Pacto Etico Electoral
En medio de las denuncias por la ilegal utilización política de los recursos estatales y del fraccionado desgarramiento que agita las elecciones primarias del arnulfismo, el Pacto Etico Electoral debiera surtir el efecto del aceite sobre las aguas. Evidentemente se ha ido demasiado lejos en los ataques personales, en los adjetivos subidos de color, en las denuncias sensacionalistas. Nos falta educación democrática. No se distingue entre competidores y enemigos. Brillan por su ausencia la ecuanimidad y la sindéresis. Por ello es de esperar que el pacto no se convierta en letra muerta, a partir de su suscripción por las toldas políticas.
Contemplando el panorama electoral, nos percatamos que el concepto de ética electoral que sustenta el pacto, quizás es insuficiente y que debe ser reconsiderado y profundizado de manera cabal. Es necesario el uso de un lenguaje ponderado y respetuoso en la lid electoral. Pero el concepto de ética electoral debe ir más allá del estilo de la oratoria y la publicidad, entre otros aspectos. La ética electoral profunda exige que los partidos políticos compitan de igua a igual, sin la intervención unilateral de los poderes del Estado en favor de los candidatos oficialistas. Mientras la balanza se incline en beneficio de los aspirantes del régimen, resulte dudoso admitir la vigencia de ética electoral.
La reelección presidencial inmediata impulsada desde la cúspide de los poderes estatales, con apoyo de ministros y el clientelismo burocrático, indudablemente, menoscaba el imperio de la ética electoral, en su sentido auténtico. Desde el principio advirtieron connotados constitucionalistas que la derogatoria del artículo que prohibe la reelección presidencial inmediata tiene un vicio de origen porque no se debe legislar en función de personas sino de instituciones y la modificación de la Carta Política tiene nombre propio, como saben todos los panameños.
El desequilibrio empieza allí, en la fuente del poder político, en la combinación del Ejecutivo y el Legislativo, para establecer una desigualdad que perturba la existencia de ética electoral. Se podría al menos atenuar el desequilibrio si el Presidente de la República abandonara el cargo para disipar sospechas de uso de los recursos estatales. Pero, como el Código Electoral no ha previsto expresamente la figura de la separación del poder de un candidato presidencial, sólo la voluntad democrática podría resolver el dilema.
Por otro lado, el Código Electoral restringe el uso de recursos gubernamentales en campañas políticas. No obstante ello, la fiscalía electoral a cargo de un funcionario ligado al pasado militar no muestra operatividad en las denuncias presentadas. Bajo esa realidad tengamos presentes hasta dónde llegan las fronteras del Pacto Etico Electoral, inspirado en ideales nobles, pero ineficaz por el proyecto reeleccionista.
Contemplando el panorama electoral, nos percatamos que el concepto de ética electoral que sustenta el pacto, quizás es insuficiente y que debe ser reconsiderado y profundizado de manera cabal. Es necesario el uso de un lenguaje ponderado y respetuoso en la lid electoral. Pero el concepto de ética electoral debe ir más allá del estilo de la oratoria y la publicidad, entre otros aspectos. La ética electoral profunda exige que los partidos políticos compitan de igua a igual, sin la intervención unilateral de los poderes del Estado en favor de los candidatos oficialistas. Mientras la balanza se incline en beneficio de los aspirantes del régimen, resulte dudoso admitir la vigencia de ética electoral.
La reelección presidencial inmediata impulsada desde la cúspide de los poderes estatales, con apoyo de ministros y el clientelismo burocrático, indudablemente, menoscaba el imperio de la ética electoral, en su sentido auténtico. Desde el principio advirtieron connotados constitucionalistas que la derogatoria del artículo que prohibe la reelección presidencial inmediata tiene un vicio de origen porque no se debe legislar en función de personas sino de instituciones y la modificación de la Carta Política tiene nombre propio, como saben todos los panameños.
El desequilibrio empieza allí, en la fuente del poder político, en la combinación del Ejecutivo y el Legislativo, para establecer una desigualdad que perturba la existencia de ética electoral. Se podría al menos atenuar el desequilibrio si el Presidente de la República abandonara el cargo para disipar sospechas de uso de los recursos estatales. Pero, como el Código Electoral no ha previsto expresamente la figura de la separación del poder de un candidato presidencial, sólo la voluntad democrática podría resolver el dilema.
Por otro lado, el Código Electoral restringe el uso de recursos gubernamentales en campañas políticas. No obstante ello, la fiscalía electoral a cargo de un funcionario ligado al pasado militar no muestra operatividad en las denuncias presentadas. Bajo esa realidad tengamos presentes hasta dónde llegan las fronteras del Pacto Etico Electoral, inspirado en ideales nobles, pero ineficaz por el proyecto reeleccionista.
