obstante, a pesar del fallo emitido por las autoridades, la pared aún no ha sido derribada.
