Otro atentado contra la seguridad jurídica
Eso es la inclusión de un artículo que establece que los cambios de uso de suelo en las áreas revertidas establecidos en la Ley 12 de febrero de 2007 son de interés social y, por ello, tienen efecto retroactivo.
El rol protagónico que le asiste al Estado para garantizar que lo que se conoce, o se puede conocer, y está previsto como prohibido, ordenado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno; constituye uno de los principales baluartes del Estado moderno: la seguridad jurídica; pues resume en esencia el carácter de responsabilidad y equidad que éste (el Estado), como ente supra individual, debe ostentar sin ningún tipo de discriminación sobre sus asociados, quienes son realmente los que le atribuyen dicho poder.
La aprobación reciente de una norma jurídica que contemplaba normativas de apoyo al consumidor, las cuales pretendían reducir la carga impositiva del ciudadano común, se transformó intempestivamente en una cobarde estocada que no sólo amenaza el buen uso y la conservación de los espacios verdes que tradicionalmente han constituido una zona de amortiguamiento para la cuenca hidrográfica del Canal; sino que además riñe y trastoca con vehemencia uno de los pilares que en la mayoría de los ordenamientos legales; sin exceptuar al nuestro, ejemplifica la seguridad jurídica: El Principio de Irretroactividad de las Leyes.
"Desde la más profunda oscuridad, como la de aquel que se sumerge en un frasco de tinta", los artífices de la legislación nacional continúan a paso arrollador su desaforada carrera contra reloj, donde al parecer la meta ofrece galardonar a los más curtidos mercaderes del erario; sin hacer reparo de los trastornos y consecuencias que se desprendan de la instauración de su preconcebido modelo de economía sicarial; el cual ahora pretenden camuflar bajo la denominación de "Proyectos de Interés Social". ¿Dónde está la seguridad jurídica de los bienes de todos y cada uno de los panameños? ¿O acaso este precepto es exclusivo de las empresas transnacionales que nacieron de la oleada de privatizaciones que nos azotó durante la década pasada y sólo existe como un instrumento de garantía para perpetuar sus perniciosos efectos?
Señores Diputados: su avezada inclinación por faltar a sabiendas o por ignorancia inexcusable a las obligaciones y deberes de su cargo, agregan un eslabón más a la cadena de desprestigios que arrastra una clase política sumida en la ignominia y atrapada en una investidura de honorables: un apelativo que a la gran mayoría le queda grande.
Ante estas circunstancias, haciendo exclusión de los intereses creados que con reiterada frecuencia pernoctan y acosan las justas reclamaciones de una mayoría significativa que con meridiana claridad han decidido empuñar la bandera de una lucha por el respeto a la dignidad y las reglas del juego ya establecidas; invoco el sentido común de nuestra gente, la defensa del medio ambiente, la promoción y supervisión de un desarrollo sostenible; pero, por encima de eso, apelo a la legitimidad e independencia de criterios que deben reinar en los ?"rganos del Estado.
Señores Magistrados: En sus manos está rubricar una lapidaria sentencia proferida contra la integridad de nuestro ordenamiento jurídico o bien, en estricto apego al derecho y sin ningún tipo de inhibiciones, dejar sentado ante la faz del país que aquí la justicia impera por encima de las pretensiones particulares de quienes desconocen el clamor y la voluntad popular.
¡Ustedes deciden!
