Otra vez, algo de historia sobre los puertos
El Estado, como en casi toda inversión comercial, resultó ser un pésimo administrador de nuestros puertos, por lo cual el gobierno de Pérez Balladares decidió privatizarlos inmediatamente después de tomar posesión en 1994.
Las primeras en interesarse en los puertos de Balboa y Cristóbal fueron la japonesa Kawasaki y la norteamericana Bechtel. Esta última desde el principio mostró marcado interés no sólo en los puertos, sino también en el ferrocarril interoceánico, que estaba virtualmente abandonado y representaba pérdidas para el Estado por casi cinco millones de balboas por año, para así crear un "canal seco" paralelo al Canal de Panamá y maximizar el provecho de la posición geográfica del país.
Luego de negociaciones formales con Bechtel, en las cuales inclusive se intercambiaron propuestas específicas, el gobierno decidió invitar a terceros a participar en un "concurso" que no estaba contemplado en ley alguna, con miras a identificar al "mejor postor" para luego negociar. Así fue como regresó Kawasaki y entró Hutchinson.
Por razones que nunca fueron explicadas satisfactoriamente, el gobierno acabó realizando tres actos públicos. Bechtel hizo propuestas en los dos primeros y decidió no hacerlas en el tercero, evidentemente fastidiada por la falta de seriedad del Estado. En el tercer acto, celebrado en junio de 1996, resultó escogida la propuesta de Hutchinson, a través de su empresa Panama Ports Company, mediante la cual asumía compromisos similares a los que ofreció Bechtel en su última propuesta, con dos significativas excepciones: no asumirían la operación del ferrocarril y sólo se comprometerían a invertir B/. 50 millones en cinco años, cuando la Bechtel había ofrecido encargarse del ferrocarril e invertir B/. 560 millones en ese mismo plazo.
La generosidad del gobierno de Mireya Moscoso, por medio de su ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, en reconocerle a Hutchinson los mismos términos y condiciones que obtuvo Evergreen en Coco Solo (la equiparación) es cuestionada precisamente por ese contexto -a saber, un acto público, en el cual un postor que conocía las normas aplicables a Coco Solo, adquiere compromisos que luego pretende modificar.
Las primeras en interesarse en los puertos de Balboa y Cristóbal fueron la japonesa Kawasaki y la norteamericana Bechtel. Esta última desde el principio mostró marcado interés no sólo en los puertos, sino también en el ferrocarril interoceánico, que estaba virtualmente abandonado y representaba pérdidas para el Estado por casi cinco millones de balboas por año, para así crear un "canal seco" paralelo al Canal de Panamá y maximizar el provecho de la posición geográfica del país.
Luego de negociaciones formales con Bechtel, en las cuales inclusive se intercambiaron propuestas específicas, el gobierno decidió invitar a terceros a participar en un "concurso" que no estaba contemplado en ley alguna, con miras a identificar al "mejor postor" para luego negociar. Así fue como regresó Kawasaki y entró Hutchinson.
Por razones que nunca fueron explicadas satisfactoriamente, el gobierno acabó realizando tres actos públicos. Bechtel hizo propuestas en los dos primeros y decidió no hacerlas en el tercero, evidentemente fastidiada por la falta de seriedad del Estado. En el tercer acto, celebrado en junio de 1996, resultó escogida la propuesta de Hutchinson, a través de su empresa Panama Ports Company, mediante la cual asumía compromisos similares a los que ofreció Bechtel en su última propuesta, con dos significativas excepciones: no asumirían la operación del ferrocarril y sólo se comprometerían a invertir B/. 50 millones en cinco años, cuando la Bechtel había ofrecido encargarse del ferrocarril e invertir B/. 560 millones en ese mismo plazo.
La generosidad del gobierno de Mireya Moscoso, por medio de su ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, en reconocerle a Hutchinson los mismos términos y condiciones que obtuvo Evergreen en Coco Solo (la equiparación) es cuestionada precisamente por ese contexto -a saber, un acto público, en el cual un postor que conocía las normas aplicables a Coco Solo, adquiere compromisos que luego pretende modificar.
