Otro escándalo
Un escándalo de grandes proporciones pareciera surgir nuevamente en el gobierno, esta vez en el Organo Ejecutivo. Nos estamos refiriendo específicamente a la exoneración billonaria que Panamá Ports Company ha sido objeto mediante Resolución N° 14 del 13 de mayo de 2002, emitida por el Ministro de Comercio e Industrias. Los políticos se quejan de la pluma de los periodistas y abogan por su restricción, pero a decir verdad hay que tenerle terror a la de los ministros de Estado que, sin parpadear, proceden a refrendar o a resolver asuntos en menoscabo del país.
Dicen que el papel aguanta todo cuanto se ponga en él, pero ciertamente Panamá rebasa ese poder de resistencia porque todavía no hemos salido del caso del CEMI cuando nuevamente estamos inmersos en otro caso que, por lo que se ha dado a conocer en los medios, reviste parecidas características.
Primeramente debo indicar que si un ministro de Estado no conoce el orden jerárquico de las leyes, no merece desempeñar el cargo por crasa ignorancia. No acabo de entender cómo es posible que un ministro de Estado no conozca que un Contrato Ley, para ser modificado, requiere necesariamente de una ley. ¿Qué papel desempeña la Dirección Jurídica del Ministerio de Comercio e Industria que no pudo observar al aludido Ministro el impedimento de modificar el Contrato Ley de Panamá Port Company mediante una resolución? ¿Será acaso posible que el aludido Ministro o la Dirección Jurídica del Ministerio de Comercio e Industrias nunca han escuchado hablar de la Pirámide Jerárquica de Kelsen que establece la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico y que instaura que la trasgresión de una norma de inferior jerarquía a una superior, constituye un quebrantamiento al fundamento constitucional de la jerarquización de las normas, y por ende deviene en una norma legal inconstitucional?
En segundo lugar, constituye un acto de deshonestidad liberar, después de adjudicada la licitación pública, el cumplimiento de las obligaciones de pago adquiridas por el favorecido del acto público y sobre todo cuando, como es el caso que nos ocupa, la compañía que ganaba era la que más aportara al fisco nacional. No puede ser que después de la adjudicación a Panamá Port Company, ahora, con fundamento en una muy particular interpretación del Ministro de Comercio e Industrias de la Ley 12 del 3 de enero de 1996, que establece textualmente en su artículo 2° que "a partir de la promulgación de la presente ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación, que antes de la vigencia de la misma se hayan dedicado, o las que se dediquen en el futuro a la construcción, al desarrollo y a la administración de terminales de contenedores tendrán derecho a acogerse a los mismos términos y condiciones no menos favorables, a los mismos beneficios", el susodicho Ministro de Estado pretenda derogar la cláusula 2.3.1 del contrato mediante la que Panamá Port Company se obliga a pagar la anualidad de 22.2 millones de dólares al Estado panameño y la cláusula 2.3.2 que establece el pago de una anualidad variable correspondiente al 10% de los ingresos de la empresa.
111Panamá Port Company desea embobarnos con el cuento de que invertirá en el Puerto de Balboa 200 millones de dólares...
Además de inconstitucional, por las razones que ya hemos visto, la equiparación que aduce el Ministro de Comercio e Industrias no procede puesto a que la situación de Panamá Port Company es totalmente diferente al resto de las empresas que se dedican a la construcción, al desarrollo y a la administración de terminales de contenedores. El ex Presidente Pérez Balladares, que bajo su período fue adjudicada la licitación en cuestión, indica que si de equiparación se trata habría que solicitarle más bien a la Mataznillo International Terminal (MIT) y a la Colón Container Terminal (CCT) que concedan al Estado el 10% de sus acciones, como ocurre en el caso de Panamá Port Company (PPC) y si en todo caso las condiciones imperantes son tan onerosas, como alega PPC, y se han arrepentido de haber ganado la licitación pública, deben entonces solicitar al Gobierno Nacional rescindir el contrato firmado para que Panamá vuelva a someter a licitación el manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Las condiciones de los contratos firmados por las empresas que se dedican al negocio portuario son distintos porque se deben a situaciones diferentes como son la adquisición por parte de Panamá Port Company de dos puertos funcionando ( uno en el Atlántico y otro en el Pacífico), cuyas infraestructuras generaban al Estado panameño nueve millones de dólares, antes de ser privatizada; la existencia de astilleros que efectúan pagos por arriendo a Panamá Port Company; el no pago de contraprestación adicional por el otorgamiento a Panamá Port Company de la opción de desarrollo, construcción u operación, administración y dirección de las áreas e instalaciones de Diablo e isla Telfers durante los primeros 15 años y muchas otras ventajas. Panamá Port Company (PPC) paga más que Mataznillo International Terminal (MIT) y que la Colón Container Terminal (CCT), sencillamente porque adquirió más ventajas.
Panamá Port Company desea embobarnos con el cuento de que invertirá en el Puerto de Balboa 200 millones de dólares (una nimiedad con lo que pretenden ahorrarse con la reclamada equiparación), que según ellos originará la creación de centenas de plazas de trabajo y con un impacto fiscal de decenas de millones de dólares. La referida inversión indudablemente, si la van a hacer, es porque es conveniente a sus intereses económicos y no por la cara bonita de los panameños. ¡Que hagan la aludida inversión!, no hay ningún problema, pero que la hagan con dinero propio y no con la renta que deben pagar a Panamá. No entendemos por qué tenemos los panameños que costear a Panamá Port Company dicha inversión.
Extraña sobremanera el silencio que ha guardado la Presidenta de la República, como si no le atañera lo acontecido. La Primera Mandataria debe comprender que además de un grave perjuicio al erario público estamos frente a la intromisión del Organo Ejecutivo en las funciones del Legislativo, amén de la pobrísima imagen que transmitirá el Gobierno Nacional a la comunidad internacional en cuanto a su probidad, lo que contribuirá a incrementar la deplorable percepción que muchos tienen de Panamá y que nos señalan como un país de tramposos.
Dicen que el papel aguanta todo cuanto se ponga en él, pero ciertamente Panamá rebasa ese poder de resistencia porque todavía no hemos salido del caso del CEMI cuando nuevamente estamos inmersos en otro caso que, por lo que se ha dado a conocer en los medios, reviste parecidas características.
Primeramente debo indicar que si un ministro de Estado no conoce el orden jerárquico de las leyes, no merece desempeñar el cargo por crasa ignorancia. No acabo de entender cómo es posible que un ministro de Estado no conozca que un Contrato Ley, para ser modificado, requiere necesariamente de una ley. ¿Qué papel desempeña la Dirección Jurídica del Ministerio de Comercio e Industria que no pudo observar al aludido Ministro el impedimento de modificar el Contrato Ley de Panamá Port Company mediante una resolución? ¿Será acaso posible que el aludido Ministro o la Dirección Jurídica del Ministerio de Comercio e Industrias nunca han escuchado hablar de la Pirámide Jerárquica de Kelsen que establece la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico y que instaura que la trasgresión de una norma de inferior jerarquía a una superior, constituye un quebrantamiento al fundamento constitucional de la jerarquización de las normas, y por ende deviene en una norma legal inconstitucional?
En segundo lugar, constituye un acto de deshonestidad liberar, después de adjudicada la licitación pública, el cumplimiento de las obligaciones de pago adquiridas por el favorecido del acto público y sobre todo cuando, como es el caso que nos ocupa, la compañía que ganaba era la que más aportara al fisco nacional. No puede ser que después de la adjudicación a Panamá Port Company, ahora, con fundamento en una muy particular interpretación del Ministro de Comercio e Industrias de la Ley 12 del 3 de enero de 1996, que establece textualmente en su artículo 2° que "a partir de la promulgación de la presente ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación, que antes de la vigencia de la misma se hayan dedicado, o las que se dediquen en el futuro a la construcción, al desarrollo y a la administración de terminales de contenedores tendrán derecho a acogerse a los mismos términos y condiciones no menos favorables, a los mismos beneficios", el susodicho Ministro de Estado pretenda derogar la cláusula 2.3.1 del contrato mediante la que Panamá Port Company se obliga a pagar la anualidad de 22.2 millones de dólares al Estado panameño y la cláusula 2.3.2 que establece el pago de una anualidad variable correspondiente al 10% de los ingresos de la empresa.
111Panamá Port Company desea embobarnos con el cuento de que invertirá en el Puerto de Balboa 200 millones de dólares...
Además de inconstitucional, por las razones que ya hemos visto, la equiparación que aduce el Ministro de Comercio e Industrias no procede puesto a que la situación de Panamá Port Company es totalmente diferente al resto de las empresas que se dedican a la construcción, al desarrollo y a la administración de terminales de contenedores. El ex Presidente Pérez Balladares, que bajo su período fue adjudicada la licitación en cuestión, indica que si de equiparación se trata habría que solicitarle más bien a la Mataznillo International Terminal (MIT) y a la Colón Container Terminal (CCT) que concedan al Estado el 10% de sus acciones, como ocurre en el caso de Panamá Port Company (PPC) y si en todo caso las condiciones imperantes son tan onerosas, como alega PPC, y se han arrepentido de haber ganado la licitación pública, deben entonces solicitar al Gobierno Nacional rescindir el contrato firmado para que Panamá vuelva a someter a licitación el manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Las condiciones de los contratos firmados por las empresas que se dedican al negocio portuario son distintos porque se deben a situaciones diferentes como son la adquisición por parte de Panamá Port Company de dos puertos funcionando ( uno en el Atlántico y otro en el Pacífico), cuyas infraestructuras generaban al Estado panameño nueve millones de dólares, antes de ser privatizada; la existencia de astilleros que efectúan pagos por arriendo a Panamá Port Company; el no pago de contraprestación adicional por el otorgamiento a Panamá Port Company de la opción de desarrollo, construcción u operación, administración y dirección de las áreas e instalaciones de Diablo e isla Telfers durante los primeros 15 años y muchas otras ventajas. Panamá Port Company (PPC) paga más que Mataznillo International Terminal (MIT) y que la Colón Container Terminal (CCT), sencillamente porque adquirió más ventajas.
Panamá Port Company desea embobarnos con el cuento de que invertirá en el Puerto de Balboa 200 millones de dólares (una nimiedad con lo que pretenden ahorrarse con la reclamada equiparación), que según ellos originará la creación de centenas de plazas de trabajo y con un impacto fiscal de decenas de millones de dólares. La referida inversión indudablemente, si la van a hacer, es porque es conveniente a sus intereses económicos y no por la cara bonita de los panameños. ¡Que hagan la aludida inversión!, no hay ningún problema, pero que la hagan con dinero propio y no con la renta que deben pagar a Panamá. No entendemos por qué tenemos los panameños que costear a Panamá Port Company dicha inversión.
Extraña sobremanera el silencio que ha guardado la Presidenta de la República, como si no le atañera lo acontecido. La Primera Mandataria debe comprender que además de un grave perjuicio al erario público estamos frente a la intromisión del Organo Ejecutivo en las funciones del Legislativo, amén de la pobrísima imagen que transmitirá el Gobierno Nacional a la comunidad internacional en cuanto a su probidad, lo que contribuirá a incrementar la deplorable percepción que muchos tienen de Panamá y que nos señalan como un país de tramposos.
