Orejas, colmillos y patas peludas ¿Hasta cuándo esperamos?
solapadas, de imponernos un modelo de gobierno dictatorial.
EN ARTÍCULOS anteriores, publicados en Panamá América, bajo los títulos: "Actuemos ahora; después lo lamentaremos", octubre de 2005; "Las facultades extraordinarias son un zarpazo a la democracia", enero de 2006; "¡El lobo mostró las orejas!", abril de 2006; "La concentración de poderes es la semilla de la dictadura", septiembre de 2006", he advertido contra la vocación centralista y dictatorial del gobernante de turno.
Con su programa electoral, que engatusó a muchos electores, deliberadamente vacío de contenidos específicos y poblado de vaguedades, el susodicho ocultó sus verdaderas intenciones; pero después, con acciones concretas, nos ha dado reiterados avisos y muestras de su vocación, esencialmente dictatorial. Ejemplos concretos son: la asunción, de hecho, de las atribuciones constitucionales de ministros y directores, que en la práctica diaria se han convertido en sus "viceministros" y "subdirectores" y en claque para aplaudir los despliegues presidenciales en las "yuntas pueblo-gobierno", ahora llamadas "consejos consultivos"; la usurpación de las facultades constitucionales de la Asamblea de los Diputados, mediante el uso y abuso de facultades extraordinarias; los intentos, pospuestos o disfrazados, pero no abandonados, de centralizar los mandos de la fuerza pública y de crear academias militares (propuesta por el primer director de la Policía Nacional) y rescatar estructuras castrenses de la época de la dictadura; la subordinación del Instituto de Medicina Legal al Ministerio Público, anulando la independencia que debe tener para emitir dictámenes periciales; la destitución arbitraria y sin debido proceso de fiscales, que ha ocasionado perjuicios económicos a Fisco, que, al final montarán a centenares de miles de balboas; el cambio, con efectos retroactivos, absolutamente inconstitucionales, de la Ley de la Policía Técnica Judicial, con el exclusivo propósito de destituir a su director; las reformas penales que reviven los métodos de la dictadura, otorgándole absurdos poderes a los corregidores de policía; las sospechosas, por decir lo menos, adjudicación de contratos públicos mediante dudosos artificios legales; la creación del PRODEC, para adjudicar contratos directamente, "por trámites abreviados"; y, más recientemente, el intento de convertir a la Policía Técnica Judicial en la reencarnación del oprobioso instrumento de persecución que fue el G2.
Y a todo lo anterior, hay que agregar el aumento abusivo de "las partidas discrecionales" para utilizar, "según le parezca y sin control ni fiscalización", millones de balboas de fondos públicos; el restablecimiento del "Sistema Estatal de Radio y Televisión" como instrumento para la propaganda gubernamental, en el estilo de lo que una vez fue el mamotreto denominado "todo por la patria", de ingrata recordación; y la creación inconstitucional del superministerio conocido como "el despacho de la primera dama", con un escandaloso presupuesto y con facultades y poderes para absorber y entorpecer las funciones que, en un Estado de Derecho, deben ejercer los ministerios de línea, las entidades autónomas y entidades con reconocimiento nacional e internacional como la Cruz Roja.
Como para la desgracia del país, en el gobierno de turno, que no me cansaré de repetir que ha dispuesto y dispone de más recursos que ningún otro gobierno de nuestra historia, corren parejos su insaciable apetito por acapararlo y centralizarlo todo, con la "incompetencia escapista", que es su marca de fábrica y de la que también nos han dado reiteradas pruebas, nadie debe esperar que del rosario de arbitrariedades, como las listadas arriba; todas dirigidas a satisfacer la megalomanía presidencial, resulte nada positivo para el desarrollo y consolidación de nuestra todavía muy incipiente democracia; sino todo lo contrario.
Pero la incompetencia de "la patria nueva", que siempre han tratado de ocultar con las consabidas alharacas propagandísticas que ya conocemos, tendría menos repercusiones negativas si sólo quedará en los espectáculos circenses que, de tiempo en tiempo, monta el gobierno de turno, para dizque solucionar las reiteradas crisis de las que son los únicos causantes. Aunque tengamos que esperar los dos años que faltan para las próximas elecciones, en ellas tendremos el instrumento para castigar su irresponsabilidad. Pero lo que debe preocuparnos ahora, es que la fanfarria con que los gobernantes actuales pretenden esconder su incapacidad, siempre culmina con algún cambio institucional o legal para satisfacer las pretensiones imperiales del inquilino del Palacio de las Garzas.
Como mencioné al comienzo de este comentario, en varias ocasiones hemos alertado contra las pretensiones, abiertas o solapadas, de imponernos un modelo de gobierno dictatorial. Y también, hemos reclamado que los "partidos de oposición" y las organizaciones que hablan en representación de la llamada sociedad civil, asuman su responsabilidad para frenar la tendencia cada vez más marcada de revivir e imponernos las prácticas de la dictadura. Sin embargo, pareciera que, en los 17 años transcurridos desde la caída del régimen militar, hubiéramos perdido la memoria o nuestra capacidad para vislumbrar el peligro que encierran los desmanes y las arbitrariedades con los que, día tras día, nos pone a prueba el régimen de "la patria nueva".
Ya el lobo ha mostrado, y no una sino varias veces, las orejas, los colmillos y las patas peludas. ¿Hasta cuándo esperaremos para reaccionar? ¿O lo haremos cuando sea demasiado tarde?
Para este año tienen planeada la medición de 1, 378 terrenos y se ha involucrado a Colón, Panamá, Veracruz, Arraiján y Chiriquí.
¿Qué piensa del programa de titulación que adelanta en MIVI en Altos de la Torre?
Marquelda Solís: "Tengo siete años de vivir en Altos de la Torre. Mi casa es de madera, pero una vez obtenga los títulos de propiedad, mi esposo y yo comenzaremos a construir una casa de cemento".
Luz Mosquera: "Desde hace cinco años vivo aquí. Todavía no he recibido el certificado de propiedad porque el día en que el MIVI realizó la reunión yo no me encontraba y no he podido entregar los documentos que se requieren para esto".
Ana de Godoy: "Tengo tres años aquí con mis dos hijas y mi esposo. Me hace falta entregar una carta del trabajo para lograr agilizar los trámites legales".
Pedro Pérez: "Vivo desde hace cinco años en este lugar. Todavía no he entregado los documentos para que el MIVI me conceda el certificado de propiedad del lote de terreno".
Leandro Teucama: "Yo vivo con mi tía aquí en Altos de la Torre. Ella todavía no ha entregado los documentos que se requieren para que nos den los títulos de propiedad".
EN ARTÍCULOS anteriores, publicados en Panamá América, bajo los títulos: "Actuemos ahora; después lo lamentaremos", octubre de 2005; "Las facultades extraordinarias son un zarpazo a la democracia", enero de 2006; "¡El lobo mostró las orejas!", abril de 2006; "La concentración de poderes es la semilla de la dictadura", septiembre de 2006", he advertido contra la vocación centralista y dictatorial del gobernante de turno.
Con su programa electoral, que engatusó a muchos electores, deliberadamente vacío de contenidos específicos y poblado de vaguedades, el susodicho ocultó sus verdaderas intenciones; pero después, con acciones concretas, nos ha dado reiterados avisos y muestras de su vocación, esencialmente dictatorial. Ejemplos concretos son: la asunción, de hecho, de las atribuciones constitucionales de ministros y directores, que en la práctica diaria se han convertido en sus "viceministros" y "subdirectores" y en claque para aplaudir los despliegues presidenciales en las "yuntas pueblo-gobierno", ahora llamadas "consejos consultivos"; la usurpación de las facultades constitucionales de la Asamblea de los Diputados, mediante el uso y abuso de facultades extraordinarias; los intentos, pospuestos o disfrazados, pero no abandonados, de centralizar los mandos de la fuerza pública y de crear academias militares (propuesta por el primer director de la Policía Nacional) y rescatar estructuras castrenses de la época de la dictadura; la subordinación del Instituto de Medicina Legal al Ministerio Público, anulando la independencia que debe tener para emitir dictámenes periciales; la destitución arbitraria y sin debido proceso de fiscales, que ha ocasionado perjuicios económicos a Fisco, que, al final montarán a centenares de miles de balboas; el cambio, con efectos retroactivos, absolutamente inconstitucionales, de la Ley de la Policía Técnica Judicial, con el exclusivo propósito de destituir a su director; las reformas penales que reviven los métodos de la dictadura, otorgándole absurdos poderes a los corregidores de policía; las sospechosas, por decir lo menos, adjudicación de contratos públicos mediante dudosos artificios legales; la creación del PRODEC, para adjudicar contratos directamente, "por trámites abreviados"; y, más recientemente, el intento de convertir a la Policía Técnica Judicial en la reencarnación del oprobioso instrumento de persecución que fue el G2.
Y a todo lo anterior, hay que agregar el aumento abusivo de "las partidas discrecionales" para utilizar, "según le parezca y sin control ni fiscalización", millones de balboas de fondos públicos; el restablecimiento del "Sistema Estatal de Radio y Televisión" como instrumento para la propaganda gubernamental, en el estilo de lo que una vez fue el mamotreto denominado "todo por la patria", de ingrata recordación; y la creación inconstitucional del superministerio conocido como "el despacho de la primera dama", con un escandaloso presupuesto y con facultades y poderes para absorber y entorpecer las funciones que, en un Estado de Derecho, deben ejercer los ministerios de línea, las entidades autónomas y entidades con reconocimiento nacional e internacional como la Cruz Roja.
Como para la desgracia del país, en el gobierno de turno, que no me cansaré de repetir que ha dispuesto y dispone de más recursos que ningún otro gobierno de nuestra historia, corren parejos su insaciable apetito por acapararlo y centralizarlo todo, con la "incompetencia escapista", que es su marca de fábrica y de la que también nos han dado reiteradas pruebas, nadie debe esperar que del rosario de arbitrariedades, como las listadas arriba; todas dirigidas a satisfacer la megalomanía presidencial, resulte nada positivo para el desarrollo y consolidación de nuestra todavía muy incipiente democracia; sino todo lo contrario.
Pero la incompetencia de "la patria nueva", que siempre han tratado de ocultar con las consabidas alharacas propagandísticas que ya conocemos, tendría menos repercusiones negativas si sólo quedará en los espectáculos circenses que, de tiempo en tiempo, monta el gobierno de turno, para dizque solucionar las reiteradas crisis de las que son los únicos causantes. Aunque tengamos que esperar los dos años que faltan para las próximas elecciones, en ellas tendremos el instrumento para castigar su irresponsabilidad. Pero lo que debe preocuparnos ahora, es que la fanfarria con que los gobernantes actuales pretenden esconder su incapacidad, siempre culmina con algún cambio institucional o legal para satisfacer las pretensiones imperiales del inquilino del Palacio de las Garzas.
Como mencioné al comienzo de este comentario, en varias ocasiones hemos alertado contra las pretensiones, abiertas o solapadas, de imponernos un modelo de gobierno dictatorial. Y también, hemos reclamado que los "partidos de oposición" y las organizaciones que hablan en representación de la llamada sociedad civil, asuman su responsabilidad para frenar la tendencia cada vez más marcada de revivir e imponernos las prácticas de la dictadura. Sin embargo, pareciera que, en los 17 años transcurridos desde la caída del régimen militar, hubiéramos perdido la memoria o nuestra capacidad para vislumbrar el peligro que encierran los desmanes y las arbitrariedades con los que, día tras día, nos pone a prueba el régimen de "la patria nueva".
Ya el lobo ha mostrado, y no una sino varias veces, las orejas, los colmillos y las patas peludas. ¿Hasta cuándo esperaremos para reaccionar? ¿O lo haremos cuando sea demasiado tarde?
Para este año tienen planeada la medición de 1, 378 terrenos y se ha involucrado a Colón, Panamá, Veracruz, Arraiján y Chiriquí.
En la provincia de Colón se entregarán 700 certificados de títulos de propiedad.
En Altos de la Torre se tienen que entregar 505 certificados.
Las mediciones realizadas el año pasado, en las que se incluyó el área Oeste tienen una inversión de B/.230 mil.
En Veracruz se legalizarán terrenos con inversión de B/.40 mil.
¿Qué piensa del programa de titulación que adelanta en MIVI en Altos de la Torre?
Marquelda Solís: "Tengo siete años de vivir en Altos de la Torre. Mi casa es de madera, pero una vez obtenga los títulos de propiedad, mi esposo y yo comenzaremos a construir una casa de cemento".
Luz Mosquera: "Desde hace cinco años vivo aquí. Todavía no he recibido el certificado de propiedad porque el día en que el MIVI realizó la reunión yo no me encontraba y no he podido entregar los documentos que se requieren para esto".
Ana de Godoy: "Tengo tres años aquí con mis dos hijas y mi esposo. Me hace falta entregar una carta del trabajo para lograr agilizar los trámites legales".
Pedro Pérez: "Vivo desde hace cinco años en este lugar. Todavía no he entregado los documentos para que el MIVI me conceda el certificado de propiedad del lote de terreno".
Leandro Teucama: "Yo vivo con mi tía aquí en Altos de la Torre. Ella todavía no ha entregado los documentos que se requieren para que nos den los títulos de propiedad".
