Otra vez las partidas circuitales
"Las partidas circuitales" constituyen una de las prácticas más nocivas que tiene nuestro sistema político. Unos señores un buen día, ya en plena democracia, dispusieron que los legisladores debían contar con dinero para hacer algunas obras, según ellos, de carácter social. Se aprovechó un cambio radical de la dictadura a la democracia para introducir muy "maquiavélicamente" este elemento de carácter estrictamente sectario para lograr beneficios políticos. En sus inicios esta práctica contó con modestos recursos, pero poco a poco la medida se fue relajando hasta llegar en un momento a sumas millonarias para un buen número de legisladores.
Ultimamente para evitar pugnas y conflictos internos dentro de la Asamblea Legislativa, sus miembros acordaron poner fin a las discriminaciones y favoritismos en el otorgamiento de las "partidas circuitales" y que cada legislador dispondría de una suma igual para gastarla en la forma que más conviniera a sus intereses políticos personales y que las erogaciones serían debidamente fiscalizadas. Se buscarían -dijeron- equidad y transparencia. En una palabra, se siguió con el mal. Es inaceptable y la ciudadanía, en distintos sondeos de opinión pública, ha condenado esta nociva práctica de los legisladores, que están para hacer leyes y no para hacer obras que corresponden llevarlas a cabo a otros estamentos del Estado. Esos legisladores hacen obras a nombre propio en un afán por lograr un proselitismo partidista y personal. Con estos dineros, cuya cuantía ellos determinan que no son de ellos, pero que disponen de los mismos como si lo fueran, se ha logrado que estos privilegiados puedan perpetuarse en la Asamblea. No pueden ser reemplazados por personas con mayores credenciales y capacidad porque no cuentan éstos con los recursos casi ilimitados que el legislador "vitalicio" tiene.
Un presupuesto nacional del gobierno que no tiene una orientación científica clara, donde los escasos recursos con que contamos no formen parte de un plan general de desarrollo es malgastar el dinero y no cumple con las expectativas de lograr el mejoramiento integral del país. Hay, por supuesto, algunas obras que han hecho los legisladores que pudieran estar muy justificadas, por los beneficios que logran, y que son sus electores -sostienen ellos- quienes les exigen estas contribuciones; pero es el principio lo que está mal mientras no se cambie el ordenamiento institucional existente. Vivimos en un estado de derecho en donde cada sector del Estado tiene funciones muy claras, que regulan todas las actividades de los miembros de la Asamblea Legislativa, de los representantes, los concejales, los alcaldes, etc.
El presupuesto general del Estado puede recoger algunas inquietudes que tengan los legisladores e incluirlas en los gastos de inversiones, pero siempre y cuando ellas estén dentro de un plan coherente e integral que permita lograr los mayores beneficios para las distintas comunidades.
He visto en muchas legislaturas muy buenos representantes del pueblo, como también los ha habido muy malos, hemos tenido excelentes oradores como también muy pobres, pero jamás habíamos presenciado el espectáculo deprimente de hoy. No puedo concebir a diputados de la talla de José Isaac Fábrega, Felipe O. Pérez, Jorge Illueca, Carlos Iván Zúñiga, Diógenes de la Rosa y muchos otros, luchar por dineros para lograr beneficios políticos personales o sectarios. Anteriormente se pensaba más en legislar y no existían las "partidas circuitales" que son tan criticables y condenadas por la mayoría ciudadana.
El panameño ha sido muy paciente en el despilfarro de estos dineros ante la pasividad de los gobiernos y la falta de acción de la Corte Suprema de Justicia contra las "partidas circuitales". Los gobiernos piensan que con las "partidas circuitales" pueden presionar a los legisladores y éstos creen asegurarse sus reelecciones si disponen de una buena suma de dinero para comprar "popularidad" con las inversiones que los beneficien, aunque no sean prioritarias dentro del plan de desarrollo nacional. Por todo lo anterior, soy pesimista de que ese mal, que parece tener raíces cada vez más profundas, pueda corregirse a corto plazo sin un repudio enérgico del electorado y una rebelión de los organismos que, por Constitución y Ley, deben llevar a cabo las actividades que le son propias, que son distintas a las que realizan, usurpando funciones los legisladores con las "partidas circuitales".
Terminado este artículo y ya en la mesa de trabajo de El Panamá América salió el fallo de la Corte Suprema. Este resuelve a medias el asunto. En esencia deja en manos del Organo Ejecutivo seguir alimentando con recursos económicos las "partidas circuitales" o terminarlas al asfixiarlas dejándolas sin fondos disponibles. Tenemos que ver si ahora la gobernante actúa con el criterio de una estadista o, muy por el contrario, si ve una oportunidad para manipular a los legisladores y que todo siga igual. Esperemos a ver.
Ultimamente para evitar pugnas y conflictos internos dentro de la Asamblea Legislativa, sus miembros acordaron poner fin a las discriminaciones y favoritismos en el otorgamiento de las "partidas circuitales" y que cada legislador dispondría de una suma igual para gastarla en la forma que más conviniera a sus intereses políticos personales y que las erogaciones serían debidamente fiscalizadas. Se buscarían -dijeron- equidad y transparencia. En una palabra, se siguió con el mal. Es inaceptable y la ciudadanía, en distintos sondeos de opinión pública, ha condenado esta nociva práctica de los legisladores, que están para hacer leyes y no para hacer obras que corresponden llevarlas a cabo a otros estamentos del Estado. Esos legisladores hacen obras a nombre propio en un afán por lograr un proselitismo partidista y personal. Con estos dineros, cuya cuantía ellos determinan que no son de ellos, pero que disponen de los mismos como si lo fueran, se ha logrado que estos privilegiados puedan perpetuarse en la Asamblea. No pueden ser reemplazados por personas con mayores credenciales y capacidad porque no cuentan éstos con los recursos casi ilimitados que el legislador "vitalicio" tiene.
Un presupuesto nacional del gobierno que no tiene una orientación científica clara, donde los escasos recursos con que contamos no formen parte de un plan general de desarrollo es malgastar el dinero y no cumple con las expectativas de lograr el mejoramiento integral del país. Hay, por supuesto, algunas obras que han hecho los legisladores que pudieran estar muy justificadas, por los beneficios que logran, y que son sus electores -sostienen ellos- quienes les exigen estas contribuciones; pero es el principio lo que está mal mientras no se cambie el ordenamiento institucional existente. Vivimos en un estado de derecho en donde cada sector del Estado tiene funciones muy claras, que regulan todas las actividades de los miembros de la Asamblea Legislativa, de los representantes, los concejales, los alcaldes, etc.
El presupuesto general del Estado puede recoger algunas inquietudes que tengan los legisladores e incluirlas en los gastos de inversiones, pero siempre y cuando ellas estén dentro de un plan coherente e integral que permita lograr los mayores beneficios para las distintas comunidades.
He visto en muchas legislaturas muy buenos representantes del pueblo, como también los ha habido muy malos, hemos tenido excelentes oradores como también muy pobres, pero jamás habíamos presenciado el espectáculo deprimente de hoy. No puedo concebir a diputados de la talla de José Isaac Fábrega, Felipe O. Pérez, Jorge Illueca, Carlos Iván Zúñiga, Diógenes de la Rosa y muchos otros, luchar por dineros para lograr beneficios políticos personales o sectarios. Anteriormente se pensaba más en legislar y no existían las "partidas circuitales" que son tan criticables y condenadas por la mayoría ciudadana.
El panameño ha sido muy paciente en el despilfarro de estos dineros ante la pasividad de los gobiernos y la falta de acción de la Corte Suprema de Justicia contra las "partidas circuitales". Los gobiernos piensan que con las "partidas circuitales" pueden presionar a los legisladores y éstos creen asegurarse sus reelecciones si disponen de una buena suma de dinero para comprar "popularidad" con las inversiones que los beneficien, aunque no sean prioritarias dentro del plan de desarrollo nacional. Por todo lo anterior, soy pesimista de que ese mal, que parece tener raíces cada vez más profundas, pueda corregirse a corto plazo sin un repudio enérgico del electorado y una rebelión de los organismos que, por Constitución y Ley, deben llevar a cabo las actividades que le son propias, que son distintas a las que realizan, usurpando funciones los legisladores con las "partidas circuitales".
Terminado este artículo y ya en la mesa de trabajo de El Panamá América salió el fallo de la Corte Suprema. Este resuelve a medias el asunto. En esencia deja en manos del Organo Ejecutivo seguir alimentando con recursos económicos las "partidas circuitales" o terminarlas al asfixiarlas dejándolas sin fondos disponibles. Tenemos que ver si ahora la gobernante actúa con el criterio de una estadista o, muy por el contrario, si ve una oportunidad para manipular a los legisladores y que todo siga igual. Esperemos a ver.
