Otro informe sobre corrupción
Mientras el Gobierno Nacional y las autoridades judiciales continúan negándolo, en el extranjero, respetables organismos privados y gubernamentales continúan lloviendo informes que recogen la desastrosa situación que en materia de corrupción padecemos.
Hace poco, Transparencia Internacional ubicó a Panamá entre los ocho países con mayor corrupción política de entre más de un centenar estudiados. Semanas atrás, un informe anual del Departamento de Estado norteamericano rendido ante el Congreso, reiteró los mismos males, enfatizando en el aparato judicial.
En esta oportunidad, nuestra corresponsal en Washington, Jilma Prada, nos habla del reporte anual de 2004 de Barreras Extranjeras, preparado por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), que a diferencia de informes de otras entidades, no había antes mencionado a Panamá negativamente.
Pues bien, decíamos que en el último reporte de la USTR figura Panamá como un país que, pese a sus virtudes, padece de aguda corrupción "no sólo en el sistema judicial, sino también a nivel de los municipios". El mal, dice el informe, "es el principal problema que encuentran los inversionistas norteamericanos en el istmo panameño", destacándose la "falta de independencia de los jueces ante las influencias políticas". Se anticipa que el problema se hará presente dentro de las negociaciones de un tratado de libre comercio que ambos países iniciarán el 26 de abril próximo.
En esta ocasión, tampoco podemos acusar a la USTR de sesgada. Su informe recoge información procedente de los departamentos de comercio, agricultura, de diversas agencias de Estados Unidos, su embajada local y opiniones del sector privado manifestadas a través de comités de comercio. La fuente del estudio es inobjetable.
¿Por qué recalcar sobre estos informes? Porque todavía hay gente que no cree en la magnitud del problema. Y sin una convicción de su existencia y gravedad es imposible emprender con determinación la decisión de enmendarlo.
Hace poco, Transparencia Internacional ubicó a Panamá entre los ocho países con mayor corrupción política de entre más de un centenar estudiados. Semanas atrás, un informe anual del Departamento de Estado norteamericano rendido ante el Congreso, reiteró los mismos males, enfatizando en el aparato judicial.
En esta oportunidad, nuestra corresponsal en Washington, Jilma Prada, nos habla del reporte anual de 2004 de Barreras Extranjeras, preparado por la Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), que a diferencia de informes de otras entidades, no había antes mencionado a Panamá negativamente.
Pues bien, decíamos que en el último reporte de la USTR figura Panamá como un país que, pese a sus virtudes, padece de aguda corrupción "no sólo en el sistema judicial, sino también a nivel de los municipios". El mal, dice el informe, "es el principal problema que encuentran los inversionistas norteamericanos en el istmo panameño", destacándose la "falta de independencia de los jueces ante las influencias políticas". Se anticipa que el problema se hará presente dentro de las negociaciones de un tratado de libre comercio que ambos países iniciarán el 26 de abril próximo.
En esta ocasión, tampoco podemos acusar a la USTR de sesgada. Su informe recoge información procedente de los departamentos de comercio, agricultura, de diversas agencias de Estados Unidos, su embajada local y opiniones del sector privado manifestadas a través de comités de comercio. La fuente del estudio es inobjetable.
¿Por qué recalcar sobre estos informes? Porque todavía hay gente que no cree en la magnitud del problema. Y sin una convicción de su existencia y gravedad es imposible emprender con determinación la decisión de enmendarlo.
