Otro enfrentamiento
Una vez más los líderes de gremios magisteriales y las autoridades del Ministerio de Educación se enfrentan en un debate relacionado con cambios dentro del proceso de modernización que ha venido implementándose con la actual administración. Esta vez se trata de un nuevo sistema de evaluación que fue aprobado mediante decreto sustituyendo la calificación numérica por una literal, y modificando el valor relativo de los exámenes finales en la nota correspondiente.
Según las denuncias de los educadores, el nuevo sistema tiene virtudes y defectos de fondo. Por una parte se disminuye la importancia de la prueba final permitiendo una evaluación más justa del rendimiento del estudiante a lo largo del año; pero por la otra esta nueva escala supone un ajuste de notas que aumentaría el número de fracasos.
Sin embargo, la oposición principal al cambio no está fundamentada en el fondo de la medida, sino en la forma que se utilizó para implementarlo. Los educadores y padres de familia alegan con sobrada razón que al cambiar las normas de evaluación después de terminado el primer bimestre se provoca una confusión general generadora de injusticias y errores. Además el ajuste no ha sido discutido ampliamente con los maestros y profesores que serán los encargados de aplicarlo, ni con los padres de familia que son los responsables de interpretarlo.
Es cierto que existe un retraso en la aplicación de las medidas necesarias para lograr que nuestra educación mejore su calidad; pero no es menos cierto que imponerlos de manera drástica en medio de un año escolar, y sin haber realizado el proceso de adaptación adecuado, puede traer graves consecuencias para los estudiantes y sus padres de familia. Las autoridades deben entender que no existe solución rápida cuando se trata de resolver un problema en el área de la educación.
Los cambios en materia educativa deben ser ampliamente consultados, especialmente con los educadores, y programados con la debida anticipación. Hay que recordar que estamos tratando con la formación de una nueva generación, y que los errores en esta materia son muy costosos para la sociedad en general porque ponen en peligro nuestras esperanzas de un futuro mejor.
Según las denuncias de los educadores, el nuevo sistema tiene virtudes y defectos de fondo. Por una parte se disminuye la importancia de la prueba final permitiendo una evaluación más justa del rendimiento del estudiante a lo largo del año; pero por la otra esta nueva escala supone un ajuste de notas que aumentaría el número de fracasos.
Sin embargo, la oposición principal al cambio no está fundamentada en el fondo de la medida, sino en la forma que se utilizó para implementarlo. Los educadores y padres de familia alegan con sobrada razón que al cambiar las normas de evaluación después de terminado el primer bimestre se provoca una confusión general generadora de injusticias y errores. Además el ajuste no ha sido discutido ampliamente con los maestros y profesores que serán los encargados de aplicarlo, ni con los padres de familia que son los responsables de interpretarlo.
Es cierto que existe un retraso en la aplicación de las medidas necesarias para lograr que nuestra educación mejore su calidad; pero no es menos cierto que imponerlos de manera drástica en medio de un año escolar, y sin haber realizado el proceso de adaptación adecuado, puede traer graves consecuencias para los estudiantes y sus padres de familia. Las autoridades deben entender que no existe solución rápida cuando se trata de resolver un problema en el área de la educación.
Los cambios en materia educativa deben ser ampliamente consultados, especialmente con los educadores, y programados con la debida anticipación. Hay que recordar que estamos tratando con la formación de una nueva generación, y que los errores en esta materia son muy costosos para la sociedad en general porque ponen en peligro nuestras esperanzas de un futuro mejor.
