País mojado
Quinientos millones de personas en el mundo sufren la escasez casi total de agua potable, y si las cosas van como van la cifra se incrementará cinco veces más en la próxima década, lo que quiere decir que una de cada tres personas estarán afectadas por esta situación, en especial, los subdesarrollados. Aunque Panamá es el segundo país, después de Nicaragua, con mayor disponibilidad hídrica de Centroamérica, actualmente el 11% de la población carece del servicio de agua potable, y entre 27% y 35% de las personas les llega el vital líquido de forma irregular.
Las mayores amenazas al acceso al agua potable son la degradación/depredación ambiental y la globalización corporativa. La primera, a través de la deforestación y la desertificación; y la segunda, mediante la privatización del agua como fenómeno progresivo y exportado agresivamente con argumentos falaces de la liberalización del comercio, desarrollo económico y disminución de la deuda.
Ecuador ha dado un paso importante en la dirección correcta al aprobar la Asamblea Nacional Constituyente varios artículos en torno a los recursos hídricos, como estos tres principios: 1. El agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público, por lo tanto, se prohíbe toda forma de apropiación privada. 2. El derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable. 3. La gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria; dando así un alto a quienes pretendían convertir el agua en una mercancía.
También otorgan prioridad al riego que garantice la seguridad alimentaria y un conjunto de medidas transitorias como la formulación inmediata de una nueva ley de recursos hídricos que regulará los permisos de uso y aprovechamiento actuales y futuros del agua, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y auditoría, para asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio, quedando pendiente la elaboración de esta ley de manera amplia y participativa, pues debe establecer los mecanismos para terminar con la inequidad y el abuso en el reparto y uso del agua.
Realizarán una auditoría a las empresas privadas que prestan servicios relacionados con el agua realizada cuando entre en vigencia la nueva Constitución. Los resultados permitirán redefinir o terminar los contratos con estas empresas, quedando pendiente la formulación de los términos de esa auditoría, la vigilancia de su proceso, y la formulación de mecanismos para garantizar participación ciudadana en los organismos de gestión del agua.
Como señalan Dennis García y Juan Martínes de la sociedad civil, "Todos quienes nos hemos comprometido con el agua, hemos logrado "mojar" la nueva Constitución. Pero el trabajo no ha terminado, tenemos aún grandes tareas pendientes y debemos estar atentos al trabajo que realicen los miembros de la comisión de redacción de la nueva Constitución. Este es sólo un primer paso. Quedan aún muchos que dar para garantizar que lo que se ha logrado plasmar en la Constitución no sea letra muerta".
En Panamá deberíamos "mojar" no sólo la Constitución y las leyes, sino las políticas públicas, las propuestas electorales, las agendas de debate, los actores sociales, políticos y económicos de toda la sociedad, pues el tema del agua es clave en el presente y futuro de Panamá.
raulleisr@hotmail.com
